Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-Con la firma del acuerdo de país seguro el gobierno de Honduras se propuso cedió a las presiones de los Estados Unidos y abrió una brecha de violaciones de derechos humanos para ciudadanos de otros nacionalidades (cubanos y nicaragüenses) que han venido utilizando el territorio hondureño de paso hacia la nación del norte.
La administración Trump y el gobierno de Honduras suscribieron el 25 de septiembre de 2019 en Naciones Unidas un acuerdo que permitirá a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo a Honduras. El acuerdo evitó llamarse “tercer país seguro” como estrategia para evitar el repudio colectivo, sin embargo, el fin es el mismo que alcanzaron los demás países del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala y El Salvador.
La organización Alianza Americas, que trabaja en la protección de los derechos de los migrantes en Estados Unidos, apuntó en aquel momento que “Honduras no era un país de asilo porque carecía de las mínimas condiciones de seguridad para poder acoger a personas en búsqueda de protección. “Honduras es un país que enfrenta una grave crisis política estructural derivada de un golpe de Estado en 2009 que irrumpió la frágil vida democrática del país, seguido de un proceso electoral ilegal y fraudulento sucedido en el 2018. Ambos sucesos han sido apoyados por los Estados Unidos”, dijo Óscar Chacón, director de Alianza Americas en un comunicado.
Chacón sostuvo que el acuerdo carecía de credibilidad porque resulta imposible entender cómo el país del cual provienen la mayoría de las personas centroamericanas, que buscan asilo en Estados Unidos, puede ser un país de asilo. “Honduras está inmerso en un contexto de violencia institucional y del crimen organizado”, remarcó Chacón.
Una vez los países del Triángulo Norte de Centroamérica habían firmado el acuerdo migratorio, el Departamento de Estado informó sobre la intención de reanudar el desembolso de los fondos de asistencia para El Salvador, Guatemala y Honduras.
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Un comentario
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