Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) emitió un comunicado este lunes en el que manifestó que desconocían las irregularidades de los exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sobre la denuncia de corrupción en la asignación de contratos en donde se favoreció a un sector.
Esta mañana representantes de Transparencia Internacional Honduras presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de los exdirectivos y exfuncionarios de la ENEE y CREE, respectivamente, por supuestas irregularidades en la asignación de contratos a generadores.
En un comunicado, la CREE reconoció que muchos de esos contratos sí fueron otorgados, pero culparon a la ENEE por las acciones corruptas que de ahí se deriven.
En el comunicado se lee que la CREE “conoció este acuerdo hasta el pasado 12 de octubre del 2020” adjunto a una consulta de opinión presentada por la comisión interventora de la ENEE relacionado con unos contratos resultantes de la licitación pública LPI-100-009/2017.
“La CREE está haciendo el análisis correspondiente para dar respuesta formal a esa solicitud”, establece otro fragmento del comunicado.
Además, la Comisión Reguladora señaló que la ENEE suscribió ese acuerdo de prelación de pagos en octubre del 2018 sin la participación, ni conocimiento de la CREE.
“Un acuerdo que contenga condiciones preferentes de pago a un solo grupo de agentes del sector podría afectar negativamente la competitividad y sostenibilidad del sector dada la crítica situación financiera por la que atraviesa la ENEE”, agrega el comunicado.
Carlos Hernández, de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), indicó ante varios medios de comunicación que se presentaron más de 30 líneas de investigación al Ministerio Público, al tiempo que denunció que se concedieron contratos irregulares y pagos privilegiados a generadores de energía.
La denuncia contiene nombres y apellidos de quienes firmaron esos contratos. Impulsados, algunos, desde el Congreso Nacional, mientras que otros contratos no pasaron por el hemiciclo Legislativo, sino que se firmaron directamente. La investigación y denuncia comprende a administraciones del Gobierno de Honduras de los últimos ocho años y, en algunos otros casos de corrupción, desde 2006.
