Por: Jorge G. Castañeda*
CIUDAD DE MÉXICO – Al aprobar el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), la Cámara de Representantes de los Estados Unidos eliminó un obstáculo potencial importante para el pacto comercial. El Senado mexicano ya aprobó el acuerdo, y se espera que el Senado de EE. UU. Y el Parlamento canadiense lo hagan a principios del próximo año. Una vez que entre en vigencia, el USMCA, que reemplazará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tendrá consecuencias de gran alcance para México en particular.
La votación de la Cámara se produjo más de un año después de que los líderes de los tres países firmaron el USMCA en Buenos Aires en noviembre de 2018, una espera más larga de lo que muchos habían anticipado, pero más corta de lo que otros esperaban después de que los republicanos perdieran su mayoría en la Cámara en las elecciones de mitad de período del año pasado. . Funcionarios y analistas de los tres países habían tenido la esperanza de que el Congreso aprobaría el acuerdo, dadas las importantes concesiones en empleos, mano de obra, medio ambiente, solución de controversias, productos lácteos y propiedad intelectual que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le había arrebatado a los mexicanos y canadienses. gobiernos Tenían razón en ser optimistas.
Sin embargo, tan recientemente como el feriado de Acción de Gracias de Estados Unidos a fines de noviembre, la administración Trump ni siquiera había enviado el proyecto de ley de USMCA a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo que aumenta la posibilidad de que el acuerdo se posponga hasta después de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.
Había razones políticas y sustantivas para el aparente impasse. El problema político era obvio: si Pelosi apoyaba a la USMCA (demostrando que los demócratas podían “hacer los negocios de la gente”), ella le daría a Trump una victoria al mismo tiempo que la Cámara lo enjuiciaba. Pero si se oponía al pacto alegando que no cumplió con las demandas de las organizaciones laborales estadounidenses, expondría a los demócratas a la acusación de Trump de que solo están interesados en anular el resultado de las elecciones de 2016. Al final, Pelosi cayó de lleno a favor de llegar a un acuerdo, calculando que los beneficios de un enfoque constructivo superaban los inconvenientes de darle a Trump algo de qué jactarse.
Mientras tanto, las dificultades sustantivas se relacionaron principalmente con la aplicación de las disposiciones laborales, ambientales, de propiedad intelectual y de solución de controversias de la USMCA. En particular, los sindicatos estadounidenses (en particular, el AFL-CIO) y muchos demócratas del Congreso exigieron que se revisara el acuerdo para permitir que los funcionarios estadounidenses realicen inspecciones in situ no anunciadas de plantas y empresas en México. Estos controles, argumentaron, determinarían si México estaba cumpliendo realmente las disposiciones del pacto con respecto a la negociación colectiva y los contratos, las condiciones de trabajo, las elecciones sindicales y el liderazgo, y otros asuntos. Después de que los negociadores mexicanos inicialmente rechazaron esta demanda, el 10 de diciembre, más conversaciones dieron lugar a un acuerdo aceptable para todos: Trump, los demócratas de la Cámara, el AFL-CIO y los gobiernos de México y Canadá.
Al igual que el TLCAN, el USMCA es mucho más importante para la economía de México que para la de Estados Unidos. Además, las disposiciones laborales y ambientales del nuevo acuerdo están esencialmente dirigidas a México. Pero aunque estas medidas adicionales son bienvenidas, llegan en un momento difícil para la economía del país. Cuando el TLCAN fue finalmente aprobado en los EE. UU. En 1993, sólo incluía acuerdos paralelos sobre trabajo y medio ambiente, prácticamente sin mecanismos de aplicación, y mucho menos sanciones por incumplimiento.
Para 2017, cuando Trump obligó a México a renegociar el TLCAN, los demócratas, los sindicatos y los activistas ambientales de EE. UU. Se quejaban de que México había llevado a los EE. UU. A dar un paseo durante el cuarto de siglo anterior al no mejorar sus prácticas laborales y la regulación ambiental. Estos críticos pueden haber exagerado su caso: el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya había persuadido al congreso del país para que aprobara reformas laborales de gran alcance, pero tenían un punto, y en las negociaciones de USMCA, ellos y otros se centraron en la aplicación de tales disposiciones Como resultado, el USMCA revisado contiene una serie de mecanismos de aplicación muy necesarios.
Para empezar, el pacto transfiere la carga de la prueba con respecto a las presuntas violaciones de las disposiciones laborales o ambientales del acusador (en la mayoría de los casos, los Estados Unidos) al acusado (generalmente México). También establece un sistema de respuesta rápida de paneles independientes para recibir quejas y determinar si se violaron los derechos laborales, e imponer sanciones si así fuera. Finalmente, ocho agregados estadounidenses (cinco de ellos enfocados en asuntos laborales y tres en asuntos ambientales) serán enviados a México bajo el pacto para “monitorear y hacer cumplir” el cumplimiento del país con sus obligaciones en estas áreas.
Los agregados laborales informarán a un Comité Laboral Interagencial cada tres meses y, en principio, tendrán derecho a escuchar quejas, incluso a través de una línea telefónica directa las 24 horas, e investigar presuntas violaciones de las leyes laborales mexicanas.
Las autoridades mexicanas han cuestionado si estas disposiciones se acordaron de hecho en la Ciudad de México el 10 de diciembre, mientras que la comunidad empresarial del país estaba sorprendida por las medidas y se siente incómoda con ellas. Pero probablemente se mantendrán en su lugar, porque fueron estas concesiones mexicanas las que persuadieron a los sindicatos y demócratas de EE. UU. De respaldar el acuerdo de Trump.Al mismo tiempo, será difícil eliminar de la noche a la mañana algunas de las ventajas competitivas más importantes, aunque vergonzosas, de México. Los bajos salarios, las condiciones laborales deplorables, los sindicatos moderados y el desprecio absoluto por el medio ambiente han sido ingredientes cruciales del auge de las exportaciones del país durante el último cuarto de siglo.Es probable, y ciertamente deseable, que la USMCA, al introducir efectivamente un protectorado laboral y ambiental, obligue a México a abandonar estas prácticas vergonzosas. Pero hacerlo en un momento en que la economía de México está estancada o cae en recesión puede empeorar las cosas.
Del mismo modo, las nuevas disposiciones laborales y ambientales seguramente harán que el sector privado, tanto extranjero como interno, sea aún más reacio a invertir en un país gobernado por un presidente errático e ideológico.El USMCA puede tener éxito en mejorar marginalmente la posición de Estados Unidos con respecto a empleos, inversiones, mano de obra, medio ambiente y solución de controversias. Pero si el pacto tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico y el bienestar de México, y reforzar el estado de derecho, no alcanzará estos objetivos en el corto plazo.
*Jorge G. Castañeda, ex canciller de México, es profesor de política y estudios latinoamericanos y caribeños en la Universidad de Nueva York.
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