Por: Carlos Zelaya Herrera
Después de la imposición de la Corte Suprema de Justicia, en cuyo ínterin en el Congreso Nacional, cinco personas, jóvenes todos ellos, fueron asesinadas esa noche por un escuadrón de la muerte en la colonia Hato de Enmedio, la sociedad hondureña ingresó en algo que visualizó como un pasillo en el que el pueblo no le aguarda más horizonte que la reelección del régimen ilegítimo de Juan Orlando Hernández Alvarado.
Según Casa Alianza, solo en el mes de enero 109 jóvenes fueron asesinados en Honduras; en la última semana del mes de noviembre del 2015 se registraron cuatro masacres en el país con saldo de 29 víctimas mortales. La organización humanitaria estadounidense denunció el domingo anterior la existencia en el país de escuadrones de exterminio para provocar el temor en la población e instó al gobierno a detener la “matanza” de niños y adolescentes, víctimas de la criminalidad.
La prensa local informó la semana anterior, la implicación de varios agentes de la policía en el asesinato de un miembro de una pandilla ajusticiado por sicarios en un operativo realizado en un hospital privado en donde el común denominador fue el inconfundible porte militar o policial de los hechores.
En la época más cruda del Golpe de Estado contra el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, cuando arreciaba con firmeza la resistencia popular, se dieron varios asesinatos de militantes contra la asonada golpista que hasta ahora persisten en total impunidad. La noche del lunes se registró otra masacre en la colonia Hato de Enmedio, en la que tres jóvenes perdieron la vida sin que estos hechos y mucho menos los sucedidos tras el golpe de estado hayan sido resueltos por los aparatos de disque seguridad, incrementando la impunidad y esparciendo la sospecha de complicidad del gobierno en una clase de operaciones similares a la limpieza social implantada en el régimen de Álvaro Uribe Vélez en Colombia.
Los acontecimientos en Honduras apuntan a un proceso de exterminio social para precisamente inmovilizar la protesta popular, las denuncias constantes contra la corrupción y el crimen organizado en la administración pública, como sucedió en el saqueo de más de 7 mil millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social; el pago de coimas a diputados de la oposición para favorecer la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, proceso viciado desde sus inicios por la injerencia del régimen.
En septiembre del año pasado la organización humanitaria CENIC Internacional, determinó incluir a Uribe en la Lista de Corruptos y Criminales de Lesa Humanidad para su procesamiento ante la Corte Penal Internacional (CPI), por las siguientes prácticas: Concierto para cometer crímenes de lesa humanidad siendo autor intelectual de cientos de crímenes realizados. Promocionar y alentar el lavado de dinero producto de actividades ilícitas. Encubrimiento de cientos de asesinatos.
Recibir sobornos y financiamiento de grupos delictivos. Creación, financiación y soporte de los escuadrones de la muerte. Autorizar y ordenar ejecuciones extrajudiciales masivas, asesinatos selectivos y en masa. Asociación delictuosa. Narcotráfico. Autorizar persecución a personas extrajudicialmente.
Forzar Exterminios y limpiezas étnicas. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Autorizar torturas. Financiación y promoción de actividades paramilitares. Traición a la patria (Colombia) y Conspiración política y atentar contra la soberanía de los pueblos, entre otros ilícitos que se le achacan.
Una simple apreciación indica un símil de una práctica institucionalizada en el país tras el golpe de estado de junio de 2009, algo que politólogos y cientistas sociales determinan como la “colombianización del conflicto social en Honduras. Más preocupante aún resulta del análisis del acuerdo marco que permitirá las actividades de la MACCIH a partir de este 22 de febrero, la cual viene atada de pies y manos a lo que disponga el Ministerio Público.
Según ese entendimiento, sufragado por la OEA, el gobierno de Estados Unidos y 32 millones de dólares provistos por la comunidad internacional, la MACCIH trabajará con fiscales nombrados por el Estado hondureño y con los casos que el Ministerio Público ponga a su disposición, aspecto que se erige como un bozal y una cadena para contener al perro de caza contra la impunidad y la corrupción, como hipotéticamente debería de ser.
Como bien dijo esta mañana David Romero Ellner, director de Radio y Globo TV, principal promotor del periodismo de investigación y de las denuncias de los peores casos de corrupción tras los hechos del 28 de junio de 2009, “el proyecto reeleccionista va y nadie lo detiene, porque es increíble lo que sucede en este país”, en donde el plomo flota y el corcho se hunde.
“Si la misión promovida por la OEA no logra resultados, Hernández podría llevarse otra dosis de poder popular como la que hizo caer al presidente de Guatemala”, en lo que podría ser una premonición de Alexander Main, analista asociado principal del prestigiado The New York Times en política internacional del Center for Economic and Policy Research.
