Por: Mario Roberto Morales
La reforma de la educación pública superior debe ser un replanteo total del funcionamiento de esta conspicua academia y no un mero parchado ocasional de despropósitos injustificables.
La gran asignatura pendiente de la Universidad de San Carlos es, desde hace varios años, la anunciada reforma universitaria: un concepto que se menciona mucho pero que casi nunca se llena de contenidos y menos de propuestas plausibles.
Con ocasión del centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba, este concepto pareció cobrar nuevo sentido práctico cuando las autoridades universitarias anunciaron una serie de iniciativas que de hecho pueden llegar a formar parte de un cambio radical en nuestra casa de estudios, no sólo en el plano académico (que es prioritario), sino también en el de la administración y la política universitaria en relación al Estado y la sociedad civil, la cual ―aclaro― nada tiene que ver con la miríada de oenegés que ha usurpado ese nombre y paralizado las funciones de la ciudadanía como supervisora crítica de la vida pública, debido a que responde a los financiamientos de la cooperación internacional y no al interés nacional-popular, al que se debe el quehacer de nuestra Alma Mater.
Una reforma universitaria que honre la gesta de Córdoba en 1918 pasa por un replanteo académico en los planos de la enseñanza-aprendizaje, considerándolos como un quehacer crítico que, por serlo, enseñe a los educandos a pensar mediante un criterio propio, formado en el ejercicio de la autonomía intelectual y no del seguidismo dogmático. Pasa también por una cualificación docente bajo la égida de la crítica, la historicidad y la radicalidad (en el sentido en que ser radical es saber ir a la raíz causal de los problemas). “La crítica”, decía Martí, “es el ejercicio del criterio”. Necesitamos un cuerpo docente que forme criterios libres y autónomos desde una excelencia académica que sólo es posible mediante una radical dignificación de la carrera docente: un objetivo esencial de esta reforma.
En el plano de la política universitaria, una reforma de la educación superior pública pasa necesariamente por el afianzamiento de la autonomía y del carácter laico y gratuito de la educación superior, lo cual implica un rechazo decidido a cualquier forma de privatización de la universidad, siempre y cuando este rechazo se base en la excelencia académica. La alta calidad intelectual es la mejor arma política de una universidad pública. No el vandalismo estudiantil y mucho menos el errático voluntarismo docente, la liviandad administrativa y el uso pragmático de las representaciones de la universidad en organismos de Estado para cimentar carreras políticas extrauniversitarias. La reforma de la educación pública superior debe ser un replanteo total del funcionamiento de esta conspicua academia y no un mero parchado ocasional de despropósitos injustificables. El camino está abierto.
El centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba fue ocasión para que la transformación radical de la USAC cobrara nuevos bríos como anhelo y como proyecto factible. Este es sin duda un compromiso que todos los que amamos esta casa de estudios debemos asumir con honra y aplomo. Se lo debemos al país y al pueblo que sostiene la educación pública con su trabajo.
