El oficialismo respalda al fiscal general, Johel Zelaya, quien afirma que el secuestro de documentos del Congreso sigue el caso dejado por la extinta MACCIH sobre el desvío de fondos del fondo departamental
Por su parte, la oposición considera que se trata de un show mediático para aplicar justicia de manera selectiva, utilizando al Ministerio Público y a la ATIC como herramientas
Tegucigalpa, Honduras. – La irrupción al Congreso Nacional (CN) ordenada ayer por el fiscal general de la República, Johel Zelaya, desató un show mediático marcado por cinco capturas que, tras ser liberadas, dejaron dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de la acción.
Desde el oficialismo, se argumenta que esta medida busca hacer justicia frente al manejo irregular de fondos por parte de diputados, acción que se busca independientemente si es un Poder del Estado.
Por su parte, la oposición denuncia que se trata de una persecución política, acusando al fiscal de aplicar la justicia de manera selectiva y de enfocar sus acciones únicamente a casos previos a 2022.
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SHOW MEDIÁTICO
Ayer, la mirada del país estuvo puesta en las acciones del Ministerio Público y el Poder Legislativo. La jornada comenzó a las 11 de la mañana, cuando el fiscal general de la República, Johel Zelaya, anunció en su cuenta de X la orden de ingresar al Congreso Nacional para asegurar documentación vinculada a presuntos casos de corrupción.
Por la tarde, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llegaron al Congreso, confiscaron la evidencia requerida y detuvieron a cinco personas, entre ellas René Adán Tomé, asesor del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, bajo la acusación de obstrucción a la justicia.
Horas más tarde, tanto Tomé como los miembros de seguridad detenidos fueron liberados, según informó el Ministerio Público mediante un comunicado.
Tras su liberación, René Adán Tomé ofreció una conferencia de prensa en la que señaló que las denuncias actualmente investigadas por el Ministerio Público son las mismas que el presidente del Congreso Nacional ha venido denunciando desde 2022.
Asimismo, denunció que los agentes intentaron llevarse más documentación de la estipulada en la orden, lo que, según él, motivó su detención junto a cuatro miembros del personal de seguridad bajo la acusación de obstrucción a la justicia.
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OFICIALISMO DEFIENDE ACCIÓN
El diputado de Libre, Bartolo Fuentes, afirmó que esta acción representa la continuación de las investigaciones iniciadas por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH). Según Fuentes, al menos 130 diputados estaban involucrados en esos casos.
“La MACCIH no pudo continuar con su labor, y ahora la Fiscalía ha decidido reactivar los expedientes. Eso fue lo que ocurrió”, explicó, además, señaló que los documentos relacionados con el manejo de recursos aún deberían encontrarse en las instalaciones del Congreso Nacional.
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OPOSICIÓN Y CUESTIONAMIENTOS
Aunque el oficialismo defiende la acción, la oposición ha cuestionado catalogando de justicia selectiva y de persecución política. Por ejemplo, una de las primeras en reaccionar fue la diputada del Partido Liberal de Honduras (PLH), Maribel Espinoza.
“Parece que solo investigan a los anteriores y con ello, se rompe el principio de igualdad ante la ley…. Al parecer solo les interesa la persecución de los anteriores”, cuestionó en su cuenta de X.
De igual manera, la diputada nacionalista María Antonieta Mejía afirmó que la acción generó un ambiente de sospecha, sugiriendo que algunos buscan encubrir sus acciones irregulares, utilizando a la ATIC como herramienta.
“¿Qué es lo que intentan esconder? Al final, estas maniobras solo revelan que su verdadero objetivo es protegerse a sí mismos”, cuestionó Mejía.
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HISTÓRICA CORRUPCIÓN EN CONGRESO NACIONAL
En el Congreso Nacional ha existido un histórico cuestionamiento sobre el manejo del Fondo Departamental, conocido durante la gestión de Mauricio Oliva, y ahora denominado subvenciones, que funcionan de manera similar.
El manejo de estos fondos fue objeto de investigaciones por parte de la extinta MACCIH, que incluso presentó el caso de la “Red de Diputados”. Sin embargo, la corrupción vinculada a estos recursos no se ha limitado a esa red.
Según un trabajo realizado por Criterio.hn en septiembre de 2023, se evidenció la falta de transparencia en el manejo de las subvenciones. En 2024, se erogaron un total de 11,862,347.53 lempiras en donaciones a organizaciones civiles sin fines de lucro, con montos significativos registrados en meses como febrero (6,074,396.92 lempiras) y junio (1,764,000.00 lempiras).
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No obstante, la falta de informes públicos detallados y la ausencia de auditorías independientes han generado dudas sobre la transparencia y veracidad de las rendiciones de cuentas de algunos diputados respecto a estos fondos.
Independientemente de las motivaciones, el secretario de Transparencia y exfiscal general, Edmundo Orellana, manifestó la urgencia de acciones concretas, subrayando que el alcance de la inmunidad de los diputados solo cubre su “función legislativa” y no debe ser utilizada para proteger a quienes están involucrados en el desvío de fondos públicos.
