Tegucigalpa.- Al menos 24 privados de libertad han perdido la vida de manera violenta en la cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, según datos de la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
En los últimos años, las cárceles de Honduras han sido un lugar oportuno para llevar a cabo hechos y muertes violentas, amotinamientos, reyertas, intentos de fuga, riñas entre privados de libertad.
Reportes semanales del Instituto Nacional Penitenciario (INP), reflejan que a menudo hay mucha introducción de diferentes artefactos y objetos corto punzantes con los que se pueden propiciar cualquier cantidad de hechos violentos a lo interno de estos centros.
Para el caso, el centro penal de máxima seguridad denominado como “La Tolva” que fue puesto en operaciones el año 2017 y bajo el gobierno del ahora extraditado por los delitos de narcotráfico, el expresidente Juan Orlando Hernández, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad y de respetar sus derechos humanos que como personas no han perdido, sin embargo esto ha sido así y de forma consecutiva se registran hechos violentos que dejan como resultado la pérdida de vidas humanas de personas internas.
“La Tolva” está ubicado en Morocelí, en el departamento de El Paraíso, al oriente del país, aproximadamente en cinco años han perdido la vida al menos 24 privados de libertad de manera violenta.
Según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, (Conadeh), al menos cien personas privadas de libertad han resultado con heridas graves en riñas que se han dado a lo interno de ese centro penal.
Se ha registrado cerca de una decena de incidentes propiciados en esta cárcel de máxima seguridad, según registros de la Delegación Departamental del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en ese departamento.
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En entrevista con Criterio.hn la representante del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura (CPTRT), Alba López manifestó que, como representante de los derechos humanos, “siempre hemos dicho y vamos a seguir denunciando que estos no son centros de máxima seguridad”.
Expuso que en el periodo de la narcodictadura en que estaba sometido el país en el gobierno anterior fue la creación de estas cárceles denominadas cárceles de seguridad, manifestó que, desde adentro de estos centros, muchas de las muertes que se registran a lo interno de este centro penal son muertes que ya han sido planificadas en los mismos.
“Nosotros siempre condenamos la creación de estos centros, porque vimos que no cumplían con los requisitos como tal, no tienen los estándares de calidad que debe cumplir un centro penitenciario”. Prueba del repudio que han mostrado diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos es esa cantidad de muertes en un lugar donde se supone que estas personas tenían que estar protegidos.
López manifestó López quien determina que privado de libertad será enviado a un centro penal determinado es exclusivamente el juez, sin embargo, López denunció que, en los últimos casos y el año pasado principalmente, el INP se había tomado la atribución arbitraria de proceder como ente encargado y decidir donde enviar a cada privado.
Expuso el caso de Rommel Herrera Portillo el joven que fue acusado de incendio agravado, a quien el juez ordenó que este fuera enviado a un centro de retención normal, sin embargo, todavía no se explican por qué el INP acreditó que este joven debía ser enviado a “La Tolva”, “aquí es donde el INP se toma atribuciones que no le corresponden”.
López manifestó que por lo general los casos relacionados a importación y venta de drogas, terrorismo, extorsión tráfico de armas, trata de personas las personas que cometen este tipo de delitos son los que son enviados a centros mal llamados máxima seguridad.
Actualmente los privados viven en condiciones horribles, los cuerpos de investigación no están siendo lo suficiente beligerantes en temas investigativos, muchas veces no tienen ni pruebas suficientes para hacer la acusación. “muchas de estas muertes violentas en los centros penales se deben a que no se cumple con la investigación correspondiente y esto ha sido un problema que está permanente en Honduras”, alertó López.
Para López la estructura que fue montada en la narcodictadura continúa igual en Honduras y nada ha cambiado porque hay muchos cargos que siguen intactos y advirtió que mover esas estructuras criminales no es trabajo fácil.
En entrevista con Criterio.hn la comisionada nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Elvia Argentina Valle manifestó que cuando se hacen los traslados de un centro penal para otro, esto da pie para que entre ellos haya inconformidades que termina en tragedia “porque de por si ellos están hacinados y les vienen a meter más a una celda pequeña, aquí donde vemos que inician muchos problemas de los internos, muchos tienen problemas psicológicos por el encierro y la sobrepoblación”.
Valle declaró que quien establece que privado de libertad va a un centro de máxima o de mínima seguridad lo hace exclusiva y únicamente el juez que ha llevado el caso, dijo que el juez de ejecución y su equipo quienes saben a dónde enviar a cada uno de los privados a lugar donde considera que pueda estar según el delito y la peligrosidad.
Expuso que en muchas ocasiones las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), hacen algunos relevos de privados a los diferentes centros sin ninguna notificación previa no le avisan ni siquiera a los familiares como tampoco envían notificaciones a las oficinas de (Conaprev).
Valle manifestó que las denuncias por parte de los familiares y de los mismos privados de libertad son a diario, porque muchos privados de libertad son objeto de abusos de autoridad, torturas, hostigamiento, malos tratos, viven en completo hacinamiento y con el miedo de ser la próxima víctima de la violencia que se vive al interior de los centros penales del país.
“Los privados de libertad viven de todo en los centros penales del país no solo sufren de retardo en la aplicación de justicia”, esta problemática solo puede tratarse con un buen manejo y eso será en el momento que las autoridades trabajen para mejorar las condiciones de los mismos, explicó Valle.
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La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre exhortó al Estado hondureño para que, a través del Instituto Nacional Penitenciario (INP), se garantice la seguridad al interior de los centros penales del país, para proteger la vida de los privados de libertad.
El Estado hondureño debe implementar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, que indican que se debe proteger a las personas privadas de su libertad de toda forma de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como garantizar su seguridad incluida la del personal penitenciario, recomendó.
Dijo que, hasta ahora, las personas que ingresan a los centros penitenciarios del país, para cumplir una pena, no solo se les priva de su libertad, sino que también de sus derechos.
Es importante mencionar que este centro penal tiene capacidad para albergar 1,340 privados de libertad, está compartida en 8 módulos, cuatro para mínima y cuatro para media Seguridad, sin embargo, actualmente tiene una población de internos de 1, 985 internos, lo que significa que hay una sobrepoblación que ronda las 645 personas.
De los 1,985 privados de libertad, en esa cárcel de máxima seguridad, se estima que unos 1,305, que representan el 66 %, están procesados.
López manifestó que la mayoría de muertes violentas suscitadas a lo interno de los centros penales están sin ningún proceso de investigación. “Estas muertes deben investigarse de oficio, no podemos seguir toda la vida viviendo en la impunidad porque cuando se aplica la impunidad y no se aplica la justicia rigurosamente las muertes continúan”.
El equipo de Criterio.hn solicitó una entrevista con el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Comisionado de Policía Otoniel Castillo, sin embargo, no obtuvimos respuesta.
