Por: Francisco Javier Álvarez García*
Honduras acaba de iniciar el camino a la Dictadura, también, en lo que se refiere a la legislación penal. Lo hace, además, con una justificación tan chapucera como la que sirvió de argumentación a la Sentencia que consagró la reelección del presidente de la República: decir, a estas alturas, que, como consecuencia del empeño en potenciar la inversión, tanto nacional como extranjera, se derogan los preceptos referidos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es lo mismo que decir que para disminuir las muertes violentas se derogan los delitos de homicidio y asesinato. En realidad, lo que se ha efectuado con la reforma del Código Penal es, además de pagar favores, consagrar la absoluta impunidad en materia fiscal, de lavado, y un largo etcétera, de las empresas y organizaciones en general que actúan en el círculo delictivo.
Ningún país, ninguno, en el mundo, y desde luego en América, que haya introducido la responsabilidad de las empresas se ha vuelto atrás de esa resolución; es más: constantemente se suman legislaciones nacionales que incorporan la responsabilidad de las empresas. Ello es así por una razón muy sencilla: desde hace ya muchos años los agentes principales en el mercado no son las personas físicas, sino las jurídicas, por ello en todos los países civilizados se ha ido introduciendo, desde hace ya tiempo, aquel tipo de responsabilidad para regular la actividad criminal de esas empresas.
Es cierto que desde el mismo momento en que se iniciaron los trabajos para elaborar un nuevo Código Penal la patronal empresarial de Honduras estuvo en contra de instaurar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y está claro el por qué: querían impunidad en sus actividades, estar al margen del Ordenamiento, regirse exclusivamente por sus propias reglas. Pues bien, las empresas han doblegado al Congreso y han impuesto “su ley”. ¿Estaba el Código Penal en contra de las empresas o de la inversión? No. Estaba en contra de los delincuentes individuales, y también de las empresas delincuentes, no de las que actúan lícitamente en el mercado. Pero después de esta reforma el Código Penal va a proteger a esos delincuentes, es decir: a las empresas que actúan en el campo delictivo. Si alguien tenía dudas de cuáles son los intereses que se defienden por los poderes públicos hondureños ahora ya lo tiene claro. No son los de los ciudadanos sino los de los delincuentes.
Pero lo que ha sucedido con las personas jurídicas ocurre, así mismo, con el lavado. Lo ha denunciado ya el Ministerio Público y se hace evidente con sólo comparar la legislación sobre la materia anterior y posterior a la reforma; y, sobre todo: comprobando cómo con las modificaciones introducidas se atan, aún más, las manos a los Fiscales de la Acusación Pública. Es evidente: el Pacto de Impunidad sigue en marcha.
Llamativa resulta también la nueva regulación sobre trata de seres humanos, con la que se favorece, directamente, a las organizaciones criminales al dificultar la acción de los operadores jurídicos. En efecto, han convertido el precepto en algo farragoso, casuístico, inabarcable, alejándose de la doctrina de los tribunales regionales. En este sentido me permito recomendar una lectura que posibilitará a cualquiera entender por qué se ha empeorado notablemente en la regulación penal de la trata: el magnífico informe de la Relatora Especial de la ONU en materia de trata, de 17 de julio de 2020.
La reforma trae, también, muy malas noticias para la libertad de expresión (por la ampliación del ámbito de la autoría), para la persecución de los crímenes de lesa humanidad, para las víctimas de la usura, para los campesinos pobres, para…todos los que no están sentados obscenamente en la “mesa del poder”. A veces la reforma viene con un grosero “maquillaje”, pero siempre con un considerable empeoramiento de la legislación penal -por razones técnicas o de política criminal- que, con esta reforma, se hace cada vez más difícil de aplicar…mientras se incrementa la impunidad y se empeoran las condiciones ciudadanas.
Pero que nadie se engañe: más allá de otros objetivos, que los hay, el “dedo” se ha puesto, fundamentalmente, en la impunidad de empresas, compañías y corporaciones.
Resulta evidente, no es Honduras un país para ciudadanos sino para cómplices, y por ello con esta reforma se ha lanzado un claro grito: “barra libre” a la delincuencia empresarial…mientras miles de hondureños tienen que partir en condiciones miserables a la búsqueda de algún futuro fuera de Honduras.
*Catedrático de Derecho Penal, Universidad Carlos III de Madrid y Consultor Internacional para el Código Penal de Honduras
