Feministas consultadas por Criterio.hn concluyen que el proyecto presentado por Rivera Callejas es inconsistente.
Tegucigalpa, Honduras. En medio de los cuestionamientos generados por la aprobación de una iniciativa que pretende retirar facultades administrativas a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la presentación de un proyecto para aumentar las penas por el delito de violación ha abierto debates sobre si se trata de un distractor político o una medida orientada a fortalecer el acceso a la justicia.
La propuesta fue anunciada por el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, quien propone reformar el artículo 249 del Código Penal con el objetivo de incrementar las penas por el delito de violación a 40 años de prisión y aplicar la castración química en casos específicos.
Si bien la iniciativa recibió el respaldo de determinados sectores, no se trata de un planteo novedoso, pues en 2021 Rivera Callejas ya había intentado avanzar en una propuesta similar cuando presentó ante el pleno un proyecto para sancionar mediante la castración química a los abusadores sexuales de menores, el mismo que permaneció engavetado debido a dudas por violación a los derechos humanos.
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MÁS SOBRE LA INICIATIVA
El pasado miércoles 11 de febrero, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas presentó ante el pleno del Congreso Nacional una propuesta que busca realizar una reforma al artículo 249 que contempla las penas por el delito de violación.
La finalidad de la propuesta consiste en elevar las penas y aplicar la castración química a aquellos perpetradores que abusen sexualmente de menores de edad, que sean familiares de las víctimas o que tengan una reincidencia de tres a cuatro veces en la comisión del mismo.
Callejas expresó a los medios de comunicación que las condenas deben ser elevadas considerablemente, pues recalcó que no es justo que la justicia hondureña condene a 11 años de prisión a un violador que ha afectado la vida de una niña, un niño o un adolescente.
El congresista manifestó que esta conducta no puede ser posible, más aún cuando se trata de un familiar o un jefe de familia, y detalló que buscará que las penas sean de 30 a 40 años o cadena perpetua.
Además, señaló que se buscará la aprobación de la castración química en casos específicos, y aunque si bien reconoció que se le puede cuestionar por la vulneración a los derechos humanos del perpetrador, para él, están por encima los derechos de las víctimas.
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UN DISTRACTOR POLÍTICO
Sobre el tema, Cristina Alvarado, feminista e integrante del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, señaló que dentro de la propuesta del diputado nacionalista se presenta una incongruencia, debido a que este, en el pasado, fue parte de los congresistas que aprobaron el nuevo Código Penal en el que se redujeron las penas por violencia sexual y delitos contra la vida de mujeres.
Alvarado explicó que, a su criterio, es inconsistente que hoy Rivera plantee endurecer penas de hasta 40 años para los agresores sexuales reincidentes y afirmó que, ahora que se encuentra en auge el debate, es oportuno que se aborde la problemática desde una mirada sistémica, estructural e integral donde se trabaje en prevenir el abuso sexual.
La feminista recalcó que, si la propuesta está siendo realizada desde una buena intención, es necesario que desde el Congreso se tome en cuenta la perspectiva de expertos y expertas en la problemática, pues también se presenta la sensación de indefensión por parte del sistema de justicia hondureño.
Por su parte, la feminista, defensora de derechos humanos y directora de la asociación Ixchel, Lucía Barrientos, calificó la propuesta como un distractor político, puesto que Rivera impulsó en el pasado la reducción de las penas contenidas en el Código Penal.
Barrientos aseguró que el hablar sobre una castración química y una cadena perpetua es una burla por parte de los congresistas y reiteró que, si se tratase de una buena intención, no lo estarían promoviendo de manera inadecuada cuando conocen el contexto hondureño y que puede generar problemas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según explicó la defensora, la iniciativa presenta serias dificultades para su implementación. Si bien reconoció que, en otro contexto, podría considerarse positiva, remarcó que no se ha trabajado junto a las organizaciones especializadas que abordan este tipo de situaciones, por lo que, en su opinión, no será efectivo.
