A pesar de los acuerdos y comisiones establecidas, la lucha por la tierra en el Bajo Aguán continúa cobrando vidas y evidenciando la negligencia estatal, según denuncias de líderes campesinos y organismos internacionales de derechos humanos
La reciente visita de la ONU pone en relieve la urgencia de medidas efectivas para proteger a los defensores de los bienes comunes y garantizar la justicia en la región
Tegucigalpa, Honduras. – La defensa de la tierra y el ambiente continúa generando violaciones a los derechos humanos, criminalización y muerte de quienes defienden los bienes comunes de intereses económicos.
El Bajo Aguán, un valle que cubre 200.000 hectáreas de tierra es el epicentro de las estas vulneraciones de las que son objeto las bases campesinas que además de enfrentarse a los agroindustriales y se enfrentan a la negligencia estatal.
Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria, recriminó que, desde la firma de la Comisión Tripartita en febrero de 2022, al menos 12 campesinos han sido asesinados y el secuestro de un líder campesino. “Creímos que hasta ahí (firma del convenio) iban a llegar las muertes de los campesinos, pero ya suman 12 asesinatos”, reprochó.
El acuerdo suscrito entre el gobierno, La Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) tenía como objetivo abordar el conflicto por la recuperación de tierras de la reforma agraria y poner un alto a la violencia.
Sin embargo, en lugar de materializar dicha comisión, en junio de 2023 el gobierno de Xiomara Castro impulsó la Comisión se Seguridad Agraria y Acceso a Tierra, que generó suspicacia por orinarse dentro del cuestionado Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), dejando de lado a grupos campesinos e indígenas.
VIOLENCIA CONSTANTE
Debido a la oposición a prácticas comerciales destructivas y extractivas de grupos agroindustriales que se han adueñado de los territorios a vista y paciencia de las autoridades estatales, la vida de los campesinos y campesinas que se oponen está en constante riesgo.
Entre 2012 y 2022, en Honduras se registraron al menos 131 asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente según un análisis de Global Witness. Un total de 70 asesinatos ocurrieron luego del crimen en contra de Bertha Cáceres en marzo de 2016. De los 131 casos, 38 eran personas indígenas, 16 afrodescendientes, 77 otros.
El análisis de igual manera señala principales causas de los asesinatos: 21 se suscitaron por proyectos hidroeléctricos, 11 por agroindustria, 11 por minería, 8 por industria maderera y 80 no han sido identificados.
Para Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, que el panorama de desprotección cada vez es más evidente. Pese a que el Ministerio Público (MP) tiene procesos de investigación abiertos por las muertes violentas, el abogado defensor de derechos humanos remarcó que “no hay resultados” en cuanto a capturas, desarticulación de bandas criminales que operan en la zona o persecución a la estructura agroindustrial que se ha caracterizado por ser corrupta y violenta.
El incremento de la violencia homicida en contra de los movimientos campesinos, pese a existir acuerdos y comisiones para Víctor Fernández remarca que “hay un fracaso en cuanto a la responsabilidad por parte de los funcionarios del Estado”. Ya que dichos acuerdos redundan en garantizar el derecho de acceso a la tierra que ha sido tomada por los agroindustriales.
Además, advirtió que de no tomarse medidas contundentes la violencia continuará. “Lo peor es que a la ausencia de justica le sigue la ejecución de nuevos hechos que configuran violaciones de derechos incluyendo el derecho a la vida”.
En ese sentido, enfatizó que más allá de los discursos de apoyo por parte del gobierno, se requieren decisiones de Estado. “Cuando se es gobierno, cuando se administra el Estado, se toman resoluciones, que deben ser coherentes con el discurso”, recalcó.
ONU VISITA EL BAJO AGUÁN
La vulneración de derechos humanos en el Bajo Aguan están a la orden del día, razón por la cual organismos internacionales de derechos humanos tienen en su agenda la problemática que enfrentan los movimientos campesinos.
Una comisión de la Organización de Naciones unidades (ONU), liderada por la coordinadora residente Alice Shackelford, realizó una gira para para conocer la realidad que viven en al acceso a salud, educación, alimentación, desarrollo sostenible y paz.
Recientemente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentó el informe Situación de los Derechos Humanos en Honduras 2023 en donde expone un panorama alarmante en Honduras, para la defensa la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente porque esta defensa “conlleva un riesgo constante para quienes la ejercen”. En ese sentido, la OACNUDH documentó 363 ataques registrados en 2023, esta violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas persistente deja evidenciada ladébil institucionalidad y falta de protección efectiva por parte del Estado
De acuerdo con Víctor Fernández, esta visita servirá para seguir evidenciado la violencia generalizada y para destacar el aumento y agravamiento de las violaciones a derechos humanos y la impunidad de los casos que han sido denunciados. Fernández detalló que sólo en el 2023 en Bajo Aguan se registraron al menos 10 asesinatos y desalojos violentos.
De igual manera el abogado, señaló que esperan que esta visita de la ONU “redunde” en la toma de decisiones del Estado de Honduras para revertir y neutralizar la violencia.
En ese sentido, llamó al Estado a instituir de manera formar para darle vida a la Comisión Tripartita cuya visión primordial es la protección de derechos humanos en el Bajo Aguán.
