Por: Joaquín Mejía Rivera
Solo basta echar una mirada a las graves violaciones a derechos humanos para comprobar que el Ministerio Público es una de las instituciones claves en la existencia de una impunidad estructural que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobrepasa el 90%, lo cual coloca a Honduras entre los 13 países con muy alta impunidad en el mundo de acuerdo con el Índice Global de Impunidad.
Para muestra un botón: De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), en el contexto del fraude electoral de 2017, la Policía Militar, la Policía Nacional y el Ejército utilizaron la fuerza letal en contra de las personas protestantes, hiriendo al menos a 60 y provocando la muerte a 22, entre ellas 2 niños.
Dos años después, “ningún caso de violación a los derechos humanos ha obtenido una “sentencia condenatoria” y la mayoría de las violaciones graves documentadas por la OACNUDH, como las ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la desaparición forzada, siguen bajo investigación; otras ni siquiera han sido investigadas.
¿Adivinen cuál es una de las razones de la impunidad en esos casos? El Ministerio Público liderado por el “Fiscal 5 estrellas”, gracias a “la debilidad en la estrategia de investigación y procesamiento” que adoptó, y a las limitaciones internas del personal y de coordinación, según la OACNUDH.
Y mientras los defensores del fiscal Chinchilla continúan alabando su trabajo, la OACNUDH denuncia que las víctimas no encontraron apoyo para acceder a la justicia y muchas de ellas, junto con los testigos, expresaron preocupaciones de seguridad para poder participar en los procedimientos judiciales contra militares y policías.
Cuánta razón tienen 9 de cada 10 hondureños y hondureñas que, en el marco del sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, piensan que el Ministerio Público defiende los intereses de los ricos, poderosos o corruptos del país.
