El rápido crecimiento de la deuda pública de Honduras, que ya alcanza los 18,500 millones de dólares según datos preliminares del Banco Central de Honduras, tanto interna como externa, ha convertido al servicio de obligaciones financieras en uno de los principales rubros del presupuesto, dejando poco margen para inversión productiva y desarrollo social.
Por: Doris Sánchez
Tegucigalpa, Honduras.- El crecimiento acelerado de la deuda pública en Honduras refleja decisiones de gobiernos anteriores que buscaron disponer rápidamente de recursos en lugar de planificar con cuidado y fomentar la inversión productiva.
Expertos señalan que gran parte del presupuesto se destina a pagar compromisos financieros, mientras sectores esenciales como infraestructura, educación y salud reciben apenas lo necesario. Además, la legalidad y el origen de algunos préstamos siguen generando polémica, mostrando que la deuda no es solo un número: es un factor que condiciona de manera directa las decisiones del Estado y limita la capacidad del país para desarrollarse.
En 2025, la deuda total de Honduras ronda los 18,500 millones de dólares hasta el último trimestre del año, según datos preliminares del Banco Central, una cifra que ha colocado en el centro del debate la administración de las finanzas estatales. El monto refleja una acumulación de políticas y decisiones que han profundizado la dependencia del Estado del crédito para sostener gastos básicos y compromisos permanentes.
El Banco Central de Honduras reporta que, para septiembre de 2025, la deuda externa llegó a US$9,286.2 millones, equivalentes a 242,370 millones de lempiras, lo que representa un aumento cercano a US$1,000 millones en menos de cuatro años.
Mientras que las cifras oficiales del BCH muestran que, a diciembre de 2021, el saldo de la deuda externa alcanzaba los US$8,290.7 millones, equivalentes a L 201,464 millones. Este monto refleja los compromisos acumulados a lo largo de distintos periodos de gobierno.
El BCH reporta que, en los años posteriores la deuda continuó expandiéndose hasta llegar a aproximadamente US$7,800 millones, cifra cercana a los 200 mil millones de lempiras, consolidando una carga significativa sobre el presupuesto nacional.
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Criterio.hn entrevistó al economista Martín Barahona quien explicó que, después de 2009, el saldo de la deuda aumentó hasta US$2,136 millones, marcando el inicio de una escalada que no estuvo respaldada por un crecimiento equivalente en la inversión productiva ni en la capacidad fiscal del Estado.
Barahona manifiesta que “la primera medida que debería tomar el Estado de Honduras es desacelerar el ritmo del endeudamiento. No se puede seguir endeudando al país a la misma velocidad voraz con la que lo hicieron los gobiernos de Pepe Lobo, Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro. Es necesario bajarle al ritmo de contratación de deuda. En segundo lugar, se debió haber salido de ciertos compromisos. En el caso del actual gobierno, se perdió la oportunidad de manejar adecuadamente el tema de la deuda odiosa. Esa es la deuda contraída por gobiernos que actuaron fuera del marco constitucional, particularmente durante el segundo periodo de Juan Orlando Hernández”.
Asimismo, cuestiona que el gobierno actual debió haber impulsado una renegociación de esa deuda. Eso no significaba dejar de pagar, sino someterla a un procedimiento técnico y jurídico riguroso que permitiera renegociar plazos, tasas de interés y condiciones. Sin embargo, ese proceso requería tiempo y voluntad política. En lugar de eso, se optó por seguir pagando para mantener el crédito abierto, quedar bien ante el Fondo Monetario Internacional y garantizar nuevas fuentes de financiamiento. Con ello se perdió esa oportunidad, que ya no es recuperable para los próximos gobiernos.
En términos generales, para manejar mejor el endeudamiento público, además de desacelerar su crecimiento, es necesario cumplir los compromisos para avanzar en el desendeudamiento, priorizar una mayor inversión pública productiva y realizar una readecuación total del gasto público. El gasto debe ser de mejor calidad, con prioridades claras, presupuestos bien elaborados, acompañados de liquidaciones, evaluaciones y alineados con las verdaderas necesidades del país, evitando el despilfarro.
Barahona explica que, en cuanto a la sostenibilidad de la deuda, si se analiza únicamente el coeficiente deuda/PIB que ronda entre el 45% y el 50%, podría parecer que no hay un problema grave. Sin embargo, ese indicador es superficial y oculta la realidad. Lo relevante es cuánto representa el servicio de la deuda dentro del gasto público total.
Actualmente, el pago del servicio de la deuda ronda los 70 mil millones de lempiras anuales. En 2012 y 2013 era de unos 30 o 35 mil millones, luego aumentó a 50 mil millones durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández y ha seguido creciendo. Para los próximos gobiernos, los compromisos pendientes implicarán cifras aún mayores.
También menciona que, la Constitución de la República, en su artículo 356, establece claramente que solo se reconocerá la deuda contraída por gobiernos regidos por la Constitución. Aquellos que la violan generan una deuda que puede considerarse odiosa. Quienes prestaron dinero durante ese periodo incluida la banca privada a través de bonos soberanos asumió un riesgo y actuaron con imprudencia, porque sabían que se trataba de un gobierno ilegítimo. Aun así, calcularon que el país terminaría pagando, y no se equivocaron.
El marco constitucional hondureño establece límites claros sobre la responsabilidad del Estado frente a la deuda pública Cualquier norma o acto contrario a lo dispuesto en este artículo, hará incurrir a los infractores en responsabilidad civil, penal y administrativa, que será imprescriptible. Esta disposición constitucional introduce un criterio de legalidad y legitimidad sobre la deuda, al establecer que la garantía estatal solo aplica a compromisos asumidos por gobiernos constitucionales y conforme a la ley.
ENDEUDAMIENTO EN HONDURAS: CRECIMIENTO CONTROLADO, PRIORIDADES SACRIFICADAS
Es evidente que el Estado seguirá necesitando préstamos, pero estos deben contratarse en mejores condiciones, con tasas de interés más bajas y de carácter concesionario, y deben destinarse a proyectos productivos que generen rendimientos. Por ejemplo, proyectos de energía eléctrica que, una vez concluidos, generen ingresos suficientes para pagar los préstamos sin recargar otras áreas ni sacrificar prioridades sociales.
Respecto a las causas del rápido endeudamiento, no es un fenómeno exclusivo de Honduras, pero en el país se acentuó especialmente a partir de 2012. El endeudamiento creció aceleradamente por el afán de los gobiernos de tener dinero disponible para gastar, atender clientelas políticas, ganar poder, favorecer grupos específicos y ejecutar proyectos sin una adecuada planificación.
Este crecimiento se dio tanto en la deuda externa como en la deuda interna. La deuda interna, que suele recibir menos atención pública, comenzó a crecer de manera acelerada tras el golpe de Estado, primero con el gobierno de facto y luego durante el gobierno de Pepe Lobo, mediante el endeudamiento con acreedores internos.
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El economista José Melchor Rodríguez Alvarenga enfatizó que, en años anteriores el país se fue endeudando entre 2 mil y 3 mil millones de dólares, pero no se observaron mejoras en ninguno de los aspectos principales, ni tampoco una reducción de la pobreza. En cambio, en este periodo de gobierno sí se tuvo una leve reducción de la pobreza. Es cierto que no se logró mejorar el nivel de ingresos, pero aun así se registró una disminución de la pobreza, lo cual genera preguntas y cuestionamientos en la población.
Sin embargo, el economista destaca que “la deuda pública de Honduras en este periodo de gobierno 2022-2026 tuvo, hasta 2024, una reducción de casi 4 puntos. Posteriormente hubo un incremento en 2025, pero en comparación con 2023 aún se mantiene una reducción de 2 puntos. Este periodo es el que menos deuda ha adquirido en comparación con los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando”.
Rodríguez Alvarenga, cuestiona que mucha gente se pregunta cómo es posible reducir la pobreza si al mismo tiempo hay más desempleo. La respuesta está en otros mecanismos, como los programas sociales y la mejora del acceso a educación, vivienda y mejores condiciones de vida dentro de los hogares. También se trabajó en aspectos como la mejora de caminos y otros servicios básicos. Además, ahora la pobreza se mide desde un enfoque multidimensional, lo que permite reflejar avances en varias áreas. En ese sentido, el endeudamiento alcanzado en los últimos años ha contribuido a financiar este tipo de intervenciones.
Lo que explica este crecimiento es la mala administración de los recursos propios, la limitada recaudación tributaria debido al bajo crecimiento económico y la búsqueda de mayor “espacio fiscal”, entendido en la práctica como mayor holgura para gastar sin disciplina.
La deuda además genera un círculo vicioso. Los gobiernos que la contraen no son quienes la pagan, porque se trata de obligaciones a mediano y largo plazo que recaen sobre gobiernos futuros. Esto reduce la responsabilidad política, porque quienes se endeudan saben que no enfrentarán directamente el costo de pago.
Con el tiempo, el servicio de la deuda absorbe una porción creciente del presupuesto público, lo que reduce los recursos disponibles. Ante esa presión, los gobiernos optan por endeudarse aún más, profundizando el problema.
El servicio de la deuda es hoy uno de los principales rubros del gasto público, sólo superado por la masa salarial, en gran parte debido a la contratación masiva de personal con fines de clientelismo político. Por eso, la sostenibilidad de la deuda hondureña es más aparente que real. Se puede seguir pagando, sí, pero a costa de sacrificar otras áreas clave, especialmente la inversión pública productiva.
Aunque el gobierno ha hablado de una inversión pública histórica, en realidad ha incluido gastos como bonos, subsidios y otros rubros maquillados. Si se analiza únicamente la inversión pública productiva, infraestructura, carreteras, represas, riego, escuelas y hospitales, esta no supera los 20 mil millones de lempiras anuales, una cifra claramente insuficiente.
La razón es que gran parte del presupuesto ya está comprometida en tres grandes rubros: el pago del servicio de la deuda, la masa salarial y las transferencias obligatorias, que incluyen aportes al Seguro Social, universidades, sector descentralizado y municipalidades. Todo esto deja muy poco margen para invertir en el desarrollo productivo del país.
El crecimiento del endeudamiento ha venido acompañado de un deterioro en las condiciones financieras, con mayores riesgos asociados a tasas de interés variables y a plazos que incrementan la presión sobre el servicio anual de la deuda.
Tanto los datos del BCH como los análisis de los expertos coinciden en que la deuda se ha convertido en un factor estructural que condiciona las decisiones fiscales, obligando al Estado a priorizar el pago de obligaciones financieras sobre otras necesidades presupuestarias.
En este escenario, el debate sobre la deuda pública en Honduras trasciende el volumen total y se centra también en su origen, su uso y su legalidad, aspectos que, según el marco constitucional y los datos oficiales, seguirán siendo determinantes para la estabilidad financiera del país.
