Por: Tomás Andino Mencía
Cómo expliqué en mi artículo anterior (titulado “En virus revuelto ganancia de narcos” y publicado en criterio.hn el pasado sábado 4 de abril), los banqueros y los ricos se reparten la plata a manos llenas. ¿Pero qué pasa con la otra Honduras? En resumen, podría decir que los trabajadores y trabajadoras estamos perdiendo nuestros empleos y el poder adquisitivo de nuestros ingresos a la par que las y los desempleados aguantan una dura escasez.
ABUSOS LABORALES AL ANTOJO DE LOS PATRONOS
La Secretaría de Trabajo, mediante comunicado del 26 de marzo dispuso medidas tendentes a asegurar que los empresarios no salgan perdiendo en esta situación; por ejemplo, autorizó a los empresarios que negocien con sus trabajadores que los días de cuarentena serán cargados a las vacaciones, como si el derecho a vacaciones fuera negociable y como si los trabajadores estuvieran «descansando» cuando en realidad la mayoría hacia sus faenas en el hogar mediante “teletrabajo».
En los hechos, los capitalistas entendieron esto como una luz verde para imponer su voluntad e hicieron valer la ley del más fuerte en la mayoría de las empresas, violando con la connivencia del Estado el artículo 339 del Código de Trabajo y el 128 de la Constitución, cuya vigencia no fue ni puede ser restringida por el decreto de emergencia.
Por otro lado, en los bancos, los call center y en la industria maquiladora las obreras y obreros son obligados a romper la supuesta cuarentena para ir a laborar sin la debida protección, bajo riesgo de contraer la enfermedad. También a muchas de estas empresas se les ha autorizado para hacer suspensiones de trabajo, con el resultado de que alrededor de 3,500 obreros y obreras no recibirán salario por 120 días, entre otras medidas. Incluso ya suenan tambores de que se cancelarà el año escolar para no tener que pagarles sueldos a los docentes por todo lo que resta del año extremo que el ministro del ramo cuando fue consultado en declaración del 2 de abril no desmintió categóricamente.
Pero la peor parte la llevan los estudiantes y trabajadores de la salud. A los estudiantes del internado rotatorio, a los empleados de los centros de salud y hospitales públicos, con algunas excepciones, se les obliga a trabajar sin protección, sin insumos ni el equipo necesario para salvar la vida de sus pacientes y proteger la propia. Debido a eso hasta el primero de abril tres médicos y una enfermera habían caído gravemente enfermos de COVID-19 y al menos hubo una fallecida.
Por ese motivo y con justa razón, los estudiantes del internado rotatorio se retiraron de sus puestos e igual amenaza han hecho el gremio médico y las enfermeras. Sin embargo, hasta el momento de redactar esta nota, los únicos que han recibido trajes de protección y equipamiento han sido los diferentes cuerpos policiales y militares que están al frente de la represión contra el pueblo los empleados del hospital Militar y los activistas cachurecos que reparten y saquean alimentos.
De esta forma la burguesía y su Estado descargan sobre los trabajadores el costo de la crisis sometiéndolos a una economía de guerra mientras ellos no pierden, sino que ganan, en medio de la calamidad.
ENCIERRO FORZOSO, UNA TORTURA PARA LOS MAS POBRES
El confinamiento para frenar el avance de la enfermedad covid-19 parece la medida más efectiva según la OMS. Sin embargo, implica que la sociedad debería tener la capacidad de soportar el encierro por prolongados períodos de tiempo. En Honduras la clase media los empleados públicos mejor remunerados y pequeños empresarios pudieron acaparar lo suficiente para sobrevivir a lo sumo el período de la quincena ordenada por el gobierno desde el 29 de marzo al 12 de abril.
Pero este segmento poblacional es una minoría en Honduras. El 62% de la población vive en condiciones de pobreza y el 42% vive en extrema pobreza bajo modalidades de subempleo y desempleo abierto ganando muy por debajo del salario mínimo es decir que ni siquiera gana en un día lo suficiente para alimentarse. A estas personas de nada le sirve que se hagan excepciones al toque de queda una vez a la semana porque no tienen nada en los bancos y no han hecho ni un centavo de sus actividades cotidianas para poder comprar una tortilla.
Para esta población, la receta de JOH, de quedarse en casa y esperar alimento por 15 días. Simple y llanamente esto es una locura es condenarla a sufrir el hambre y privaciones extremas como tortura, a menos que el Estado a menos que el estado les provea lo necesario para sobrevivir.
Aparentando responder a esta necesidad el narcogobierno puso en marcha un operativo rimbombante bautizado Honduras solidaria. Según este plan supuestamente se invertirán 1,600 millones de lempiras en alimentos a los más necesitados, lo cual se hará en dos modalidades de distribución en las 6 grandes ciudades donde el virus se ha propagado más ampliamente (distrito central San Pedro Sula, La ceiba Choluteca Villanueva y Choloma) el gobierno central entregaría directamente esta provisión a unas 355395 familias y para el resto del país el gobierno ofreció adelantar el 30% de la transferencia a las municipalidades con la condición de que se destina a la distribución de alimentos a 710,744 familias para un total de 1066319 familias, según diario tiempo del 29 de marzo 2020.
Con estos fondos se supone que se entregaría una provisión que en teoría debería durar le 15 días hasta el 12 de abril a estas familias a razón de 2000 lempiras por familia de acuerdo con lo dicho por el mismo Juan Orlando Hernández en cadena Nacional ese día.
En teoría esto equivale al 40% del salario mínimo que debería pagarse en 15 días cifra de por sí miserable. Como comparación véase que el gobierno de Bukele en El Salvador entrega el equivalente a 7,400 lempiras por familia con mucho menos fondos destinados a la emergencia que Honduras.
CORRUPCIÓN Y DEMAGOGIA EN LAS ENTREGAS DE ALIMENTOS
Si nos atenemos a los números que dio en persona Juan Orlando Hernández el 29 de marzo, una simple operación matemática revela que en teoría estaría invirtiendo apenas el 8% de los más de 20.000 millones de lempiras que ha recibido o está acumulando con fondos aprobados por el Congreso Nacional, nuevos créditos aprobados por la banca internacional, deducciones a empleados públicos, recortes presupuestarios, ahorro en el precio del combustible y readecuación de deuda externa. Sin embargo, ni siquiera ese 8% es real porque el régimen miente al asegurar que cada una de las bolsas solidarias tiene un costo de 2,000 lempiras cuando su contenido apenas llega a los 500 lempiras por bolsa, es decir que de los 1,600 millones el régimen se está embolsando el 75% de esa cantidad con lo cual el 8% se reduce apenas al 2% de todo lo que ha recibido, es decir a una migaja.
¿Pero, acaso ese 2% de lo recaudado por el gobierno está llegando a todo el que lo necesita?
En primer lugar, el operativo Honduras Solidaria entrega una ración que con suerte le dura una semana una familia, por su bajo contenido alimenticio, considerando que las familias más pobres son las más numerosas.
En segundo lugar, el operativo se realiza a paso de tortuga porque el régimen no admite la colaboración de ninguna otra organización que no sean los militares o afín al partido de gobierno; por ejemplo, para el 2 de abril se habían entregado, según los voceros del régimen, unas 180,00 bolsas solidarias a razón de 45,000 diarias. Si estas cifras fuesen ciertas, lo que es dudoso, serían necesarios 20 días adicionales a partir del 3 de abril para entregar bolsas a las más de 886000 familias que aún faltarían en la meta del operativo, es decir que a ese ritmo al 12 de abril se habrían entregado aproximadamente el 60% de dicha meta, quedando unas 436000 familias (el 40% restante) sin recibir el alimento. Por cierto, no sería mejor la situación de las familias que recibirían esa ración los días finales de.ese periodo, porque habrían aguantado prácticamente toda la quincena sin probar alimento.
Aquí es donde vemos que el régimen y sus «gloriosas» Fuerzas Armadas, han demostrado más capacidad en lanzar miles de granadas lacrimógenas y militarizar el país, cuando reprimen y dan Golpe de Estado que en distribuir alimentos cuando se necesita.
En tercer lugar, no han faltado las denuncias de un manejo parcializado de las entregas. Abundan las quejas de que se le ha sustraído frijol o arroz a las bolsas solidarias, de qué estás se entregan únicamente a los activistas y simpatizantes del partido de gobierno, excluyendo a las familias simpatizantes de partidos de oposición. Otras denuncias son que se están priorizando los barrios y colonias donde el partido Nacional tiene reconocido bastiones y de que se promueve la imagen de Juan Orlando en dichas entregas, evidenciando un criterio selectivo parcializado hacia la base social electoral del régimen y la intencionalidad continuista del gobernante.
Por lo anterior, la entrega a cuenta gotas y parcializada de estas migajas ha obligado a centenares de personas de muchos barrios pobres a salir a las calles a protestar exigiendo alimentos. Un ejemplo es el caso de los bordos de San Pedro Sula donde sus cerca de 80000 habitantes son el sector más necesitado de esa ciudad. Estos han tomado bulevares al coro queremos comida porque la ayuda no llega. La respuesta «solidaria» del régimen ha sido gasear, golpear y disparar a todo aquel que se atreva a buscar comida para su sustento. Por eso hay alrededor de 600 personas detenidas y al menos 3 heridos de bala en el Distrito Central. Similar respuesta ha dado en diferentes lugares del país, donde los pobladores expresan también su descontento.
LA FARSA DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL
En cuanto al fondo enviado a las municipalidades, el gobierno quiere que nos chupemos el dedo. Flamantemente dispuso enviarles un adelanto de la devolución del 11% que por ley les corresponde, según el artículo 91 de la Ley de Municipalidades, condicionándolo a que sea invertido en alimentos y a que se liquiden las transferencias anteriores. La realidad es que la transferencia municipal del presupuesto es un fondo que el gobierno está obligado a entregar a los municipios según la ley respectiva, por lo cual este fondo ya existía en el Presupuesto General de la República. De hecho, desde el año pasado el régimen tenía una deuda multimillonaria acumulada en la entrega de ese fondo a la mayoría de las municipalidades, especialmente las que están en manos de la oposición, debido al desvío de fondos hacia los programas de Vida Mejor, entre otras causas.
En los últimos seis años la deuda acumulada es superior a los 40.000 millones de lempiras (calculo propio en base a CESPAD) por lo que la susodicha transferencia de apenas 450 millones anunciada por la psicóloga ministra de Finanzas (La Prensa, 18 de marzo) en el mejor de los casos se interpretaría como una pobre amortización a su propia mora. Por tanto, no es ninguna dádiva ni financiamiento fuera de lo ordinario, sino una pose demagógica del régimen presentarlo como resultado de los ingresos extraordinarios que está recibiendo, cuando en realidad estos tienen otro destino inconfesable. Varios alcaldes de los municipios más pobres ya lo han denunciado porque se verán en apuros para comprar alimentos con fondos tan exiguos.
Y como cereza para el pastel tenemos que la distribución de esta ayuda será administrada nada más ni nada menos que por fichas como Germán Rubí (SINAGER) y Reinaldo Sánchez, este último Presidente del Comité Central del Partido de Nacional y hombre de confianza de JOH. Todo bajo la supervisión de personajes de escasa credibilidad como Omar Rivera, Secretario General del FONAC, de generales conocido por su rol en la Comisión Depuradora de la Policía Nacional. Este entuerto es tan razonable como pedirle a Drácula que cuide el banco de sangre.
El gobierno no permite que en la fiscalización de fondos se involucre a los colegios profesionales y a otras entidades independientes porque no admite veeduría social, sino que le encarga a marionetas de la llamada «sociedad civil» para que le hagan el mandado.
En conclusión, hoy día para los pobres en Honduras el problema no sólo es morir de COVID-19, sino también de hambre o de plomo, por obra y gracia de la corrupción gubernamental.
