Un total de 1,479 expedientes sancionatorios serán remitidos a la PGR contra aspirantes y funcionarios electos que no presentaron informes ante la UFTF.
Tegucigalpa, Honduras. – Las multas contra candidatos y funcionarios electos que incumplieron con la rendición de cuentas de sus campañas durante las elecciones primarias ascenderían a 120 millones de lempiras, según 1,479 expedientes sancionatorios que serán remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR).
La cuantía fue informada por la comisionada Ivonne Ardón, de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos (UFTF), quien señaló que será la PGR la entidad encargada de notificar a los sujetos obligados sobre la imposición de esta primera multa.
Advirtió que las personas sancionadas tendrán cinco días para entregar el informe financiero correspondiente. “Si pasados esos cinco días no han entregado el informe, la unidad procederá a la apertura del segundo expediente sancionatorio que la cuantía por sujeto obligado es de 1.3 millones de lempiras”, explicó Ardón.
En noviembre, Criterio.hn detalló que, a tres días de las elecciones generales, el 49% de las personas que aspiraban a cargos de elección popular no habían acreditado sus cuentas bancarias ante la UFTF, según un informe de esa entidad fiscalizadora.
Ardón remarcó que muchos de los obligados sancionados ya ocupan cargos en el Congreso Nacional y en las corporaciones municipales.
A 72 horas de las elecciones generales de noviembre de 2025, la ciudadanía desconocía quiénes eran las y los candidatos que habían incumplido la Ley de Financiamiento. Esta situación fue criticada por analistas, quienes advirtieron que la falta de transparencia alimenta un ciclo continuo de impunidad electoral y debilita la confianza en el sistema de partidos políticos.
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Respecto a la ausencia de la asignación de un presupuesto especial para la UFTF, la comisionada afirmó que, aunque han tenido que avanzar con lentitud para cumplir sus funciones, están respetando el debido proceso para no dejar en indefensión a precandidatos ni candidatos, actuando con objetividad e imparcialidad.
El 15 de enero, la UFTF informó mediante un comunicado que, ante la falta de aprobación de presupuesto, cerraron las oficinas físicas de la División de Auditoría para Sujetos Obligados (DASO), al no contar con fondos para cubrir costos de arrendamiento y operación. Asimismo, indicó que no se renovaron contratos después del 30 de enero, lo que limita su capacidad operativa para cumplir con las funciones de revisión y auditoría, cuyo plazo máximo de entrega de informes es septiembre de 2026.
En medio de las pugnas políticas registradas el año pasado en el Congreso Nacional, tanto la UFTF como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), quedaron sin presupuestos tras el cierre de las sesiones ordinarias de la VI Legislatura, pese a que los proyectos de presupuesto habían sido remitidos seis meses antes de las elecciones generales de noviembre.
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Por su parte, el procurador general Dagoberto Aspra nombrado esta semana por el Congreso Nacional, afirmó que ejecutarán de inmediato las multas contra los candidatos que incumplieron la rendición de cuentas y aclaró que las sanciones no los eximen de entregar los informes, por lo que se promoverán acciones judiciales para exigir el pago y el cumplimiento de la obligación.
