Tegucigalpa, Honduras. – En los últimos años, la impunidad que ha proliferado en el engranaje policial y judicial hondureño ha llevado a que, ante la falta de efectividad en los procesos de captura y judicialización de los perpetradores de delitos vinculados con la criminalidad, las personas opten por buscar justicia por cuenta propia, reaccionando con venganza.
Lo anterior forma parte de los puntos de vista expuestos por analistas en temas de seguridad. Andrés Pavón, expresidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), explicó que el origen de este conflicto radica en las fallas de la Policía Nacional, el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, que han permitido que parte de la población, en lugar de confiar en los procesos legales, tome acciones deliberadas por cuenta propia.
“¿Qué provoca la impunidad? Que la gente busque hacer justicia por cuenta propia. Aquí se generaron cadenas de venganza increíbles. Esa venganza provocó que algunos de los que iban a ser asesinados huyeran del país. Ese, entre otros factores, provocó la notable reducción en la tasa de homicidios. El problema de violencia difícilmente se resolverá con estrategias operativas, cuando el interior de la institucionalidad está corroído”, opinó Pavón.
Pavón, quien se desempeñó como embajador de Honduras en Cuba, mencionó, por ejemplo, que de 100,000 homicidios registrados en el país en los últimos años, 92,000 permanecen en completa impunidad, es decir, el 92%. Este dato pone en evidencia el conflicto que impera en las instituciones de seguridad, investigación y justicia del país.
Aunque el dato expuesto por Pavón podría parecer extremo, coincide con los elementos encontrados por Criterio.hn. Por ejemplo, entre diciembre de 2022 y junio de 2023, cuando el estado de excepción llevaba pocos meses de implementación, se descubrió que 8 de cada 10 personas arrestadas por delitos vinculados con la criminalidad quedaban en libertad.
Es decir, aunque esos ocho detenidos quizás habían perpetrado algún delito, en los informes presentados por la Policía Nacional no había suficientes pruebas que implicaran directamente a los sospechosos. Este factor ha permitido, y continúa permitiendo, que la mayoría de las ilegalidades queden en la impunidad debido a las fallas en la investigación de la Policía Nacional al momento de realizar los arrestos.
De hecho, el estado de excepción, que pasó de ser una herramienta excepcional a una medida permanente —y, entre otros factores, inconstitucional—, ha permitido que esa misma dinámica se reproduzca en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Este último otorga sobreseimientos definitivos y provisionales no solo a criminales, sino también a corruptos, debido a la falta de evidencias.
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Con la modificación de autoridades en la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, se esperaba una alteración en la dinámica de impunidad, pero no fue así. Las actuales autoridades se comprometieron a erradicar cualquier mal que beneficie a criminales y corruptos, pero los hechos recientes demuestran lo contrario. Por ello, el abogado Joaquín Mejía propuso una depuración.
“No se puede desconocer que hay abogados buenos, pero hay una gran cantidad que son parte de las estructuras, no sólo de la corrupción, sino que también del crimen organizado, narcotráfico y que, además, por omisión se han convertido en cómplices de la impunidad”, mencionó el abogado constitucionalista.
Lo expuesto tiene sentido. Por ejemplo, el Poder Judicial no solo ha otorgado sobreseimientos definitivos a personas vinculadas con el narcotráfico, como el narcotraficante Ramón Matta Waldurraga, absuelto en diciembre de 2023, sino que también a funcionarios como el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, quien, bajo el pacto de impunidad 04-2022, fue exonerado.
De igual manera, Criterio.hn ha expuesto que funcionarios policiales que han perpetrado diversos delitos amparados en las facultades que les otorga el estado de excepción han sido premiados con sobreseimientos provisionales. Aunque esta medida no cierra el caso, lo archiva por falta de evidencias y, debido a la dinámica que arrastra el Poder Judicial, son pocos los casos que se reabren.
Según información proporcionada por el Ministerio Público, durante 2024, el Ministerio Público emitió requerimiento fiscal en contra de 10 elementos policiales. Esta acción fue tomada tras la remisión de sus expedientes por parte de la Dirección de Asuntos Policiales (Didadpol), debido a su implicación en ilegalidades de carácter penal, no solo administrativas.
Los 10 uniformados, que fueron beneficiados con sobreseimiento provisional, podrían haber aprovechado el estado de excepción para cometer diversos delitos. La mayoría de ellos enfrentó cargos judiciales por tortura, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y vejámenes.
En Honduras, la impunidad persiste como un problema que afecta la confianza en el sistema de justicia. Pese a los cambios de autoridades en las instituciones judiciales, la falta de rendición de cuentas y la corrupción continúan prevaleciendo. La impunidad se ve exacerbada por la influencia de actores políticos que manipulan el sistema judicial para proteger a individuos vinculados con delitos graves, impidiendo así que se haga justicia de manera efectiva.
Uno de los factores clave detrás de esta impunidad es el actual estado de excepción, que otorga amplias facultades a las fuerzas de seguridad y limita las garantías procesales. Aunque este estado de excepción se justifica como una medida para enfrentar la criminalidad, en la práctica ha facilitado el abuso de poder y la comisión de delitos por parte de las propias autoridades.
