Las cárceles son infiernos de injusticia, asegura el doctor Juan Almendarez

Por: Redaccion CRITERIO.HN

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El Comité para la liberación de los presos políticos, defensores territoriales y  ambientalistas exigieron este jueves treinta de julio, la liberación de una decena de hondureños, que por defender sus territorios, el agua, la educación y la salud fueron encarcelados desde el año pasado y que hoy sus vidas están en riesgo por la pandemia del Covid 19.

En Conferencia de Prensa virtual, los defensores de los derechos humanos, agrupados en el Comité para la Liberación de los Presos Políticos, le exigieron al gobierno la liberación de los ambientalistas, Jeremías Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orbin  Hernández, kelvin Alejandro  Romero, Arnold Alemán, Ewer Alexander Cedillo y  Daniel Márquez.

El uno de septiembre del 2019, la jueza  con jurisdicción nacional, Lisseth Vallecillo  Banegas, dictó prisión preventiva contra siete de los ocho ambientalistas que guardan prisión en el centro penal de Olanchito, en el departamento de Yoro, excepto Jeremías Martínez, que está preso en el reclusorio de La Ceiba Atlántida.

El Ministerio Público acusa a estos ambientalistas de retención injusta de libertad  contra el jefe de seguridad de la empresa Los Pinares y de dos delitos de incendio agravado en perjuicio de esa compañía minera. 

Ellos se oponen a las operaciones de la empresa minera Los Pinares por la contaminación que genera en el Río Guapinol de donde se abastecen de agua potable varias comunidades situadas en la zona. Y pese a las acciones de protesta que han venido realizando desde el 2016 el gobierno insiste en mantener la concesión otorgada a favor de esta compañía, que es propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussè, hija del extinto terrateniente, Miguel Facussè, acusado por los campesinos del Aguán de apoderarse de sus tierras y de cometer delitos contra ellos.

El Comité para la liberación de los Presos Políticos también se pronunció por la libertad del profesor Rommel Baldemar Herrera Portillo, quien fue detenido el 31 de mayo del 2019 en una protesta realizada por la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación. A él, el Ministerio Público también lo acusa de incendio agravado y daños en perjuicio de la Embajada de los Estados Unidos.

Al inicio Rommel fue enviado a una cárcel de máxima seguridad situada en Morocelí departamento de El Paraíso, pero por sus graves problemas de salud mental, en octubre pasado fue trasladado al hospital psiquiátrico, Mario Mendoza, de Tegucigalpa.    

Asimismo, pidieron la liberación  del preso político, Víctor Joseph Castillo, a quien responsabiliza el Estado de haberle lanzado un mortero a Wilson Berrios, hecho ocurrido el 11 de diciembre de 2019 en la Plaza  de la Solidaridad de Choluteca. Este joven de 21 años guarda prisión en el centro penal de esa ciudad situada en el sur de Honduras.

El Estadio tiene la obligación de proteger a las personas que se encuentran bajo el sistema penitenciario nacional, pero según ha denunciado el Comité para la Liberación de los presos políticos, estos presos políticos y ambientalistas estarían recibiendo tratos crueles e inhumanos.

El Comité denunció que los 28 reclusorios que hay en el país están militarizados, sobrepoblados y carente de una política pública penitenciaria integral que proteja a las 22 mil personas que se encuentran recluidas. Reveló que cerca del 60% de los reclusos no ha recibido sentencia.

Mediante un comunicado leído al inicio de la conferencia, este Comité hizo saber que según cifras del Instituto Penitenciario, 1055 personas están contagiadas de   Covid-19 y 25 ya han muerto a causa de esa enfermedad.

Para Carlos Paz, representante de la Pastoral Social Caritas de Honduras, en San Pedro Sula, el sistema penitenciario hondureño vive un traumatismo humano derivado de la crisis constante que las autoridades no han sido capaces de resolver. Y rememoró situaciones difíciles como los incendios ocurridos en las cárceles de Comayagua, San Pedro Sula y la Ceiba. 

“Hay una crisis continua sobre nuevas crisis por la incapacidad para resolverlas y las autoridades penitenciarias en lugar de combatirla la profundizan más”, expresó Paz. Condenó que en el 2015 el Presidente Juan Hernández haya engavetado para privilegiar la militarización, la propuesta de una política pública realizada por las organizaciones de los derechos humanos con propósito de mejorar la gestión penitenciaria. 

Cuestionó, que perennemente se escucha decir que hay violencia en los centros penales, pero que nadie da respuesta de cómo ingresan las armas  a los recintos penitenciarios, situación  que no es posible si no fuera por la confabulación y participación de las autoridades que cierran los ojos ante esa situación. Sostuvo, que las autoridades del sistema penitenciario han sido juez y parte de esa crisis.

A juicio del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y defensor de los derechos humanos, doctor Juan Almendarez Bonilla, las cárceles de Honduras son infiernos de injusticia y las formas en que se manejan están fuera del contexto de la ciencia, la ética y de la humanidad. Señaló, que los centros penales no deben ser manejadas por policías ni por militares.  

Según Almendarez, el sistema jurídico hondureño es una aberración histórica, porque mantiene encarceladas a las personas injustamente y que gobierno de Juan Hernández además de ser militar y persecutorio es violador de los derechos humanos.

“Nunca debió haber establecido a los militares en las cárceles, los presos políticos nunca debieron estar privados de libertad sino juzgados fuera de las cárceles” afirmo el ex rector de la UNAH. Aseguró,  que la pandemia del Covid es una pandemia del pánico y del terror y que si el país tiene un sistema de salud tan precario como no van a ser precarias las cárceles.

Almendarez dijo que las autoridades tuvieron tiempo de tomar medidas, de poner en libertad a personas y evitar un foco de contagios, pero que en consecuencia ya se dio la muerte del periodista David Romero, quien era un preso  político. “Y quiere decir que también científicamente no se justifica que  tengamos privados de libertad a los luchadores por la defensa del agua, como los compañeros de Guapinol que es una verdadera tortura física y psicológica”, indicó.

Por su parte, Carlos de Del Cid, de la Asociación, Acción Ecuménica por los Derechos Humanos, es del criterio que el sistema penitenciario ha fracasado y no logra rehabilitar a los internos porque no tiene programas en ninguno de los centros carcelarios, que hay ingobernabilidad, corrupción y colusión de los funcionarios con el crimen organizado y los grupos organizados que están allí y que quieren gobernar las cárceles.

Del Cid asegura que el hacinamiento, la insalubridad y la violación de los derechos humanos son profundos dentro de los centros penitenciarios y reveló que, entre 4,000 y 5000 internos están infectados de Covid 19 y 25 ya murieron según cifras oficiales que según él son maquilladas por el Sistema de Gestión de Riesgos (SINAGER).    

Afirmó, que el Estado mantiene una veloz carrera para acaparar la mayor cantidad de recursos económicos mediante argucias de que el sistema penitenciario está funcionando bien, pero que “debemos de desnudar esas mentiras porque están habiendo muertes” aseveró Del Cid.

Sobre este tema también se pronunció la Coordinadora del Comité de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, exponiendo que es impresionante ver que en medio de la suspensión de garantías el gobierno ha puesto en práctica la desaparición forzada y que en los últimos tres meses de la pandemia, nueve personas hayan desaparecido bajo un control absoluto las fuerzas Armadas que deben de responder por la vida de estas personas.

Hizo un recuento, que según el registro, las desapariciones iniciaron con una  mujer, Karen Rivera, desaparecida el 7 de abril del 2019, en Santa Bárbara y que a los treinta días, el 7 de mayo, en San Pedro Sula, desaparecieron a Oscar Edgardo Oliva. “Y No bastando”, dijo, desaparecieron a cinco personas en El Triunfo de la Cruz.

Refirió, que los presos políticos, los defensores de la vida, del ambiente, del agua y de los derechos civiles, como es Rommel Baldemar, por hacer defensa de la indignación por el tema de la salud y la educación, que hoy están guardando prisión, no se han olvidado  y que a nivel nacional e internacional se exige sus libertades.

Denunció, que últimamente se han aumentado las denuncias de los privados de libertad que están siendo siendo víctimas de torturas en los centros penales, controlados por militares y en los batallones donde hay privados de libertad.

“Volviendo al tema a los desaparecidos”. Dijo, la desaparición forzada es crimen de lesa humanidad y es un acto que está bajo la responsabilidad de los que tienen el control del Estado. Indicó,  que la desaparición forzada es una acción en la que el estado está obligado a devolverlos vivos como se lo llevaron.

A juicio de Oliva, las desapariciones están marcando un nuevo y violento retroceso a la década de los 80. Y expresó, que entre los nueve desaparecidos hay uno de nacionalidad haitiana. Y “exigimos libertad ya para los presos políticos, los desaparecidos, vivos se los llevaron y vivos los queremos”, afirmó.

En la conferencia también participaron Juan Carlos Herrera, padre del preso político, Rommel Herrera y Marlon Hernández, hermano del ambientalista de Guapinol, Orvin Hernández.

 Juan Carlos Herrera dijo que tener a su hijo preso ha sido la experiencia más dura de su vida y que nunca pensó que Rommel iba a estar en prisión tanto tiempo. Expresó, que su familia está pasando una situación muy difícil y que se une al clamor desesperado de libertad para los presos políticos.

Argumentó que Rommel no ha cometido un delito como los grandes de cuello blanco que están quedando en libertad, como es el caso emblemático de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo y los demás que pueden salir de la cárcel con la aplicación del nuevo Código Penal. 

Hablando del caso de los ambientalistas de Guapinol, Marlon Hernández, hermano de Orvin Hernández, preso en la cárcel de Olanchito Yoro, dice que ya tiene seis meses sin saber nada él y que su familia está preocupada. Orvin y el resto de ambientalistas ya llevan 11 meses de estar en prisión por defender la vida, la tierra y el agua que consumen.

Aunó, que Jeremías Martínez, preso en Ceiba Atlántida, desde hace 20 meses, también por defender la vida,  por su edad y las enfermedades que presenta debería de estar en libertad, pero que a Juan Orlando Hernández, no le conviene y que por eso lo mantiene encarcelado.

Marlon dice que en el proceso judicial de los ambientalistas se han violentado el debido proceso y no se han respetado sus garantías como defensores del agua, del ambiente y de la vida.