La conducta del presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, ha generado un amplio rechazo por emplear símbolos y discursos que profundizan la violencia y polarización electoral
Analistas cuestionan la responsabilidad ética y política de los líderes que legitiman la violencia como estrategia de campaña, advirtiendo sobre el grave impacto que estas prácticas tienen en la convivencia democrática y la confianza ciudadana
Tegucigalpa, Honduras. – La política hondureña se ha transformado en un espacio marcado por expresiones cada vez más violentas. El episodio más reciente involucra tanto a militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) como al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras.
En actos separados, ambos bandos recurrieron a la exhibición de ataúdes como alegoría de la “muerte” de sus adversarios: militantes de Libre lo hicieron en referencia a Contreras, mientras que el propio dirigente liberal presentó ataúdes con imágenes de figuras de Libre y el Partido Nacional, destacando la figura de la candidata Rixi Moncada. Estas acciones, lejos de contribuir a un debate democrático, profundizan la violencia y la polarización que ya afectan el proceso electoral en Honduras.
Consultado al respecto, el analista político Héctor Soto señala que “los liderazgos políticos tienen toda y la absoluta responsabilidad en escalar o desescalar la violencia política y en ese sentido lo que estamos viendo es que en este escenario de polarización los partidos políticos vienen en un aumento de esa sensación de confrontación”.
De igual manera, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como Padre Melo, criticó –en su cuenta de X— el uso de símbolos de muerte y violencia en el actual proceso electoral. “Usar motivos de muerte y violencia en una campaña política, como lo hizo el alcalde de San Pedro Sula, es lo más contradictorio con la construcción de democracia”, advirtió el religioso.
En su mensaje llamó a la ciudadanía a no normalizar tales expresiones y pidió “salvar la salida pacífica electoral, repudiando todo símbolo violento”, enfatizando la urgencia de evitar que la contienda política siga alimentando la confrontación social.
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UNA TEATRALIZACIÓN PENOSA Y PELIGROSA
Aunque fueron militantes de Libre quienes inicialmente protagonizaron la polémica al desfilar con un ataúd en alusión a Roberto Contretras, la reacción del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), ha generado críticas y cuestionamientos sobre el tono que imprimen los líderes partidarios al debate democrático.
Contreras, en un intento de justificar publicó en sus redes sociales “Aclaración: ustedes iniciaron la campaña de los ataúdes”.
Héctor Soto lamenta la teatralización de la muerte de un adversario político. “En el caso del alcalde de San Pedro Sula (Roberto Contreras), toma un matiz mucho más fuerte porque hay un sentido de humor y de perversidad alrededor de la caracterización o la teatralización de la desaparición física y muerte de un adversario político. Esto ya es penoso, no solo porque se trata del candidato alcalde del Partido Liberal, sino también de su presidente”.
El analista advierte que ese gesto transmite un mensaje peligroso hacia la sociedad y al interior del Partido Liberal. “Lo que es posible o no es posible a lo interno del liderazgo lo define quien lo encabeza”.
Soto recuerda que San Pedro Sula ha superado años de ser catalogada como una de las ciudades más violentas del mundo, y subraya la obligación de los líderes de “apaciguar la confrontación y la violencia electoral”.
Además, el analista político advierte que el liderazgo político está perdiendo la oportunidad de contribuir a un clima menos hostil y resalta que a este tipo de teatralizaciones lo reviste un matiz especialmente grave al provenir de la máxima autoridad del Partido Liberal.
“Cuando quienes encabezan instituciones partidarias responden con el mismo tono o con un lenguaje que se acerca a la amenaza, envían el mensaje de que la violencia es un recurso válido en la competencia política”, opinó un analista consultado por Criterio.hn.
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EL ACTO DE CONTRERAS Y LOS LÍMITES LEGALES
El exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, lamentó que figuras públicas como Roberto Contreras, presidente del CCEPL, recurran a estrategias que transgreden los principios de ética política: “Él asume más responsabilidad por ser dirigente; quien ocupa un cargo debe mantener su integridad, eso ya entra en el terreno ético”.
Aguilar recordó que la ley prohíbe a los partidos políticos denigrar, descalificar u ofender a otros partidos o personas, y que el Artículo 115 de la Ley Electoral establece claramente la prohibición de utilizar expresiones que dañen la imagen, el honor, la dignidad o la intimidad de cualquier persona, organización o candidato. Además, quienes infrinjan estas disposiciones pueden ser sancionados con multas de cinco a veinte salarios mínimos, e incluso responder por responsabilidades penales.
Sobre el actuar institucional, Aguilar subrayó: “La fiscalía puede actuar de oficio en casos de violación de la ley electoral y violencia política; ya no es el CNE, sino el Ministerio Público quien investiga y el Poder Judicial quien sanciona”. Recalcó que toda persona, tenga el cargo que tenga, responde individualmente ante la ley.
Por otro lado, Soto señala que, aunque la ley habla de sanciones, algunas inhabilidades y multas, en este caso “la mayor condena que está recibiendo Roberto Contreras no es tanto por lo que diga el Tribunal de Justicia Electoral o el Consejo Nacional Electoral, sino por cómo lo han retratado las redes sociales y los medios de comunicación”.
En su visión, la falta de presupuesto y fortaleza institucional limita a las autoridades a deducir las responsabilidades y “puede empantanar aún más el proceso electoral”. Por ello, insiste en que la solución está en el “juicio moral y ciudadano, y la capacidad que tenga Contreras de entender que estas cosas no gustan a la mayoría de los votantes”.
De acuerdo con el Observatorio de la Democracia de la Red de Defensa de la Demoracia, desde las elecciones primarias se han interpuesto 70 recursos de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral; sin embargo, de los 41 recursos que han sido admitidos, solo cuatro han recibido sentencia por parte del TJE, lo que evidencia una efectividad jurisdiccional del 9.7%.
