Las claves del día D

Por: Rafael Jerez Moreno

Lo que no se hizo en cuatro años durante la reforma electoral, no se podrá hacer en un par de días. Pero, lo poco que sí se hizo puede ser un capital sobre el que se construya para mitigar la incertidumbre que ya es una realidad en el proceso. Algunas claves para tomar en cuenta el día de la jornada electoral:

1. La participación electoral: En las elecciones generales de 2017 votaron un total de 3,274,920 ciudadanos de los 5,795,364 habilitados para ejercer el sufragio, según el extinto Tribunal Supremo Electoral. Con los resultados de la actualización del censo electoral para estas elecciones, hay aproximadamente 600,000 electores menos que el que se utilizó en el 2017. El número final es de 5,182,436 ciudadanos habilitados para votar. De las elecciones generales de 2013 a 2017 el abstencionismo creció. Tanto las elecciones del 2017 como las que se celebrarán el 28 de noviembre estuvieron marcadas por la polarización entre dos candidaturas presidenciales principales. En 2017 la reelección presidencial fue un tema de debate que presuntamente movilizaría un voto de rechazo, sigue siendo una herida sin sanar para este proceso, el ingrediente adicional esta vez es la capacidad de la coalición opositora de movilizar votantes aprovechando el desgaste del Partido Nacional después del acuerdo que suscribieron el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras. Todo ello con el clientelismo político como eje transversal de la forma de hacer política en Honduras.
2. La efectividad de la depuración del censo: Al momento de ejercer el sufragio, el elector deberá pasar por una doble verificación después de haber entregado su Documento Nacional de Identificación (DNI), por medio del lector de huellas y los cuadernillos de votación. El lector digital contribuye a sustraer del margen de maniobra de los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV) la verificación de la identidad del votante y su habilitación para ejercer el sufragio en una JRV. Si el lector no funciona, el cuadernillo es un respaldo. Sin embargo, la partidización de la integración de los miembros de las JRV ya ha demostrado facilitar la posibilidad de que ejerzan el sufragio votantes no inscritos. Los observadores electorales serán importantes para registrar incidencias de esta naturaleza, sin menoscabo de que no pueden intervenir en las decisiones que tome la JRV. Los puntos positivos que deje el lector de huellas deben de fortalecerse para reducir la discrecionalidad y contribuir a la integridad en la votación y los resultados en las JRV.
3. La transmisión de resultados preliminares: La nueva ley electoral establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE), en sesión pública, a más tardar tres horas después del cierre de las votaciones, deberá divulgar los resultados preliminares. Esto con el objetivo de evitar que se repita el precedente de 2017 en el que la primera actualización de resultados se dio en la madrugada del 27 de noviembre, el día siguiente de la jornada electoral, y de las elecciones primarias en las que el primer boletín de resultados se publicó tres días después de la jornada electoral. Si el CNE logra superar presiones políticas, la divulgación de resultados con la presencia de los 3 consejeros propietarios sería una demostración de institucionalidad seguido de la periodicidad de las actualizaciones y el acceso ciudadano a la información. De lo contrario, lo que ya han pretendido hacer dirigentes políticos del partido de gobierno surtirá efecto, utilizar las debilidades del TREP para deslegitimar el proceso y su resultado.
4. La justicia electoral: Un Tribunal de Justicia Electoral sin Ley Procesal Electoral es una debilidad incorregible en el proceso. Todos los reclamos tienen como primer cauce el CNE, y ya se vio que, a nivel de elecciones primarias, el número de reclamos que recibió esta institución de 2017 a 2021 creció en un 49%. La ¨judicialización de las elecciones¨ puede ocurrir y en mayor grado debido a los niveles de conflictividad y los intentos por deslegitimar el proceso desde diferentes sectores políticos. Las lagunas que dejó una reforma electoral inconclusa le permiten a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia seguir conociendo de acciones de amparo por violación de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos. Toda esa incertidumbre puede hacer que cualquier decisión del CNE prevalezca por la ausencia del carácter definitivo de las decisiones del TJE y la inactividad de la Sala de lo Constitucional para resolver acciones de amparo en materia electoral.
5. El papel de la comunidad internacional: Después de las elecciones generales de 2017 la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos emprendieron un rol activo en el acompañamiento técnico a las instituciones del sistema electoral y registral, y también en la producción legislativa del Congreso Nacional en materia electoral. Ambas asumieron un costo político y resultados lejos de los deseados por la ausencia de voluntad política y la prevalencia de los intereses particulares de los partidos políticos. Con un conocimiento profundo de cómo se producen las dinámicas a lo interno de las instituciones electorales y el contexto político del país, los informes finales de las Misiones de Observación Electoral fungirán como una evaluación de la reforma electoral, a la vez que los posicionamientos de las autoridades de ambos organismos y del resto de autoridades de Estado del concierto internacional contribuirá a reafirmar la legitimidad del proceso, o como ocurrió en el 2017, a confirmar las dudas sobre la falta de integridad en la organización de los comicios. Para este último escenario, los actores de la comunidad internacional de naciones tienen un precedente en las elecciones generales de 2017 del cual seguramente tomaron lecciones aprendidas.

Con todo, el proceso electoral no fortalecerá la democracia en Honduras por sí solo, pero sí puede contribuir a ello. El deber de todo hondureño que tiene la posibilidad de ejercer el sufragio es el de hacerlo, pero después de ser elector debe conservar su calidad de ciudadano, no solo en la etapa postelectoral, sino en los próximos cuatro años en los que no solo se necesitan contrapesos en las instituciones del Estado, sino también en quienes radica la soberanía nacional.