Por: Hugo Noé Pino
Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la Maccih, señaló, después de la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas actual, que se había perdido una oportunidad valiosa en la lucha contra la corrupción. Igual parece que sucederá con la elección del nuevo fiscal general en Honduras.
El proceso para la elección del nuevo fiscal general en Honduras se ha iniciado; con mucho tiempo de anticipación, la fuerzas que promueven la impunidad y corrupción se han preparado para tal evento. Uno de los aspectos más importante de esa preparación es asegurarse, por diferentes medios, que la propuesta de candidatos al Congreso Nacional se haga en una forma controlada a través de la Junta Proponente. Así, desde que aprobó este procedimiento, se incluyeron representantes de diversos sectores, pero asegurándose la mayoría para el gobierno de turno.
En teoría, la junta nominadora es amplia y participativa: dos representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado de Derechos Humanos, un representante del Colegio de Abogados, uno de la UNAH, otro de las universidades privadas y un representante de la sociedad civil. Además, se harán consultas con diversos sectores de la sociedad civil para escuchar sus puntos de vista y los candidatos propuestos o auto propuestos se someterán a un proceso de selección con reglas supuestamente claras. Al final saldrá una lista de cinco escogidos, dos de los cuales ocuparan el puesto de fiscal general y fiscal general adjunto, respectivamente.
En la práctica, la Junta está constituida por el presidente de la CSJ quien la preside, una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ambos elegidos en el Congreso Nacional de forma nada transparente, a través de votos secretos. El nunca bien ponderado Comisionado de Derechos Humanos, el representante que surge de las millonarias campañas financiadas en la elección del Colegio de Abogados y representantes de instituciones que dependen del presupuesto público o buscan congraciarse con el poder. Honrosas excepciones siempre tienen las reglas. En este caso, están por verse. También, la junta proponente elabora y aprueba un reglamento el cual no somete a escrutinio público y que le otorga amplia discrecionalidad en la selección de los cinco candidatos a enviar al Congreso Nacional. Prueba de ello son los criterios arbitrarios de evaluación.
El resultado será una lista conformada a la medida de los grupos de poder fácticos y con candidatos cuyo comportamiento en el pasado haya sido de incondicionalidad hacia ellos. La siguiente etapa será igualmente traumática: la discusión en el Congreso Nacional. Una vez que la propuesta de los cinco candidatos sea recibida, se activarán las acciones de aquellos (la mayoría en este caso) que se han visto amenazados por las acusaciones de la Maccih. El Partido Nacional, con sus aliados cercanos, determinará que los escogidos son aquellos que les garantice que se detendrán las acusaciones contra diputados y engavetarán algunas acciones que ya han sido anunciadas. Eso les permitirá blindarse ante acusaciones de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y otros delitos. Después de todo, ya casi se deshicieron de la Maccih que había presionado por estas acusaciones, tanto por las torpezas de Almagro, como por la oposición del gobierno de Honduras.
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Ante la presión de la cooperación internacional (porque la mayor parte de la sociedad parece no importarle la elección) existe una alternativa no muy cómoda para muchos, la continuidad del fiscal actual por otro período. Se presentarán los siguientes argumentos a favor: los juicios contra la corrupción y la lucha contra el narcotráfico; no obstante, sin desconocer algunos avances, tampoco han sido sustanciales los logros y muchos de ellos bajo presión o denuncias externas. Adicionalmente, el Ministerio Público no solamente se dedica a estos dos campos. Cabría preguntarse adónde ha estado el MP en la violación a los derechos humanos, en las acusaciones de delitos electorales, en los femicidios, en los derechos de la niñez y de jóvenes, en los altos niveles de impunidad en los homicidios, etc. Las respuestas son desalentadoras.
Los poderes fácticos actúan con la convicción de que Honduras es su hacienda particular y que pueden hacer lo que les venga en gana en cualquier momento. La elección del fiscal general, quien debe defender a la sociedad en su conjunto, así como el proceso poco transparente de su elección, son ejemplos claros de ello.
