Los recursos de casación por el juicio contra el expolicía Jarol Perdomo llevan más de un año y medio sin resolverse. Para la familia, el retardo judicial confirma que el sistema protege a los victimarios y niega justicia a las mujeres y a los sectores más vulnerables
Tegucigalpa, Honduras. – Cuatro años y cuatro meses después del feminicidio de Keyla Martínez, ocurrido dentro de una celda policial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene en suspenso dos recursos de casación que podrían reabrir el camino hacia la justicia.
Los recursos —uno presentado por el Ministerio Público y otro por el equipo legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)— buscan repetir el juicio que, según Rodríguez, estuvo plagado de irregularidades y terminó dejando en libertad al único imputado.
“Han pasado más de un año y medio desde que presentamos los recursos y cada vez nos dicen lo mismo: que el expediente está en estudio. La última vez, ni fecha nos dieron. Es evidente que no hay voluntad de impartir justicia”, denunció.
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REPETICIÓN DEL JUICIO
El caso, que en 2021 conmocionó al pueblo lenca de Intibucá, y a todo Honduras quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde permanecen engavetados dos recursos de casación. Ambos buscan anular un juicio que la familia considera “amañado” y que permitió al único imputado recuperar su libertad con una condena mínima.
“Exigimos que se repita el juicio, porque el proceso estuvo lleno de irregularidades”, denunció Rodríguez en entrevista con Criterio.hn, tras reunirse en múltiples ocasiones con magistrados suplentes de la CSJ. “Nos dijeron desde hace más de un año y medio que el expediente estaba en estudio. Hoy volvimos a preguntar y sigue sin resolverse, ni siquiera nos dan una fecha”, señaló.
El único imputado por el feminicidio de Keyla Martínez es el expolicía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, único acusado y hallado culpable, y quien quedó en libertad en febrero de 2024. Pese a que el Ministerio Público lo acusó de feminicidio agravado, el tribunal le impuso una condena mínima y le otorgó medidas que le permitieron recuperar su libertad, lo que la familia y organizaciones de derechos humanos califican como una muestra de impunidad.
“El juicio lo hicieron solo para aparentar. No escucharon a la familia, no hubo imparcialidad, y al final liberaron prácticamente al responsable del asesinato de mi hija”, lamentó.
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“PARA LOS POBRES NO HAY JUSTICIA”
El feminicidio de Keyla, joven estudiante de enfermería ha dejado en evidencia la desigualdad en el acceso a la justicia en Honduras.
“Es decepcionante. Aquí las mujeres no valemos nada, el pueblo no vale nada. Si hubiera sido el hijo de la presidenta o de un alto funcionario, los asesinos ya estuvieran condenados. Pero como Keyla era una muchacha humilde de un pueblo lenca, se burlan de nosotros y de la memoria de mi hija”, expresó.
Para Rodríguez, la respuesta del sistema judicial confirma que “la justicia no existe para los descalzos”, en referencia a las familias hondureñas más pobres que deben enfrentar procesos marcados por la impunidad.
El caso de Keyla Martínez se suma a la larga lista de feminicidios en el país que quedan sin castigo. Honduras, según informes de organizaciones defensoras de derechos humanos, más del 95% de muertes violentas y femicidios permanece en la impunidad.
Mientras tanto, Norma Rodríguez promete no bajar los brazos. “Seguiré exigiendo justicia por Keyla, porque no solo es mi hija: es la voz de todas las mujeres asesinadas que no tienen quién las defienda”.
