La nueva amenaza a los pueblos del mundo se ensaya en Honduras: Capitalismo de servidumbre o “ZEDE”

Por: Tomás Andino Mencía

QUE SON LAS ZEDE

En Honduras se está experimentando con una nueva forma de colonialismo diseñada por sectores del imperialismo afines a la corriente anarcocapitalista que pretende ir más allá del desgastado modelo neoliberal mediante la eliminación completa del Estado burgués en su versión democrático-burguesa. Se busca ensayar con islas de superexplotación de mano de obra y de los recursos naturales a niveles de servidumbre y esclavitud en el marco de una dictadura local. Este experimento se denomina “Zona de Empleo y Desarrollo Económico” (ZEDE), también conocidas como “ciudades charter”, “ciudades modelo” y últimamente como “ciudades privadas libres”. Este experimento se ampara en la Ley Orgánica de las ZEDE (Decreto Legislativo 120-2013), aprobada el 12 de junio del año 2013, por el Congreso Nacional de Honduras.

La mencionada ley permite la creación de ciudades-estado totalmente autónomas dentro del territorio hondureño gobernadas por inversionistas extranjeros que serían una especie de nuevas colonias en tiempos modernos. Mediante esta norma, cualquier grupo o individuo, nacional o internacional, puede obtener una porción del territorio hondureño y ahí constituir un gobierno propio, con su sistema legal, su sistema judicial, su sistema de tributación y de protección social y obtener por métodos cuestionables, tierras o regiones para construirlo, transferirlo a terceros, expandirse sin limitación de tiempo y área geográfica. ​​Incluso tienen la facultad de expropiar a legítimos propietarios hondureños en las zonas donde se instalen para expandir sus negocios; además, pueden establecer convenios con otros Estados y tener su propia moneda. Claramente, esta Ley violenta principios constitucionales básicos de un estado nacional independiente.

A los ojos de los auto llamados empresarios “libertarios”, conceptos como “derechos”, “democracia”, “constituciones” o “parlamentos”, son solo ideas románticas de los liberales clásicos que estorban para su sed de ganancia. Estos “libertarios” sueñan con vivir en pequeños reinados donde, como en la época del feudalismo, puedan hacer las leyes que se les antoje sin ninguna mediación “ciudadana”. La popularidad que esta modalidad está teniendo entre varios grupos imperialistas se debe a que constituye una forma segura de maximizar sus ganancias en los tiempos actuales de crisis económica mundial, sometiendo a las poblaciones a niveles de servidumbre, y potencialmente de esclavitud, bajo el cobijo de estados lacayos.

Hasta el momento se han establecido en Honduras al menos cuatro proyectos de ZEDE. Estos  son: ZEDE “Honduras Próspera” (comunidad de Crawfish Rock, Roatán); ZEDE “Ciudad Morazán” (Choloma, Atlántida); ZEDE Orquidea (San Marcos de Colón, Choluteca) y ZEDE Mariposa (ubicación aún no determinada). Sin embargo, el número real de ZEDE establecidas no se conoce con precisión y apenas se conocen algunas de las “sucursales“ que han establecido en otras zonas del pais, porque la información es manejada a nivel de Top Secret por el Estado.

Por lo anterior, el Movimiento Nacional Contra las ZEDEs y en Defensa de la Soberanía califica que este es un parto “inconstitucional, ilegal, ilegítimo, antidemocrático y antinacional que atenta contra la soberanía, la seguridad nacional, el Estado de Derecho y los derechos humanos de las y los ciudadanos de Honduras.» (Comunicado fundacional del Movimiento, 16 de junio 2021).

LOS ANTECEDENTES

El antecedente más inmediato de esta Ley, denominado Estatuto Constitucional de las Regiones Especiales de Desarrollo fue propuesto poco tiempo después del Golpe de Estado de 2009 (Decreto Legislativo 283-2010), ratificado en 2011, pero fue declarado inconstitucional por primera vez en octubre de 2012 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a que sus integrantes provenían de un periodo anterior. Este “desalineamiento” de los magistrados no subordinados provocó que el Congreso Nacional, entonces presidido por el actual gobernante Juan Orlando Hernández, destituyera irregularmente a los cuatro magistrados que votaron en contra de las ZEDE, de los cinco que conformaban dicha instancia. Luego, la ley fue modificada y aprobada una vez más en 2013, en esta ocasión sin la oposición de la Corte Suprema y en un contexto político en el que Juan Orlando Hernández asume la Presidencia de Honduras.

Antes de la pandemia, el avance de las ZEDE fue muy lento, incluso problemático, debido a que hubo un periodo en el cual del proyecto original que diseño románticamente su ideólogo Paul Romer (académico norteamericano anarcocapitalista), se pasó a su versión actual, concebida a la talla de la banda criminal narcotraficante que detenta el poder en Honduras. De hecho, Paul Romer renuncio al proyecto y paso a denunciar que este no tiene nada que ver con lo que el propuso[1]. Debido a ese conflicto y a la mala reputación ganada por el régimen de Juan Orlando Hernández a raíz de los juicios por narcotráfico a que es sometida su círculo de confianza en las cortes de Estados Unidos, hubo pocos inversionistas y países dispuestos a meterse en el asunto.

Con el ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos y especialmente con la pandemia, esto cambio. Diversos grupos imperialistas de corte “libertario” que tomaron alas en ese período, se han dado a la tarea de buscar zonas del mundo donde puedan instalar ciudadelas que prescindan de las incomodas regulaciones y tributos gubernamentales, así como de tener que reconocer derechos humanos a las personas, todo con tal de abaratar sus costos en medio del capitalismo mundial en crisis. Similares experiencias intentan instalar en Filipinas, Croacia, Estados Unidos y Sudáfrica. Incluso una conferencia internacional para promocionar esta modalidad se realizó el 16 de octubre del presente año en Mullheim, un condado de Zurich, Suiza, en la cual destaco el caso de Honduras[2], debido a la disposición del régimen narcotraficante de ceder el pais a pedazos.

Desde entonces, las ZEDE han avanzado en Honduras en un contexto en el que la independencia judicial ha sido cuestionada, la corrupción es generalizada y penetra los más altos niveles del gobierno, incluidos influyentes miembros del partido en el poder, el Partido Nacional, como fue reconocido por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) organizada por la OEA en 2015.

“También vale la pena recordar que en las ZEDE participan como directivos varios hombres de confianza de alto nivel del actual gobierno quienes desde 2014 han sido señalados en los juicios en la Corte del Distrito Sur de New York, como es el caso de Ebal Díaz, superministro de su gobierno o Ricardo Maduro Joest, ex presidente de Honduras. De hecho, el gobernante Juan Orlando Hernández, promotor de las ZEDE, es objeto de investigación por “co-conspiración de narcotráfico” en dicha corte.” (Carta por la solidaridad internacional, inédita)

EL MOVIMIENTO NACIONAL CONTRA LAS ZEDES

En los últimos meses, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE han sido objeto de rechazo generalizado en Honduras a casi una década desde que comenzaron las primeras protestas en su contra, por el año 2011, cuando se les conocía como Regiones Especiales de Desarrollo.

Para contrarrestar las propuestas más recientes de las ZEDE, diversas organizaciones ambientales, indígenas y comunitarias hondureñas formamos el Movimiento Nacional Contra las ZEDE y por la Soberanía para “defender la soberanía de nuestro territorio físico…. y reafirmar nuestro compromiso histórico de derrocar a las ZEDE”. En los últimos meses, al menos 126 alcaldes de los 298 municipios del país han rechazado públicamente las ZEDE y más de una docena de municipios han celebrado Cabildos Abiertos o Referéndums municipales, legalmente vinculantes para declarar que las ZEDE no están permitidas en sus territorios. Sin duda, se celebrarán más referendos en las próximas semanas y meses.

La condena generalizada a las ZEDE también ha llevado al Rector Nacional de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la legislación ZEDE; el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) ha manifestado públicamente que la ley ZEDE debe ser derogada; el Consejo Anticorrupción (CNA) presentó al Congreso Nacional más de 15.000 firmas de personas en oposición a las ZEDE; varias diócesis de la Iglesia Católica se han unido para condenarlos; y, por otro lado, las comunidades afectadas entregaron al Congreso Nacional una Iniciativa de Ley Ciudadana con el apoyo de más de 20 mil firmas que pide derogar la Ley Orgánica de las ZEDE, las reformas constitucionales que le dieron origen y otras disposiciones similares.

A nivel internacional, las Naciones Unidas también ha expresado su preocupación por las ZEDE como: “la falta de la consulta libre, previa e informada en las zonas en que se instaló la ZEDE Próspera; la falta de protección del derecho a la propiedad y acceso a la tierra de las comunidades locales; y la desregulación y posible privatización de los servicios públicos como la salud y educación.” La OACNUDH concluye que: “Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos, permite sugerir que el diseño constitucional y legal, así como la implementación de las ZEDE en Honduras, pone en riesgo el goce pleno de derechos humanos de todos y todas las habitantes”[3]

“Las ZEDE plantean preocupaciones adicionales: quizás una de las preocupaciones más serias, no sólo mencionada por las Naciones Unidas sino también por el Movimiento Nacional Contra las ZEDE y por la Soberanía, es que las ZEDE agravarán los conflictos de tierras de larga data, particularmente porque ya se han tomado medidas para priorizar los intereses de los inversionistas de las ZEDE tanto en el Registro Nacional de la Propiedad como en el Instituto Nacional Agrario, dos instituciones que supervisan la titulación de tierras en el país. Los conflictos por la tierra en Honduras son comunes y han dado lugar a varios abusos, incluida la violencia y el asesinato de defensores de la tierra y ambientalistas y el despojo sistémico de la tierra de muchos grupos indígenas, comunidades costeras y campesinos. Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ser ambientalista y defensor de la tierra.” (Carta a la solidaridad internacional, inédita).

Además, se teme que las ZEDE se conviertan en refugios para las actividades del crimen organizado, en particular porque los más firmes defensores hondureños de las ZEDE enfrentan serias acusaciones de tráfico de drogas y corrupción en tribunales de Estados Unidos, como fue mencionado.

ZEDES, ELECCIONES Y NUEVO GOBIERNO

En Honduras hay una opinión mayoritaria de rechazar las ZEDE, pero las discrepancias comienzan cuando se trata de establecer cómo deshacerse de este adefesio. Hay dos posturas: esperar un nuevo gobierno o fortalecer un movimiento social desde ahora para echarlas

Para muchos por ahora no se puede hacer nada más que esperar que el Partido LIBRE gane las elecciones pues, aseguran, solo desde el gobierno se podría hacer retroceder ese proyecto neocolonial. Eso suena bien y en buena medida coincido en que eso es un paso necesario, pero no es suficiente. Buscar la expulsión de este monstruo solo por la vía institucional legal, aun en el muy probable escenario de que gane la oposición en las urnas y de que ese resultado sea respetado, es un camino bloqueado por varios candados que los promotores de las ZEDE se han asegurado de cerrar muy bien.

En primer lugar, suponiendo que habrá elecciones, que estas las gane la oposición y que ascienda al gobierno –algo que solo ocurrirá si LIBRE defiende con agallas su triunfo–, existe un problema de orden jurídico: para derogar las reformas constitucionales y Ley Orgánica que dieron origen a las ZEDE se requiere dos tercios de votos favorables en el Congreso Nacional, es decir 86 votos que es muy difícil de reunir considerando que en materia de candidaturas a diputaciones los partidos van divididos y con menos posibilidades de lograr esa mayoría calificada. Pero suponiendo que se logra; la derogación de su Ley Orgánica tiene un trámite obligado por el artículo 45 que consiste en que, si la población que habita esta ZEDE es mayor a los 100 mil habitantes, solo se podrá derogar si la población de ese territorio acepta mayoritariamente dar su visto bueno a tal derogación mediante un Plebiscito o referéndum, obviamente regidas por un organismo electoral bajo control de los dueños de la ZEDE (recordemos que ninguna ley nacional es vigente en esos territorios). En ese caso sus abogados alegarían que tal derogación solo afectaría a las ZEDE nuevas dado que la Ley no es retroactiva salvo en materia penal, en cambio las ya instaladas tendrían garantizado permanecer en Honduras por 50 años. Aun cuando este alegato fuera vencido en juicio, el mismo artículo 45 les ampara para permanecer diez años más en el país, como mínimo. Es muy probable que en esos 10 años la oposición en algún momento perdería el poder y que estos neocolonizadores aprovecharían para reformar la ley de nuevo para asegurarse que no se les tocara y volveríamos al punto de inicio.

En segundo lugar, es muy probable que las ZEDE, ante la perspectiva de ser echadas del pais por este mecanismo acudan a un tribunal internacional con sede en Estados Unidos o Europa –por regla general favorables a las demandas de las transnacionales– para exigir compensaciones multimillonarias que costaran no uno sino dos ojos de la cara a las finanzas públicas, siendo menos costoso dejarlas aquí que indemnizarlas.

Ellos lo tienen muy claro; así lo expreso Joel Bomgar, presidente de Prospera:

La ZEDE es “una zona con el mayor nivel de autonomía legal, política y regulatoria que existe en la tierra. Significativamente por encima incluso del nivel permitido en Singapur, Hong Kong, Shenzhen o Dubai. Encima de eso, este marco legal en Honduras es una enmienda constitucional, lo que significa que para cambiarlo se requieren 2/3 de los votos en el Congreso, en 2 periodos legislativos consecutivos.  También están protegidos por tratados bilaterales de protección de inversores con arbitraje internacional; y por acuerdos de estabilidad jurídica y tratados internacionales durante más de 50 años”. (Joel Bomgar, traducido y citado por HN Resurge, disponible en https://www.facebook.com/HN-Resurge-107696911131900)

Por donde se mire, el camino institucional-legal, bajo las actuales reglas del juego, es el camino que más les favorece a ellos. Es un tamal que han hilvanado durante ocho años.

Pero ¿cómo fue que llegamos a este punto sin impedirlo? Cuando este proceso comenzaba, era fácil derrotarlo. De hecho, el primer intento de aprobar una ley similar en 2011 fue derrotado por la movilización de un puñado de ciudadanos(as) y unos magistrados conscientes. Pero para el segundo intento de hacer aprobar las ZEDE, no hubo ni cabeza ni gente suficiente para luchar debido a que el centro de atención principal de la oposición en ese entonces se desvió hacia el proceso electoral de 2013. “Lucharemos contra esa ley cuando estemos en el poder”, nos decían. Pero el poder no se obtuvo y tampoco se luchó después. Ahora estamos pagando su falta de voluntad de luchar contra las ZEDE cuando tuvo que hacerse, cuando este proyecto estaba en pañales, hace ocho años. Ahora la solución saldrá más cara; pero es posible, solo a condición de no cometer de nuevo ese error y de tomar medidas más radicales.

QUE HACER

La única manera de detener este proyecto monstruoso desde el punto de vista jurídico es hacer lo que hizo Cuba: hizo una revolución y derogo por decreto todas las leyes lesivas al Pueblo mediante un acto de derecho revolucionario. En el caso de Honduras, ese camino es el que debería seguir un gobierno de LIBRE por cualquiera de dos vías: 1) una Asamblea Nacional Constituyente que desconozca todo lo actuado por los anteriores gobiernos desde el Golpe de Estado, o bien, 2) por la vía de un poder popular de hecho, como una gran Asamblea Nacional Popular ante la cual un nuevo gobierno rinda cuentas. No hay otro camino.

Pero esta última solución no caerá del cielo. Si alguien cree que solo con votar por la oposición fue suficiente, está equivocado. Para asumir ese reto enorme, se requiere trabajar desde ahora el apoyo multitudinario del pueblo para que esté dispuesto a movilizarse masivamente contra la resistencia que seguramente harán sus enemigos. No basta con decirle a la gente indignada que canalice su indignación a un voto; sino que se informe, se organice y se movilice desde ya, y para eso no hay que esperar hasta el 28 de noviembre. Es ahora cuando están desalojando a nuestros compatriotas de Choloma, que se apropian de nuestras playas y que pretenden también la plataforma continental en Islas de la Bahía; es ya que están haciendo lo que quieren.

Por fortuna un grupo de hondureños y hondureñas organizaron un Movimiento Nacional contra las ZEDE y por la Defensa de la Soberanía que debe ser fortalecido. Otros compatriotas luchan por lo mismo desde otras trincheras similares. Somos decenas miles que estamos en movimiento a nivel nacional; aquí haciendo plantones y movilizaciones; allá haciendo cabildos abiertos; por allá recolectando firmas, etc. pero somos todavía un movimiento fragmentado y que no se encuentra.

No de un voto solamente sino también de nuestra capacidad de unirnos, organizarnos y movilizarnos, a pesar de nuestras diferencias, dependerá el país que tendrán nuestros hijos y nietos. Pongamos manos a la obra.

[1] PressReader.com – Digital Newspaper & Magazine Subscriptions. Disponible en:  https://www.pressreader.com/honduras/diario-la-prensa/20210531/281543703844739

[2] Puede verificarse la agenda del evento en Liberty in our Lifetime Conference file:///C:/Users/Tom/Desktop/MOvimiento%20contra%20ZEDE%202021/Liberty%20in%20our%20Lifetime%20Conference.html

[3] Las ZEDE podrían suponer serios riesgos para la garantía de los derechos humanos por parte del Estado de Honduras | Naciones Unidas en Honduras. Disponible en:   https://honduras.un.org/es/130598-las-zede-podrian-suponer-serios-riesgos-para-la-garantia-de-los-derechos-humanos-por-parte