Defensa y pobladores acusados cuestionan que el Ministerio Público procese a comunidades afectadas por contaminación, mientras la empresa señalada continúa sin enfrentar una acusación penal por los daños causados.
Juzgado ordenó presentación mensual y prohibió el ingreso al plantel de Agrecasa, medida solicitada por la empresa y cuestionada por la defensa por considerar que restringe el derecho a la protesta y a la defensa del medio ambiente.
Tegucigalpa, Honduras. – El Juzgado de Puerto Cortés impuso medidas distintas a la prisión contra trece pobladores del Sector Medina, acusados por el delito de usurpación, en un proceso cuestionado por actuar en contra de comunidades que se manifiestan por la destrucción del medio ambiente.
Tras salir de la audiencia de declaración de imputados, el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Lestter Castro, remarcó la importancia del caso por la implicación que tiene el retorno de la criminalización contra pobladores que reivindican derechos, defienden el ambiente y protestan contra el abuso de poderes extractivos.
Castro apuntó que la imputación realizada por el Ministerio Público se sustenta en la obstaculización que realizan los habitantes de las comunidades afectadas para evitar que la empresa Agregados del Caribe S.A. (Agrecasa) continúe contaminando el ambiente y provocando daños en la infraestructura de sus viviendas.
Nota relacionada: Fiscalía criminaliza a pobladores que exigen cierre de cantera que operaría ilegalmente en Puerto Cortés
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA AMBIENTAL
“[L]a empresa lo que ha hecho todo este periodo es contaminar el ambiente, es contaminar las comunidades, contaminar el río y cuando las comunidades se oponen a esto, lo que hace el Ministerio Público es intervenir para reprimir y acusar”, apuntó el profesional del derecho.
Castro compartió que, durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la imposición de medidas sustitutivas a la prisión, entre ellas la obligación de firmar periódicamente ante el juzgado, quedar bajo la responsabilidad de sus apoderados legales y la prohibición de salir del país. Señaló que, finalmente, el Juzgado impuso como medidas la obligación de firmar una vez al mes y la prohibición de concurrir a las instalaciones de Agrecasa, esta última a petición de los abogados de la empresa. Castro explicó que como defensa se opusieron a esta restricción por vulnerar el derecho de las comunidades a la defensa del medio ambiente y al ejercicio legítimo de la protesta, el cual fue reconocido incluso por el mismo Ministerio Público.
Desde abril del año pasado, integrantes de las comunidades afectadas por la explotación de óxido de hierro a cielo abierto mantienen un plantón en la entrada principal a la cantera de Sapadril, ubicada en Brisas de Tramades en el Sector Medina.
De interés: Exigen cancelación definitiva de concesión minera en Puerto Cortés
El abogado del Bufete Estudios para la Dignidad indicó que la fecha de la audiencia inicial fue fijada para el 20 de febrero de 2026. Señaló que será durante esta instancia cuando la defensa presentará los elementos de prueba para acreditar que los imputados no han cometido delito alguno.
Precisó que, por el contrario, la responsabilidad penal recae en la empresa, la cual ha sido sancionada por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin). Además, precisó que la empresa mantiene una prohibición vigente para operar dentro del plantel por la comisión de delitos.
La y los pobladores criminalizados son: Isis Vanessa Laínez Lara, Celedonio Díaz Cantarero, Isaí Núñez Godínez, Miguel Ángel Pérez Orellana, Olvín Narváez Rivera, Paulo Sánchez, Noé Flores, Rosalío García, Elmer Benigno Portillo, Fredy Francisco Rivera, Víctor Dubón Claros, Bayron José Antúnez y Nahún Reyes Rivera.
Conozca más: Alerta por riesgo de desalojo y criminalización en Sapadril, Puerto Cortés
Previo al ingreso a la audiencia, Celedonio Díaz Cantarero calificó la acusación como “injusta”, agregando que es la empresa la qué debería estar respondiendo por la destrucción y contaminación que ha provocado en la zona. “Nosotros tenemos pruebas suficientes contundentes, que esas nos van a librar de toda acusación”, afirmó.
Mientras que Pablo Sánchez dijo a Radio Progreso que la empresa lleva más de 20 años destruyendo los bienes naturales, así como afectaciones en más de 500 viviendas del Sector Medina en Puerto Cortés. Agregó que “una densa capa de polvo de contaminantes” se mantiene permanentemente en sus hogares y las cuencas del Sector Medina.
CONTRADICCIONES DEL ESTADO Y ALERTAS INSTITUCIONALES
En agosto de 2025, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió una alerta temprana por la conflictividad socioambiental en Sapadril asociada a la actividad minera, en la que recomendó controlar los impactos ambientales, proteger la salud de las comunidades, garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana, fortalecer a las instituciones responsables del cumplimiento ambiental y aplicar el principio de precaución.
En el mismo contexto, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) advirtió contradicciones entre los criterios técnicos de la Serna e Inhgeomin. De acuerdo con un análisis elaborado por la analista socioambiental Lucía Vijil, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) recomendó no renovar la licencia ambiental de Agrecasa por los daños ocasionados a cuerpos de agua y áreas protegidas, causales de clausura definitiva, pese a lo cual Inhgeomin ha ordenado reiteradamente la reactivación de la empresa.
