Por: Rogelio Velázquez
En México, Centroamérica y Colombia, se cuentan por decenas los muertos que han luchado contra los distintos proyectos hidroeléctricos que buscan construir presas en su territorio; y al menos 41 defensores de los ríos han sido asesinados desde 2005 hasta la fecha.
Guatemala encabeza la lista con 13 homicidios, le sigue Honduras con nueve, México con ocho, Colombia con siete y Panamá con cuatro. Los datos se basan en una investigación, presentada en marzo pasado, realizada por la organización GeoComunes, en colaboración con el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Latinoamericana Contra Represas.
El documento señala que los proyectos de presas en América Latina representan un jugoso negocio en su etapa de construcción, y en la producción y privatización de la energía, ya que se vincula directamente con la actividad minera. Muchas de la empresas involucradas en estos proyectos son transnacionales.
Entre los planes a los que se enfrentaban los ambientalistas, destaca Agua Zarca, al cual se oponía la líder indígena hondureña Berta Cáceres, cuyo asesinato, cometido el pasado 3 de marzo, desató críticas internacionales contra el gobierno de ese país. Del mismo modo, Irene Meza William, Jacobo Rodríguez Maycol y Ariel Rodríguez García, fueron asesinados en 2014 después de oponerse al mismo proyecto. No es el único proyecto en ese país, también destacan Presas Intubucá, Aurora, Las Minitas y los Encinos.
En Guatemala, el proyecto Hidro Santa Rita está involucrado con seis muertes de ambientalistas y el llamado Unión Fenosa, con tres. Pero también resaltan los nombres de otros desarrollos hidroeléctricos como Canbalam y Caparjá.
‘Pretenden apoderarse de todo el territorio mesoamericano’.
En el caso de México se mencionan tres muertes, las de Tomás Cruz Zamora, Eduardo Maya Manrique y Benito Cruz Jacinto, cuyos homicidios ocurrieron en 2005, 2006, y 2007, respectivamente, y están relacionados con la construcción de la presa La Parota, en el estado de Guerrero, una de las entidades con los índices de pobreza más altos en el país. En los otros casos se encuentran involucrados El Cajón, El Naranjal, Los Picachos, Cuamono, y Cerro de Oro.
En Colombia y Panamá, resaltan los nombres de Barro Blanco, Besotes, Hidrosogamoso, Urra I, e Hidroituango.
La investigación señala algunas empresas que invierten en el sector energético de algunos de esos países, como la brasileña Odebrecht — cuyo expresidente ejecutivo Mauricio Odebrecht está sentenciado a 19 años de prisión por un caso de corrupción en ese país — , o las españolas Abengoa, Hidralia Ecoener, e Iberdrola Gas Natural Fenosa, entre otras.
Asimismo, señala que los proyectos se benefician del apoyo económico de varios bancos europeos, tales como: DEG de Alemania, FMO de Holanda, Finnish Fund for Industrial Cooperation de Finlandia y SIFEM de Suiza; así como del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica.
‘Los proyectos conllevan riesgos económicos, ambientales y sociales considerables’.
Mónica Montalvo, integrante de MAPDER señala en entrevista para VICE News que no sólo es la cuestión de los asesinados, sino también de los presos por luchar en contra de las represas como el caso de Barillas, Guatemala.
«Es importante exigir a las empresas que costean los proyectos y a las bancas internacionales que detengan el financiamiento a éstos. Tenemos conocimiento de que incluso Carlos Slim [el mexicano ubicado en el top tres de los más ricos del mundo según la revista Forbes] ya está generando proyectos energéticos en la sierra norte del Estado de Puebla, México, a través de la Minera Espejeras, que sumados a los existentes pretenden apoderarse de todo el territorio mesoamericano», señala la ambientalista.
En el caso de México, añade Montalvo, «vemos que el estado crea mecanismos institucionales ilegales para que las empresas tanto nacionales como transnacionales puedan explotar los recursos naturales sin el control de las comunidades y sin respetar los derechos humanos de éstas; lo que significa que legalizan el despojo territorial».
En ese sentido, «los estados nacionales también están involucrados con los asesinatos, al menos por la omisión en su actuar que permite que sigan ocurriendo. La presas son grandes negocios que no tienen una utilidad pública, y lo que hace el estado es criminalizar la protesta y amenazar a los que se atreven a cuestionarlos».
Asimismo menciona que para que deje de ocurrir esta situación se necesita respetar el derecho de las comunidades para decidir sobre su territorio, y que las empresas gestionen sus proyectos sin que implique eso la violación de los derechos humanos; además debe haber justicia en estos casos para que no haya impunidad. «La sociedad también debe exigir que esto se frene porque los defensores de los ríos no solamente luchan por sus lugares, sino para exigir políticas sobre recursos humanos que beneficien a toda la sociedad».
El documento explica que a partir del lanzamiento en 2008 del Proyecto Mesoamérica [en el que trabajan en conjunto México, Colombia y Centroamérica, y cuyo objetivo es facilitar la gestión y ejecución de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes] ha habido un aumento drástico en la construcción de represas que privatizan el agua y la energía, por ello los pueblos se ven en la necesidad de defender sus tierras y ríos.
Finalmente, señala que «las presas son presentadas como soluciones para combatir el cambio climático y reciben importantes apoyos económicos para su financiamiento, pero no son proyectos sustentables de energía limpia, son proyectos de muerte tintados de sangre que destruyen la naturaleza, desplazan pueblos, y provienen de intereses privados».
De lado contrario, el Banco Mundial explica que cuando se diseñan de manera correcta los proyectos hidroeléctricos pueden entregar beneficios que van mucho más allá de la seguridad hídrica y energética. «Además, propician inversiones en caminos, infraestructura social, comunicaciones y capacitación en habilidades para apoyar el desarrollo económico local o regional, y también pueden generar energía para operaciones industriales manufactureras y comerciales que generan empleos».
En un reporte titulado Energía hidroeléctrica: Panorama general, la institución internacional menciona que desde 2003 ha contribuido con al menos 9.200 millones de dólares para generar 16 gigavatios de energía hidroeléctrica, y durante los últimos cinco años han cubierto el 55 por ciento de los costos en los proyectos que financió.
En ese sentido, advierte que «los proyectos conllevan riesgos económicos, ambientales y sociales considerables», por ello ha elaborado políticas de salvaguardia que muchos utilizan para abordar y reducir impactos sociales y ambientales potencialmente adversos. Y en colaboración con los gobiernos clientes, en los distintos proyectos «incluye normalmente procesos de consultas, distribución de beneficios e inclusión de los pueblos indígenas».
