Por: Víctor Meza
“Honduras tiene derecho a una nueva derecha”, le dije al enviado de Estados Unidos durante las negociaciones que se llevaban a cabo en octubre de 2009, de cara a una eventual reversión del golpe de Estado del 28 de junio de ese mismo año. Había leído una frase parecida en la prensa española y me parecía adecuada para aplicarla, vía parodia, a la derecha criolla.
La expresión, que podía parecer un simple e ingenioso juego de palabras, encerraba, sin embargo, un significado mucho más profundo, especialmente para Honduras en un momento tan crucial y dramático de su historia moderna. Las élites más conservadoras del país, aglutinadas férreamente en torno a su apoyo decidido al golpe de Estado, entorpecían las negociaciones y erigían barreras por doquier para impedir llegar a una solución medianamente aceptable. En nombre de un anticomunismo tan fiero como desfasado, los golpistas de entonces se asumían a sí mismos como si fueran los últimos guerreros en la batalla final frente a las hordas bolcheviques, revividas a la sombra de un tal comandante Chávez. No era fácil dialogar con esos energúmenos, los mismos que estaban detrás y presionaban sin descanso a los representantes del golpe de Estado en la mesa de negociaciones. “Esas personas todavía no son ni siquiera anticomunistas reales, no alcanzan ese estadio de conciencia política, le continué diciendo al azorado representante de Washington, seguramente lo serán dentro de algunas décadas, en el lejano futuro, cuando hayan logrado salir finalmente de la caverna ideológica en la que hoy habitan…”
Hoy, cuando es evidente que existen personas interesadas en descarrilar el proceso electoral en marcha, no puedo menos que remover esos cercanos recuerdos y acudir a las lecciones aprendidas entonces. Más que una derecha dialogante y sensata, ilustrada y moderna, la sociedad hondureña padece los desmanes de pequeños clanes familiares o políticos, que tienen como denominador común su desmedido amor por el dinero y el afán inocultable por acumularlo en sus manos. Ni siquiera son adversarios ideológicos. Su ideología, cuando creen tenerla, no va más allá de unas cuantas consignas, repletas de lugares comunes y falsas repeticiones.
En la medida que los clanes acumulan y centralizan los hilos del poder público, en esa misma medida se intensifica su tendencia al autoritarismo político, revestido de un presidencialismo tan excesivo como peligroso. La acumulación de poder conduce a la acumulación burocrática de capital mal habido. Las nuevas fortunas no se conforman en ningún proceso productivo sino en los rincones clave del aparato estatal. Por eso es que la centralización burocrática del Estado deviene en la contraparte irremediable y necesaria de la descentralización tantas veces anunciada.
La situación se agrava cuando a la acumulación burocrática de poder político y control económico, se suma la remilitarización del Estado. El poder de las armas es una tentación permanente para acudir a la represión política como fórmula inmediata de solución social. El que concentra poder con el respaldo castrense, más temprano que tarde desemboca en la tentación represiva y la violencia estatal.
Los que, ya sea en forma velada o de manera abierta y descarada, se oponen a la realización de elecciones generales en noviembre próximo, están jugando con fuego. Ellos son los mismos o los descendientes directos de aquellas primitivas élites que promovieron, financiaron y apoyaron la ruptura constitucional del 28 de junio del 2009, y siguen, por lo visto, atrapados en los túneles oscuros de la caverna ideológica en que sobreviven.
Impedir las elecciones y prolongar el dominio autoritario del régimen actual, equivale a reabrir la puerta de la convulsión política y social, a la vez que cerrar la única posibilidad que tenemos para superar el conflicto político y buscar, en el marco de un nuevo gobierno, la salida segura de la peligrosa crisis que se avecina. No dejemos que los cavernarios de ayer, reciclados en los clanes familiares y políticos de hoy, nos impongan su voluntad y designio.
