Por: Emy Padilla
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Tegucigalpa.-La angustia, la desesperanza, el miedo y otros sentimientos de dolor las obligan a huir. No saben si regresarán, o peor aún, no saben si lo harán con vida o si su destino final será un cementerio.
No es una alarma, es la realidad a la que se enfrentan miles de mujeres en Honduras que se ven obligadas a desplazarse internamente o a migrar a otras naciones como una opción para salvar sus vidas.
La única salida es esconderse de sus agresores, ya que si son descubiertas, el peligro de perder la vida es aún mayor. Mirian, vivía en Tegucigalpa, se enamoró de un hombre que le prometió respetarla, amarla y sobre todo acompañarla en las buenas y en las malas. Sin embargo, nunca se imaginó que ese miembro de la Mara Salvatrucha (MS) iba a ser su tragedia. Inmediatamente que comenzó a convivir con él, comenzó a golpearla físicamente y a herir sus sentimientos. Posteriormente, la justicia le pasó factura a su agresor, no por maltratarla a ella, sino por otros crímenes que había cometido.
Miriam se sintió aliviada y pensó que su triste historia había terminado. Fue así como decidió irse hacia a España, migró de manera irregular a este país europeo, donde al poco tiempo recibió una llamada desde el centro penal donde se encontraba su verdugo. Era él que la llamaba para exigirle que se regresara a Honduras y lo fuera a visitar al centro penal, de lo contrario—le advirtió—iba a mandar a matar a sus dos hijas que ella había dejado en Tegucigalpa y que antes de conocerlo había procreado de una relación anterior.
Mirian decidió venirse a Honduras, y con el poco dinero que traía montó un negocio de ropa usada, pero nunca imaginó que su desventura se iba a complicar, dado que a los pocos días apareció nuevamente el hombre que le estaba causando daño y esta vez, además, de exigirle le hiciera visitas conyugales a la cárcel, le demandó una pensión semanal.
Siguió trabajando duramente en su negocio y cumpliendo con su obligación de llevarle el dinero y a cambio recibía agresiones físicas y sexuales dentro de la prisión, ante la mirada complaciente de los custodios que nunca la auxiliaban. Un día de los tantos, Mirian fue salvajemente golpeada e incluso su vida estuvo en alto riesgo. Fue mediante ese episodio que el director del centro penal, en vez de reportar el hecho violento a la justicia, le prohibió su visita conyugal. Algo que puede sonar incongruente ante los ojos de cualquier persona, pero esto fue celebrado por Mirian porque ya no tenía que verle la cara nunca más a su victimario.
Pareciera que esta narración es una película de suspenso, o una exageración de dolor, pero no es así. Mirian curó sus heridas físicas y siguió trabajando en su pequeño negocio, mas esta vez acudió a una organización de mujeres en busca de apoyo. Mientras recibía acompañamiento emocional, su caso fue analizado por una abogada de la organización, que se dirigió al Ministerio Público, MP, a pedir que al miembro de la MS se le imputara el delito de extorsión, que de acuerdo al Código Penal, tiene una pena de 15 a 20 años de prisión.
Lamentablemente la fiscal que la atendió orientó el delito al de ¨violencia intrafamiliar¨ al alegar absurdamente que entre parejas no se cumple dicho tipo penal. Por este delito la pena máxima es de apenas cinco años, es decir, un delito de bagatela, como le llaman de manera peyorativa los abogados a estos actos delictivos cuyas penas son menores.
Mirian tiene miedo de denunciar a su agresor ante las autoridades correspondientes, ya que ha sido testigo de la complicidad de la policía y del Ministerio Público, porque pese a que fue agredida en un centro de reclusión no existió ninguna denuncia contra el criminal que la aturde y porque en la Fiscalía, en vez de ayudarla, están favoreciendo a un convicto que tiene a sus espaldas una condena por asesinato, pero que ya cumplió la mitad de la condena y le podrían atribuir el criterio de oportunidades mediante el “buen comportamiento” para dejarlo pronto en libertad. Desde ya este hombre le ha exigido a su víctima que al salir del presidio le ponga a su disposición una casa donde vivir.
Actualmente, el caso de Mirian está siendo evaluado por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para tramitarle un refugio permanente o asilo político por violencia, ya sea en los Estados Unidos, Canadá o Uruguay.
LA VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES
Un Estudio del Grupo Sociedad Civil refiere que teniendo por entendido que el 67.4 % de la población de Honduras vive en pobreza y que la tasa de homicidios es una de las más altas del mundo, se debe señalar que el desplazamiento se encuentra indefectiblemente unido a la violencia generalizada, violencia contra la mujer, muertes en la Comunidad LGTBI y de defensores/as de derechos humanos.
Asimismo, que las personas desplazadas internamente son por sí mismas poblaciones vulnerables, debido a la ausencia de casas refugio, desigualdad social, violencia intrafamiliar y discriminación.
De acuerdo al estudio, las principales variables para el desplazamiento son la violencia de género, la violencia sexual, la violencia provocada por el crimen organizado, la violencia contra defensores/as de derechos humanos y otras poblaciones históricamente vulnerables.
El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), una organización de sociedad civil que trabaja el tema del desplazamiento forzado, tiene denuncias que algunas mujeres son desplazadas hasta cuatro veces internamente en Honduras, al ser descubiertas en sus nuevos domicilios por sus agresores. En la mayoría de estos casos los instigadores son elementos de las fuerzas de seguridad del Estado que se alían con criminales.
Ante dicho escenario, las mujeres se ven obligadas a migrar de manera forzosa a otros países en busca de protección internacional. Uno de esos casos es el de una anciana que partió desesperada de su casa en compañía de sus dos nietos porque un grupo criminal, después de matar a su hija y a su yerno—los padres de los menores—la estaba extorsionando mediante el cobro de una cantidad de dinero todos los meses.
La anciana se fue de Honduras en la caravana que partió el 13 de octubre del año pasado. En el grupo iban otras mujeres huyendo con sus hijas adolescentes porque en sus casas las habían violado sexualmente sus mismos padres, padrastros y pandilleros o porque habían quedado viudas: a sus esposos los habían matado los grupos criminales.
En el éxodo también se encuentran mujeres transexuales, que son discriminadas y violentadas por su identidad de género, e incluso, muchas por miedo a ser víctimas de crímenes de odio.
Un caso impactante, entre tantos, es el de una adolescente que fue abusada sexualmente por un Policía Militar de Orden Público, PMOP. La joven dio a luz y se fue, porque su violador le advirtió que si lo denunciaba ante la justicia, la iba a matar. Tampoco abortó, porque si lo hacía corría el riesgo de ir a la cárcel, ya que en Honduras el aborto no está permitido bajo ninguna causal.
(Esta narrativa fue elaborada con base a entrevistas a defensores de derechos humanos que recogieron denuncias de las víctimas en la ruta de la caravana de migrantes).
Las organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que al menos el 50 % de los migrantes que partieron en el éxodo masivo del año pasado son mujeres, entre adultas y niñas. En tanto, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, de la secretaría de Relaciones Exteriores, refiere que del 15 de octubre al 13 de diciembre de 2018, habían retornado a Honduras de manera voluntaria 7,208 personas, de las cuales 1,734 pertenecen a niñas y mujeres y 5,474 hombres y niños.
La migración masiva en Honduras continuó este 14 de enero con la formación de una nueva caravana que partió en horas de la noche de la norteña ciudad de San Pedro Sula con rumbo a los Estados Unidos.
LAS VÍCTIMAS NO SON CONTADAS
Las mujeres que son atormentadas por el desplazamiento forzado no denuncian a sus victimarios, porque este fenómeno en la mayoría de los casos se da por relaciones de poder, ejercidas por miembros de maras y pandillas y otros criminales ligados al narcotráfico, que tienen la colaboración de la policía y los militares.
La directora del Grupo Sociedad Civil, Jessica Sánchez, manifestó que la mayoría de las víctimas no se atreven a interponer las denuncias por miedo a perder la vida y la de sus hijos. “En el estudio nos dimos cuenta, y eso hace difícil el seguimiento, que las mujeres se desplazan en silencio y con su núcleo familiar, no le cuentan a nadie que se van a ir. De repente ya no están y ya no están sus hijos”, anotó Sánchez.
Las mujeres no denuncian, unas por miedo y otras por vergüenza ante el juicio social.
El Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, trabaja con víctimas del desplazamiento forzado desde hace seis años, dando acompañamiento sicológico y legal a las víctimas. La abogada de esta organización Dalila Flores, apunta que muchas víctimas no se atreven a denunciar porque dentro de la misma policía o el MP hay filtración de información.
Flores relata que el primer paso es escuchar a la víctima, saber qué demanda y establecer el riesgo de interponer la denuncia ante la Fiscalía. Precisó que el 90% de las mujeres que acuden en auxilio no quiere interponer la denuncia por miedo a represalias.
“Las mujeres dicen: el delincuente y la policía, son los mismos”: Dalila Flores, abogada del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”.
La profesional del derecho cuestionó que la mayoría de los casos por desplazamiento forzado estén siendo atendidos por organizaciones de mujeres, derechos humanos e instancias internacionales, quienes están cumpliendo un rol que le corresponde al Estado.
Dalila nos citó como una muestra de la inoperancia del Estado, el caso de una mujer que estaba siendo amenazada a muerte y que acudió a interponer la denuncia al Ministerio Público. Sin embargo, esta institución del Estado remitió a la víctima a un mecanismo de protección, ocho meses después de haber sido asesinada.
Del total de los casos atendidos por “Visitación Padilla” el 70 % corresponde a agresiones de pareja y el 30 % restante a maras y pandillas y otros.
MIEDO Y DOLOR
Además de las trampas legales y la inoperancia del Estado, las víctimas sufren del síndrome de estrés postraumático causado por el dolor implantado por sus agresores. En ese sentido “Visitación Padilla” les da acompañamiento emocional.
La trabajadora social de esta organización, Cristina Alvarado, brinda a diario terapias a estas mujeres y otras que sufren por las diferentes violencias.
Cristina tiene en su mente decenas de casos traumáticos donde el trabajo por vencer el miedo y curar el dolor, no es nada fácil y de esto no se escapan las mujeres de estratos sociales medio o alto. A su oficina llegó una extranjera, esposa de un alto funcionario del gobierno hondureño, que por la violencia ejercida por su cónyuge tuvo que irse a su país de origen, lamentado la impunidad persistente en la justicia.
DATOS Y PROYECCIONES
En Honduras no existen datos oficiales recientes sobre el desplazamiento forzado. La última proyección de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) data del año 2014, cuando se estableció un desplazamiento tentativo de 174.000 personas en 20 municipios de 12 departamentos, entre los años 2004 y 2014. Este estudio se hizo con base a una muestra que podría ser tres veces mayor.
El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) han reportado que hay 190,000 personas desplazadas. Sin embargo un informe estadístico de la organización Cristo Sal Honduras, establece que las organizaciones: Pastoral de Movilidad Humana, Casa Alianza Honduras, Red Contra la Violencia Sindical y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), reportan que al primer semestre de 2018 habían atendido alrededor de 264,481 casos.
Actualmente, la ACNUR está recopilando un nuevo informe para la actualización de datos cuantitativos hasta el 2018 y se prevé una proyección de al menos 250 mil personas desplazadas.
Los nuevos datos ubican a las mujeres entre las principales víctimas del desplazamiento (tentativamente 57%), porque la violencia contra las personas del sexo femenino ha evolucionado en los últimos años, debido a las mismas condiciones de vulnerabilidad de éstas.
Las mujeres se encuentran entre las personas con mayor predisposición a ser pobres, a carecer de acceso a los bienes de primera necesidad, a la educación, la salud y otros servicios esenciales para vivir con dignidad. Todo lo anterior debido a la violencia, discriminación y opresión ejercida por el hombre.
El jefe de la oficina nacional de la ACNUR en Honduras, Andrés Celis, considera que el fenómeno del desplazamiento forzado es confundido en la región del Triángulo Norte de Centroamérica con la migración. En ese sentido, explicó que la migración tiene un sentido voluntario, movido por una aspiración de mejores condiciones de vida, mientras que el desplazamiento obedece a la violencia o la persecución.
FIRMÓ SU SENTENCIA DE MUERTE
Carmen vive siempre con miedo en una ciudad de la zona norte de Honduras, porque una estructura criminal la tiene amenazada junto a su familia. Su tortuosa historia comenzó cuando una pandilla raptó a uno de sus hijos, con el propósito de ejecutarlo porque lo acusaban de ser de la pandilla contraria. El joven permaneció dos horas en peligro de muerte, pero afortunadamente logró escaparse.
Este caso fue reportado a la policía, se acusó directamente a sus captores. Supuestamente, para protegerle la identidad fue declarado como testigo protegido, pero extrañamente los pandilleros se dieron cuenta que existía una denuncia en su contra y supieron quién la había interpuesto, por lo que el muchacho al verse amenazado y perseguido tuvo que migrar de manera irregular hacia los Estados Unidos de donde fue deportado el año pasado.
Ahora la situación de Carmen se ha tornado insoportable, ya que al poco tiempo de haberse marchado de su casa fue descubierta y su hijo nuevamente amenazado de muerte. Su hijo se marchó. “Hay días que lo miro, hay días que va a visitarme, hay días que duerme conmigo o duerme en un hotel”, expresa con dolor la joven mujer que tiene casi diez hijos y que junto a su compañero de hogar, planean cambiar otra vez de domicilio porque la pandilla los amenaza de manera constante.
Entre tanto, el joven tiene proyectado irse nuevamente a los Estados Unidos, porque los pandilleros ya le advirtieron que al haber interpuesto la denuncia en su contra, “firmó su sentencia de muerte”. Mientras huye internamente de los delincuentes, sueña cruzar la frontera y luego llevarse uno a uno a sus familiares, porque cree que aquí los van a matar a todos.
Escuche el relato de Carmen en la siguiente publicación:
LOS PERFILES
Un estudio presentado en 2018 por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) estableció que el primer perfil de las mujeres que son víctimas del desplazamiento son comerciantes, dueñas de pequeños negocios, seguidas de las amas de casa, especialmente las que son jefes de hogar o madres solteras.
Los principales agresores son miembros de las maras y pandillas (Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18). Las víctimas de la MS son extorsionadas mediante el cobro de una determinada cuantía de dinero logrado a través de las actividades comerciales, y la “18”, las amenaza con el reclutamiento de sus hijos e hijas para que ingresen a estas estructuras criminales.
En los sectores dominados por la Pandilla 18, se registran menos muertes violentas de mujeres, porque esta estructura criminal tiene un elemento de misoginia en su concepción, contrario a los territorios ocupados por la MS donde la mujer es asesinada a discreción. En ambos territorios, se registra el desplazamiento forzado porque en el primer caso las mujeres huyen cuando sus parejas son asesinadas por los pandilleros, y en el segundo caso, las mujeres son objeto de extorsión y de amenazas a muerte.
FEMINICIDIOS
Se establece como feminicidio cuando se da muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer. Durante el año pasado, en Honduras se reportaron al menos 300 casos, acumulando alrededor de 6.000 entre los años 2002 al 2018.
Durante los primeros seis días del 2019, el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) había registrado siete casos.
El Código Penal de Honduras no establece el delito como feminicidio sino como femicidio, en su artículo 118-A, reformado.
LAS DENUNCIAS
El Conadeh comenzó a abordar el tema del desplazamiento forzado a partir del año 2016, iniciando para ese entonces con 750 denuncias, mientras que en el 2017 recibió 681 y hasta el 20 de diciembre de 2018, había recibido 861, lo que implica un incremento de 220 nuevos casos.
De las 861 denuncias recibidas en el 2018, 375 pertenecen a mujeres y 486 a hombres, procedentes de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Choluteca, Colón, Santa Bárbara, Copán y Lempira. Las edades de los denunciantes oscilan entre 31 a 59 años.
El Grupo Sociedad Civil, refiere en un estudio que las principales ciudades expulsoras de mujeres son el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba y Choloma, seguidas de Comayagua, Tocoa, Siguatepeque y El Progreso.
Estas mujeres están siendo atendidas en casas refugios que funcionan en varias ciudades de Honduras, con el propósito de resguardar sus vidas y las de sus hijos. En estos lugares, que funcionan con fondos de la cooperación internacional, se brinda atención sicológica para las víctimas y sus hijos menores de doce años.
Paradójicamente, entre las víctimas hay defensoras de derechos humanos que se desplazan internamente por violencia y agresiones, debido a que tenían su residencia en barrios y colonias de alto conflicto de maras y pandillas.
En Honduras se presenta un complejo contexto de violencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, líderes comunitarios, transportistas y comerciantes; quienes muchas veces se ven obligados a huir de sus hogares en busca de protección y asistencia humanitaria: ACNUR.
ESTIGMATIZACIÓN
La noche del 2 de septiembre de 2018, las mujeres organizadas se sintieron estigmatizadas e insultadas, cuando el director de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (Fanamp), Amílcar Hernández, dijo en un programa de televisión que la mayoría de las muertes violentas contra mujeres se registraban porque éstas eran integrantes de maras y pandillas.
“Con algunas exenciones, la gran mayoría son personas que desgraciadamente ellas han decidido involucrarse en este tema de las maras y pandillas; las utilizan para vender drogas, para recolectar dinero de la extorsión”, manifestó el funcionario, frente a una tasa de impunidad de feminicidios que supera el 90 % y pese a que un estudio del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, refirió hace tres años que solo el 3 % de las muertes violentas de mujeres tenía relación con las estructuras del crimen organizado.
Lea además las aseveraciones de Amilcar Hernández
DESPLAZAMIENTO FORZADO
El Instituto Universitario Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS), califica la migración forzada como un déficit de democracia, desarrollo y como el resultado de la exclusión y la corrupción.
DESPLAZAMIENTO FORZADO
El desplazamiento forzado en Honduras se ha convertido en un fenómeno social que está íntimamente relacionado a la violencia y que comenzó a tener notoriedad a partir del año 2007, según el análisis de la ACNUR.
En esa dinámica de violencia se creó en el año 2010 la Red de Organizaciones de Sociedad Civil para Personas Desplazadas. Esta red está integrada por el Ciprodeh, la Pastoral de Movilidad Humana, la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras, (APUVIMEH), el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT), el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih), el Consejo Noruego para los Refugiados, Médicos del Mundo, la Comisión de Acción Social Menonita (CAMS), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Cristo Sal Honduras, Colectivo Unidad Rosa, Casa Alianza Honduras, Asociación Paz de Superación por Honduras (Asopaz), Somos Trans y la Asociación Cozumel Trans.
Pese a que al cúmulo de casos se presentó entre los años 2011-2013, precisamente con el ascenso de los homicidios, fue hasta en el año 2013 que el gobierno aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-053-2013 e inició en Honduras un trabajo institucional tendiente a reconocer que en el país, aún después del conflicto armado de 1907 y de 1969, persisten fenómenos de desplazamiento forzado, violencia y dinámicas de despojo de tierras, territorios y viviendas. Incluso en una intensidad mayor y bajo mecanismos más difíciles de identificar, puesto que se asocian a actividades del agro, del turismo, de la minería y por supuesto a las dinámicas del narcotráfico y de la delincuencia organizada que tienen entre sus estrategias el desplazamiento y el despojo.
El trabajo de incidencia de la red de organizaciones instó en el 2013 al gobierno para que hiciera trabajo de incidencia y atendiera a las víctimas del desplazamiento y fue así como se creó la Comisión Interinstitucional para la Protección a las Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV), presidida por la Secretaría de Derechos Humanos e integradas por el ACNUR, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Secretaría de Gobernación, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Noruego para los Refugiados y cuatro organizaciones de la Red de Organizaciones de Sociedad Civil para Personas Desplazadas.
NO HAY UNA POLÍTICA DE ESTADO
De acuerdo a las valoraciones de la encargada de la oficina de Desplazamiento Humano del Ciprodeh, Miroslava Cerpas, la comisión interinstitucional no ha experimentado avances sustanciales porque su fin era la adopción de políticas públicas o legislación a favor de la población desplazada y hasta el momento no se ha tenido ningún resultado al respecto, más que la creación de la Dirección de Protección a Personas Desplazadas a lo interno de la Secretaría de Derechos Humanos.
“Hasta el momento no hay una ley y nosotros hemos trabajado en la construcción de la misma, hemos venido impulsando esa ley pero no hay avances, debido a que no hay un interés político”, dijo Cerpas al señalar que el argumento del gobierno ha sido que de momento no hay un presupuesto que respalde la ejecución de la normativa.
La defensora de derechos humanos señaló que en virtud que el desplazamiento forzado se ha venido desbordando en los últimos años, siendo una muestra de ello la recepción de hasta 18 denuncias en un solo día en sus oficinas, el Ciprodeh interpeló en octubre del año pasado al Estado de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se reconozca otras causales del fenómeno, porque ahora ¨hasta el mismo Estado se ha convertido en expulsor de seres humanos”, dijo.
Durante el periodo legislativo 2014-2017, el Congreso Nacional inició la discusión del nuevo Código Penal, que incluye el delito de desplazamiento forzado. En tanto, la CIPPDV, ha propuesto la Ley Contra Desplazamiento Forzado Interno, que se supone está en proceso de revisión y aprobación por parte del Poder Ejecutivo.
Pese a que existe una Fiscalía Especial de la Mujer en el Ministerio Público y el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el Estado carece de una política definida a través de estas dos instituciones con el fin de coordinar acciones tendientes a atender a las víctimas del desplazamiento forzado. Ambas instancias fueron consultadas y respondieron que su limitación es de carácter presupuestario.
La Fiscalía Especial de la Mujer se limita a recibir las denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar y el INAM a canalizar algunas acciones dentro de la Comisión Interinstitucional para la Protección a las Personas Desplazadas por la Violencia, donde recientemente se incorporó.
En el Ministerio Público las denuncias por desplazamiento forzado son atendidas en las oficinas del Modelo de Atención Integral Especializado (MAIE) y en la Unidad de Testigos Protegidos.
Mientras el gobierno argumenta su falta de atención al fenómeno del desplazamiento forzado por falta de recursos económicos, existe una línea presupuestaria dentro de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para atender a los grupos vulnerables, sin embargo no se sabe el destino de dichos fondos y tampoco se ha establecido, como política de Estado, qué o quiénes son grupos vulnerables.
REFUGIADOS
Un informe del Conadeh establece que el 32.7% de los casos atendidos por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno de esta institución durante el 2017, los interesados solicitaron la constancia con la intención de salir del país en busca de protección internacional o porque uno o varios familiares se encontraban en los procesos de solicitud de la condición de refugiado. En relación con lo anterior, el 18% de los peticionarios en situación de riesgo o desplazamiento que solicitaron la constancia para salir del país, indicaron que solicitarían protección internacional en países como Estados Unidos de América (40.5%), España (23.8%), México (16.7%) y Canadá (7.1%). En menor cantidad, Costa Rica, Guatemala, Belice, Inglaterra y Suecia, estos cinco con el 2.4% cada uno.
Vea también el foto reportaje que acompaña esta publicación:
Imágenes y relatos que plasman la expulsión de la mujer en Honduras
Los nombres de las víctimas referidas en esta publicación no corresponden a sus verdaderas identidades, en virtud de su situación de alto riesgo.
