Tegucigalpa, Honduras.- Karen Alicia Motiño, una de las piezas claves en la construcción de los pactos de impunidad en el Congreso Nacional que, hasta la fecha, continúan favoreciendo a políticos vinculados con la corrupción, sigue insistiendo ante la Junta Proponente para que reviertan su inhabilitación, pese a presentar irregularidades en las firmas y examen médico que entregó en su carpeta de postulación para ostentar el cargo de fiscal general del Ministerio Público durante el periodo de 2023-2027.
Motiño, que trabajó como gerente legislativa en el Congreso Nacional desde el 1 de abril de 2014 y salió en febrero de 2022, cuatro días después de que Xiomara Castro fuera juramentada como presidenta de Honduras, argumenta ante la Junta Proponente que debe ser reintegrada al proceso porque no se le notificó en tiempo y forma que tenía que subsanar el examen médico.
“El día que presenté el primer recurso de reposición (jueves 6 de julio) la Junta todavía no me había notificado oficialmente que yo había sido inadmitida. Estoy plenamente segura que la Junta va a admitir mi postulación porque yo conozco a detalle lo que ellos valoraron para inadmitirme y he aclarado cada punto”, precisó Motiño en medios de comunicación.
Sin embargo, seis de los siete integrantes de la Junta Proponente sostienen la postura que Motiño, pese a presentar la información subsanada, no debe ser reintegrada al proceso de selección de las próximas autoridades de la Fiscalía porque la fase para presentar la información completa ya terminó y actualmente están en el proceso de tachas y denuncias, que precisamente culminó esta tarde.
Para el caso, el integrante de la Junta Proponente, Odir Fernández, aseguró que el partido político de oposición que viene saliendo del poder está jugando sus cartas, presionando a los proponentes para que cambien su postura y reintegren a la abogada Motiño al proceso, como parte de una componenda política y buscan dejarla como máxima autoridad de la Fiscalía para que continue manteniendo la impunidad desde esa institución del Estado. Fernández se refirió al Partido Nacional que se mantuvo en el poder durante doce años (2010 al 2022).
“Ella es parte de una negociación de los partidos de oposición y quieren que entre a la lista que enviará la Junta Proponente al Congreso sí o sí. Confío en el trabajo de la Junta Proponente y se demostrará votando, nuevamente en contra, de aceptar esta impugnación que además está fuera de tiempo”, mencionó Fernández, que representa a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ante esa instancia.
Si la Junta Proponente, tras valorar el segundo recurso que presentó Motiño el viernes 7 de julio, la habilita para el proceso, evidenciaría la injerencia de la clase política y mancharía el proceso de selección desde el principio, al admitir a una abogada que busca ser fiscal general para continuar con la hegemonía de impunidad que viene arrastrando la fiscalía.
MOTIÑO Y SUS TROPIEZOS
Karen Motiño, quien nació en Juticalpa, Olancho, el 20 de enero de 1983, ha tenido una cuestionada trayectoria en el Ministerio Público y en el Congreso Nacional, como fiscal en el primero y como gerente legislativa en el segundo. En ambas instituciones del Estado dejó una huella negativa por buscar beneficios personales y responder a los intereses mezquinos de la clase política, de acuerdo a una fuente del Ministerio Público que a la que tuvo acceso Criterio.hn.
Por ejemplo, Motiño comenzó a trabajar el 1 de septiembre de 2004, como asistente de fiscal en el Ministerio Público, cargo en el que trabajó un poco más de un año porque obtuvo una beca para irse a estudiar a una universidad en España. Lo paradójico del caso es que la abogada, mientras estaba en el país europeo, todavía seguía gozando del desembolso salarial que le hacía el MP, pese a no estar ejerciendo labores y así se mantuvo por al menos diez años.
Lo anterior salió a la luz en uno de los informes que presentó una comisión interventora, nombrada por el entonces presidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa en 2013, en los que se demostró que Motiño figuraba en la planilla de salarios, pero nadie en la fiscalía sabía de su paradero y por qué todavía continuaba devengado un salario. Con esta comisión se logró suspender al entonces fiscal general de la república Luis Rubí y al fiscal adjunto Roy David Urtecho.
Pero fue hasta el 4 de septiembre de 2014, año que entró en funciones el actual fiscal general afín al Partido Nacional, Óscar Fernando Chinchilla, cuando Motiño dejó el puesto de fiscal, tras exigir un salario superior a los 100 mil lempiras, argumentando que tenía vastos conocimientos académicas para ser promovida de puesto, pero no tuvo éxito.
Sin embargo, el 9 de abril de 2014, fue nombrada como gerente legislativa del Congreso Nacional, que era presidido por Mauricio Oliva y, durante los siguientes ocho años, gestionó la elaboración del nuevo Código Penal, coordinó la contratación de consultores europeos que fueron sus mentores, mientras vivió en España y fue uno de los cerebros del andamiaje legal que ha fomentado la corrupción y que se conoce como “pactos de impunidad”.
La abogada estuvo detrás de la creación de los decretos 116-2019, 117-2019, 57-2020 y 93-2022, que, en síntesis, impiden al Ministerio Público secuestrar documentos sin tener la autorización de un juez, amplían el secreto bancario en el caso de lavado de activos e incluyen delitos comunes como la malversación de caudales públicos y blindan a los diputados de persecución judicial por acciones ejecutadas desde sus cargos.
Motiño fue mencionada también en el caso “Fe de erratas” que presentó la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) junto a la también desarticulada Unidad fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) por la manipulación del contenido de las actas aprobadas en el Congreso Nacional.
Motiño y los políticos que gobernaron durante la hegemonía nacionalista, son los responsables de que, en Honduras, hasta la fecha, continúe campeando la impunidad y la corrupción que, en consecuencia, mantiene a un pueblo pobre, sin tener la capacidad de tener acceso a las necesidades básicas.
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PROCESO DE LA JUNTA PROPONENTE
Durante el presente proceso 26 profesionales del derecho se postularon para entrar a la selección, en el que la Junta Proponente elegirá a los mejores cinco, de los cuales, tres deben ser hombres y dos mujeres, que serán enviados al Congreso Nacional para que en una sesión de segundo grado escojan al próximo fiscal general y fiscal adjunto para el periodo 2023-2028.
Al concluir el proceso de postulaciones, el pasado 25 de junio, los proponentes enviaron a 20 de los 26 a subsanar información, es decir, presentaron su documentación con información falsa, errónea e incompleta. Ese proceso duró más de 48 horas (abrió el sábado 1 de julio a las 5:00 de la tarde y cerró el lunes 3 a las 8:00 de la noche).
De los 20 profesionales del derecho a quienes se les pidió subsanar información, sólo dos no lograron hacerlo: el abogado Óscar Arnaldo Alvarado García y Karen Alicia Motiño Valerio, quienes fueron eliminados del proceso en esa primera fase.
Después la Junta Proponente determinó inhabilitar a la abogada y exdiputada por el Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, por no cumplir con la experiencia en materia penal para ostentar cualquiera de los cargos que entran en elección de la fiscalía.
Por su parte, bajo el argumento de tener problemas personales, la abogada y titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna, renunció a su postulación, pero en el proceso iba a ser inhabilitada por ostentar la titularidad de una institución pública.
Y, hoy, lunes 10 de julio, al cierre del proceso de tachas y denuncias, el abogado Alejandro Alvarenga Padilla, renunció a su postulación argumentando que el trabajo que está haciendo la Junta Proponente está maniatado y es cuestión de trámite porque ya hay rumores de las personas que ostentarán los altos cargos en la fiscalía.
En síntesis, sólo 21 abogados están en el proceso de tachas y denuncias, que inició el miércoles 5 de julio y terminó hoy lunes 10 de julio. Justamente, en esta fase, sacarán a los profesionales del derecho que respondan a intereses de la clase política, tengan problemas con la ley, y hayan violentado los derechos humanos.
Al concluir el segundo filtro, los abogados que pasen, serán evaluados con base a su experiencia como operadores de justicia, principalmente en la materia penal y, dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 100 puntos, para luego sacar a los mejores cinco y, antes del 21 de julio, mandar esa nómina al Congreso Nacional.
En esa instancia, el Congreso jugará el papel más importante, que es seleccionar a los dos mejores para asumir el cargo que actualmente ostenta Óscar Chinchilla, fiscal general, y Daniel Arturo Sibrián, fiscal adjunto.
El Congreso, en esa etapa, que será a finales de agosto de este año, tendrá la oportunidad de reivindicarse ante la sociedad o, como pasó en el proceso de la Corte Suprema de Justicia, continuará con la hegemonía de hacer procesos de elección buscando poner en cargos a personas que obedezcan a intereses mezquinos para beneficiar a la clase política y económica.
