Por: Abelardo Medina/economista Icefi
Una de las discusiones que persiste en países subdesarrollados, está relacionada con la importancia que la inversión pública tiene en la promoción del crecimiento económico y sobre todo en la competitividad de un país. Aún, en algunos de estos países, persisten algunos funcionarios, empresarios e ideólogos que se aferran a los conceptos del vetusto Consenso de Washington, que pregonó por la disminución de la participación del aparato público en la economía, bajo el supuesto que una mayor libertad a los mercados, lograría una expansión significativa de la inversión privada y crecimientos inusuales de la producción, generación del empleo y por ende del bienestar en la población.
En el sentido más amplio, es cierto que los mercados funcionan apropiadamente cuando no existen factores ajenos que afectan la definición de los precios, logrando simultáneamente una mejor asignación de los recursos de la economía. Sin embargo, eso se cumple razonablemente bien si los mercados son competitivos, y además, las condiciones que habilitan la producción y fortalecen al capital humano que demandarán los empresarios, existen en las calidades y cantidades demandadas, por lo que los empresarios se convierten en simples tomadores de factores y condiciones; ambos aspectos que en los países de la región centroamericana no necesariamente se cumplen. De allí que, para la promoción de dichos aspectos, la participación del sector público se vuelve fundamental, dado a que salvo contadas excepciones, estas no son de interés de los empresarios en lo individual, aunque si del empresariado en colectivo.
Lo reconoce de esa forma el Índice de Competitividad Global que, formulado por el World Economic Forum (2019), destaca que para que un país sea competitivo confluyen una serie de aspectos concentrados en cuatro diferentes pilares, que incluyen los llamados factores habilitantes para el entorno de inversión y producción; el fortalecimiento del capital humano; el desarrollo de mercados y la promoción de ecosistemas de innovación. Aun cuando el sector público tiene incidencia en todos ellos, es claro que en los dos primeros vectores, la participación pública es fundamental, sobre todo si lo que se persigue es el desarrollo de condiciones generales de inversión que permitan que el país sea competitivo y avance en la producción de bienes y servicios de alta calidad y diversificación y en la generación de empleo.
Los países del mundo lo han entendido de esa forma, por lo que, independiente de la línea filosófica de su gobierno, la participación de la inversión pública se ha mantenido en altos niveles, con el propósito de promover la competitividad. Así, durante el período 2012-2016, los países del ASEAN ‒reconocidos internacionalmente por los bajos niveles de tributación y gasto público‒ reportaron un nivel de inversión pública media equivalente al 6.1% del PIB, mientras que los países de Latinoamérica registraron 3.9% del PIB y los países de la OCDE lo hicieron en 3.3% (2019); por supuesto que algunos países particulares como Hungría, Noruega y Estonia aumentaron su inversión pública hasta alcanzar 7.3%, 6.2% y 5.7% del PIB en 2020, los cuales los convierten en buenas prácticas. (OCDE, 2022; Armendáriz y Carrasco (2019)
Lamentablemente, en Centroamérica no todos los países han entendido la importancia de la inversión pública sobre la potenciación de la competitividad y el crecimiento económico, por lo que aunque con diferencias temporales y de condiciones generales, destacan Panamá y Nicaragua quienes reportaron inversiones medias en torno al 5.9% y 5.8% del PIB durante el período 2012-2016, mientras que en el otro lado del espectro, los países que reportan menores niveles de inversión son Costa Rica y Guatemala, con 2.6% y 2.9% del PIB, respectivamente; sin embargo, lo más preocupante en el comportamiento de la inversión pública en la región está en Guatemala, en donde los niveles son bajos, pero también decrecientes, como consecuencia de una política de austeridad malsana que demuestra que los gobiernos de este país han preferido reducir la contribución pública, aunque esto implique afectar el crecimiento económico y el bienestar para sus pobladores.
La contribución con respecto del PIB solo presenta una parte del problema, dado a que aunque la serie presenta aceptables niveles de inversión pública para Honduras y Nicaragua, cuando se evalúan los recursos invertidos por habitante, los resultados son diferentes. Los datos de la serie de la inversión pública por habitante para el período 2001-2016, muestran cosas interesantes como que los países que reportan menor esfuerzo público son Honduras y Guatemala con USD 79.68 y USD 91.57 respectivamente, y en donde Guatemala muestra una tendencia decreciente; pero también que Panamá realiza una inversión por habitante que equivale al doble de lo que asigna Costa Rica, a 5 veces lo que coloca Nicaragua y El Salvador, a siete veces lo de Guatemala y a nueve veces lo que Honduras invirtió en 2016; este aspecto permite explicar con facilidad, especialmente si se recuerda que la mayor parte de la inversión realizada por Panamá se ubicó en el ámbito de la infraestructura física, el porqué del crecimiento potencial mayor de dicho país, respecto al resto de la región centroamericana.
Un último aspecto a destacar es el hecho que, aun con sus limitaciones en materia de ingresos públicos ‒ que sigue siendo el principal problema fiscal de la región al lado de la corrupción en el manejo de los recursos‒, todos los países aumentaron la asignación por habitante durante el período de estudio; así Panamá la aumentó 7 veces, mientras que Costa Rica y Nicaragua la duplicaron, y con el menor esfuerzo, El Salvador, Guatemala y Honduras, fuertemente aquejados por enormes flujos migratorios de personas que no encuentran apropiadas condiciones de trabajo, por falta de inversión y productividad en sus países, apenas incrementaron en 16 años el equivalente al 63.0%; 44.0% y 22.0% respectivamente.
La inversión pública está fuertemente relacionada con el nivel de bienestar que se mide a través del Índice de Desarrollo Humano, pero también es un importante determinante en la competitividad internacional, aunque no el único. De esa cuenta, los datos presentados, permiten explicar por qué Panamá y Costa Rica son los países más competitivos de la región, dejando en posiciones muy rezagadas al resto. También, las mejores prácticas internacionales y la evidencia permiten concluir en que es urgente avanzar en el proceso de asignar más recursos a la inversión pública, los cuales deben ser ejecutados con honestidad, a fin de promover tanto la creación de condiciones habilitantes para la competitividad y la productividad, como para promover el bienestar de las y los centroamericanos.
