Por: Dardo Justino Rodríguez
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), —promocionadas como ciudades modelo— aprobadas por ley en Honduras en septiembre de 2013 tras un proceso controvertido, han recorrido un largo camino aletargado para explotar en este año electoral. Tras varios amagues previos de crear estos emprendimientos en Amapala, en el sur del país, en Choloma, al norte de San Pedro Sula u otras zonas de la costa caribeña, parece que esta vez va en serio. En marzo pasado, súbitamente, estallaron protestas en Crawfish Rock, en la isla de Roatán, contra la ZEDE Roatán Próspera, montada por un consorcio de inversionistas internacionales (Honduras Próspera) sin ninguna consulta previa a las autoridades ni a la comunidad.
Previamente, en abril de 2019, se corrió la bola de la construcción de la primera ZEDE en Choloma, departamento Cortés, bajo el nombre de Ciudad Morazán, pero no fue hasta octubre de 2020 cuando trascendieron algunas novedades, cuando se afirmó que el emprendimiento llevaba invertidos unos 90 millones de dólares en la compra de un terreno, viviendas y edificios de oficinas.
Se ignora quiénes son los inversores de Roatán Próspera y de Ciudad Morazán, pero se infiere que serían los mismos capitales. Ahora bien, ¿quién invertiría en proyectos fuertemente criticados por empresarios, políticos, líderes confesionales, académicos, sindicalistas y referentes sociales?
Las quejas contra las ZEDE parten de todos los sectores, excepto de aquellos que todavía permanecen junto al presidente Juan Orlando Hernández (JOH) y defienden sus planes.
Ciertos analistas sospechan que es probable que los inversores detrás de estos emprendimientos sean el propio presidente y su círculo más íntimo. No es tan alocada la inferencia. Capital financiero no les faltaría, pues a lo largo de tres administraciones cachurecas —como se conoce a los nacionalistas—, les han llovido denunciadas por corrupción y vínculos con el narcotráfico.
El origen de las ZEDE
Todo comenzó cuando el actual primer mandatario, JOH, era presidente del Congreso Nacional. Su idea era crear ciudades modelo sobre la base de experiencias previas vigentes en diversas partes del mundo. Las primeras menciones sobre estas iniciativas en Honduras surgieron en 2011.
El concepto, originalmente, estaba basado en la idea de “ciudades chárter”, desarrollado por el economista Paul Romer, por esos días profesor de la Universidad de Nueva York y posteriormente economista en jefe del Banco Mundial. Pero el académico, que inicialmente apoyó y hasta asesoró la iniciativa de Hernández, finalmente tomó distancia de los planes de Honduras por no estar de acuerdo con el rumbo que tomaban el proyecto.
En 2012, tras un fallo adverso al primer proyecto presentado sobre las ciudades modelo, cuatro de los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron destituidos por el Congreso. La excusa fue que se habían opuesto al proceso de depuración policial, otro controversial proyecto de JOH. Sólo sobrevivió el magistrado Oscar Fernando Chinchilla Banegas, quien había votado a favor de las iniciativas. Como premio a su lealtad, Chinchilla ya lleva dos períodos como fiscal general del Ministerio Público.
¿Refugios para los corruptos?
Crecen las especulaciones de que las ZEDE pueden convertirse en refugio, por lo menos temporal, para los ahora funcionarios cuando dejen el poder. Los riesgos de ser denunciados ante la justicia por el nuevo gobierno, incluso si éste también fuera cachureco, son altos. Además, existe el riesgo de ser requeridos por la Justicia de Estados Unidos por sus supuestas relaciones con los carteles de la droga.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó jurisdicciones especiales para las ZEDE, con jueces y tribunales propios, aunque, de acuerdo con la resolución, “sujetos a la Constitución Política de la República”. Según la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras, estas zonas son áreas del territorio nacional sujetas a un “régimen especial” en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias.
Esto implica, según la ley, que las ZEDE “deben establecer sus propios órganos de seguridad interna, incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario”.
Las reacciones contrarias
Ante la concreción de un par de ZEDE, con la posibilidad de que sean muchas más, la sociedad hondureña ha reaccionado airadamente de forma casi unánime. Desde el empresariado, el todo poderoso Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), así como las Cámaras de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y de San Pedro Sula (Cortés), las más fuertes en el país, se han pronunciado en contra de estas iniciativas, incluso con argumentos bien fundamentados para justificar su posición.
Asimismo, la Iglesia Católica, comandada por un cardenal afín al oficialista Partido Nacional, por familia y convicción, y la Confraternidad Evangélica de Honduras, un sector cuyos pastores han sido fuerte apoyo de JOH desde hace años, se han pronunciado en contra, aunque con diferentes matices. Y en muchos municipios, se ha llamado a Cabildo Abierto, una figura constitucional que permite a la población opinar y decidir sobre temas inherentes a la vida dentro de su jurisdicción. Todos los cabildos concretados se han pronunciado para ser “territorios libres de ZEDE”.
Sin embargo, para el gobierno sólo vale lo que el presidente y sus funcionarios promueven. Con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, que se infiere serán conflictivas, escasamente transparentes y con posibilidades de un nuevo fraude, las ZEDE se han convertido en un punto más de fricción.
