Por: Redacción CRITERIO
El funcionario participó hoy en la promulgación de la Ley de Fiscalización y Financiamiento de Partidos Políticos.
Tegucigalpa.-“La corrupción se ha transformado en una especia de privatización del Estado, de secuestro de los poderes públicos por parte de unos pocos que disponen de lo que es de todos, a su arbitrio y con un sentido patrimonialista y utilitario”.
En esos términos se expresó esta mañana el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al participar en la promulgación de la Ley de Fiscalización y Financiamiento de Partidos Políticos, conocida como “ley de política limpia”, una normativa impulsada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y aprobada por el parlamento hondureño el 20 de octubre del año pasado.
Almagro dijo además que los gobernantes y políticos se vuelven, directa o indirectamente, en explotadores de otros ciudadanos, que han confiado en ellos la administración de los bienes públicos que son de todos.
“En estos procesos los que pierden siempre son los más pobres: cada lempira malversado significa menos medicinas, menos alimentos, menos salud, menos educación; y más desigualdad y precariedad económica y social”, expreso el funcionario internacional.
A juicio del secretario general de la OEA, las prácticas corruptas de los gobiernos tienen su inicio en los procesos electorales, mediante las campañas “cuando los intereses desleales se personifican, y quienes tienen el poder generan en ocasiones turbios nexos para conservarlo, y quienes lo buscan dan a cambio a sus valores y su dignidad, en una lamentable ecuación donde el fin justifica los medios”
“Ley de política limpia”
El secretario general de la OEA, recordó que la “ley de política limpia” fue aprobada gracias al voto de la mayoría calificada de los legisladores, y a la vez señaló que ésta normativa cuenta con herramientas que harán que las campañas electorales y los partidos políticos sean más transparentes y exista una correcta rendición de cuentas y se evite que dinero incierto e ilegal ingrese a la política.
Consideró que la ley es como una vacuna del sistema político hondureño, ante la grave enfermedad que representan las malas prácticas financieras electorales y el cómplice silencio de quienes miran hacia el costado, aceptando las reglas de juego.
Ilustró que de ahora en adelante y a través de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, todos los precandidatos, candidatos, alianzas y partidos políticos están obligados a declarar cada lempira que reciban y gasten tanto en procesos electorales como periodos ordinarios.
Asimismo existirán límites en los gastos de campaña, así como en las aportaciones de personas naturales y jurídicas y se crean figuras jurídicas que se podrán invocar cuando se compruebe ante autoridad competente la participación de dinero ilícito en campañas electorales, provocando ello la nulidad de la elección.
La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, que contempla la ley, cuenta con la facultad de levantar el secreto bancario cuando se descubran operaciones sospechosas.
La corrupción es un mal endémico de las democracias contemporáneas. Deteriora la cohesión social, destruye la confianza en las instituciones y reduce la Política a una simple actividad primitiva de saqueo que conduce al desencanto popular: Luis Almagro.
ABUSOS
Desde el 2014 por gestiones del presidente Hernández, en Honduras existe la Ley de Fomento y Promoción de las Comunicaciones, que permite que los medios de comunicación canjeen la publicidad gubernamental a cambio del pago de impuestos, canon, servicios públicos y/o cualquier otra obligación fiscal.
En virtud de lo anterior, la ley establece la suspensión de publicidad estatal durante el periodo electoral hasta la jornada de elecciones. Esto implica favorecer la igualdad de condiciones entre todos los candidatos.
Desde julio de 2014, en Honduras entró en vigencia la “ley de secretos” que blinda la información hasta por 25 años en 14 instituciones del Estado y la clasifica en secreta, ultrasecreta y reservada. La MACCIH ha pedido al Parlamento la derogatoria de esta ley al considerarla lesiva para la democracia y contraproducente para la aplicación de la “ley de política limpia”.
La Misión de la OEA impulsó la creación de la Ley de Fiscalización y Financiamiento de Partidos Políticos, en virtud que el presidente, Juan Hernández, admitió en junio de 2015 que parte de los fondos saqueados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fueron destinados a su campaña política de 2013.
La promulgación de la “ley de política limpia” se llevó a cabo en Casa de Gobierno ante la presencia del presidente hondureño, Juan Hernández; y los presidentes del Congreso Nacional y Corte Suprema de Justicia, Mauricio Oliva y Rolando Argueta, respectivamente.
Asimismo, el fiscal y el vocero de la MACCIH, Manuel Garrido y Juan Jiménez Mayor, respectivamente y miembros de la sociedad civil.
El presidente Hernández dijo que la nueva ley evitará que los partidos políticos reciban fondos provenientes del crimen organizado, narcotráfico y de otros orígenes ilícitos.
