Por: Jos Midas Bartman
ÁMSTERDAM – Una macabra novela de suspenso político tuvo lugar hace poco en la provincia filipina de La Paragua, una isla conocida principalmente por su rica biodiversidad y sus playas prístinas. El 9 de mayo, Joel T. Reyes, supuesto cerebro del asesinato en 2011 del famoso locutor de radio Gerry Ortega, volvió a postularse para gobernador. Si Reyes ganaba, eso hubiera limitado las posibilidades para la familia de Ortega de lograr que se hiciera justicia por el asesinato. Afortunadamente para ellos, perdió.
Aunque las situaciones como el asesinato de Ortega pueden parecer extremas, son más frecuentes de lo que muchos creen. Las elites autoritarias subnacionales, como Reyes, con el apoyo de un entorno político que suele garantizarles impunidad, son la amenaza más letal para los periodistas.
Ortega recibió un disparo mortal después de acusar públicamente a Reyes, gobernador de La Paragua entre 2002 y 2011, de malversación de fondos. Todos los miembros del escuadrón de la muerte pronto fueron arrestados y confesaron el asesinato, pero a pesar de la sólida evidencia que indicaba que Reyes había ordenado el asesinato, los fiscales no lo acusaron.
El intermediario en la confabulación, Rodolfo Edrad, señaló a Reyes como el autor intelectual y recibió protección como testigo. Sin embargo, los fiscales no pudieron confirmar el testimonio de Edrad y decidieron que los mensajes de texto que Reyes le envió poco antes y después del asesinato —entre ellos uno que decía «Con suerte, para cuando vuelva, el problema habrá desaparecido»— no se podían usar como evidencia porque «los presentaron a destiempo».
Después de eso hubo una batalla legal entre Reyes y la familia de Ortega que se extendió durante una década. Un nuevo equipo de fiscales aceptó el mensaje de texto como evidencia y retomó el caso, después de lo cual Reyes huyó a Vietnam. Aunque un tribunal de apelaciones dictaminó luego que el segundo panel de fiscales no era legítimo, una nueva judicatura de ese mismo tribunal ordenó en 2019 que continuara el juicio.
Pero se suprimió temporalmente la orden judicial para el arresto de Reyes, emitida en 2021, lo que le permitió postularse como gobernador. Mientras tanto, la familia de Ortega, sus abogados y la Oficina del Procurador General solicitaron formalmente a la Corte Suprema que disponga el arresto inmediato de Reyes, algo que contó con el apoyo de las organizaciones mundiales para la libertad de prensa.
Que Reyes sea juzgado o no tiene importantes implicaciones para la libertad de prensa en Filipinas. Actualmente, el país está en el puesto 147.° del Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, principalmente por la falta de seguridad para los periodistas. La impunidad generalizada y la impunidad parcial por los asesinatos son problemas de seguridad que incumben a todos los periodistas en Filipinas.
Las organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas expresaron su preocupación por el posible impacto sobre la libertad de prensa de la reciente victoria en las elecciones presidenciales de Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. Pero para muchos periodistas, especialmente en países grandes y descentralizados como Filipinas, quienes tienen poder a escala regional y local son tanto o más importantes. En las democracias jóvenes con instituciones relativamente débiles, los líderes autoritarios locales y provinciales pueden gobernar de maneras con las que los autócratas a escala nacional solo pueden soñar. El clientelismo y la influencia les permiten ganar elecciones y, a veces, saquear los recursos públicos.
Este fenómeno es evidente en las Filipinas desde hace décadas, donde, por mencionar un ejemplo, la familia Osmeña mantuvo una preeminencia dinástica en la provincia de Cebú. Pero también ocurre en otros países. En México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había regido el estado de Veracruz durante casi un siglo cuando Javier Duarte, gobernador entre 2010-16, se convirtió en el arquetipo de la corrupción en el partido por haber malversado millones de dólares del erario público.
En esos contextos, los periodistas como Ortega son la última esperanza de la democracia. A los líderes autoritarios locales aún les preocupa su imagen, ya que si la pierden las instituciones centrales podrían intervenir. El gobierno de Quintana Roo en México clonó y distribuyó versiones falsas de revistas de noticias clave en un burdo intento por manejar su imagen y acallar el disenso. Los asesinatos de periodistas a instancias de esas élites son un punto aún más nefasto en la continua represión.
Sin el acceso a información precisa y objetiva es imposible tener elecciones locales libres y justas. Que la democracia sea la única opción a escala nacional no resulta muy tranquilizador para quienes viven en estados o provincias gobernados por autócratas locales. Durante el gobierno de Duarte en Veracruz, por ejemplo, 18 periodistas fueron asesinados con casi total impunidad, y se acusó a los fiscales estatales de torturar a una trabajadora sexual local para que mintiera y declarara en su confesión que había asesinado a la periodista Regina Martínez Pérez.
No sorprende que tanto las instituciones del ejecutivo como las del poder judicial sean débiles en esos entornos, ¿cómo podrían surgir los líderes autoritarios locales de otro modo? El caso de Ortega en Filipinas está plagado de acusaciones por sobornos en el sector judicial.
Aunque es difícil descubrir quién asesinó a un periodista y cómo lo hizo, evaluar las intenciones precisas de las autoridades locales durante la investigación puede resultar aún más difícil. Una posible solución es establecer organismos independientes de fiscalización para investigar los asesinatos de periodistas, y monitorear la implementación local de las Directrices de la ONU para fiscales en casos relacionados con delitos contra periodistas. Pero esos esfuerzos requieren la voluntad política de los gobiernos centrales.
Otra forma de combatir la impunidad por el asesinato de periodistas es con mayores esfuerzos para investigar los casos sin resolver. Actualmente, el proyecto A Safer World for the Truth [Un mundo más seguro para la verdad] —en el que colaboran Free Press Unlimited, el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras— está llevando a cabo esas investigaciones. A veces se reabren esos casos cuando se descubre nueva información. Por ejemplo, debido a una investigación sobre el asesinato del periodista pakistaní Zubair Mujahid, su familia y abogados presentaron una moción al Alto Tribunal de Sind para reabrir la investigación.
Los líderes nacionales que atacan a los medios independientes —como el expresidente estadounidense Donald Trump, el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el presidente ruso Vladímir Putin— son quienes más llaman la atención. Pero, como pueden confirmar los periodistas en riesgo por doquier, la lucha por la libertad de prensa y la democracia locales es igualmente importante.
Jos Midas Bartman es coordinador de investigaciones para A Safer World for the Truth [Un mundo más seguro para la verdad] en Free Press Unlimited.
