Por: Irma Becerra
La Filosofía del Derecho es la rama de la Filosofía encargada de fundamentar la justicia en la Historia de la Humanidad y los pueblos. Su tarea no es fácil sobre todo porque debe basarse en la observación de todos los implicados en el campo de los procesos judiciales para juzgar a los culpables del terrorismo de Estado y el terrorismo en el mundo, como es el caso de las dictaduras latinoamericanas surgidas durante la Guerra Fría, protagonizada por Estados Unidos de América y la entonces Unión Soviética. Dictaduras y regímenes dictatoriales y represivos que sirvieron fielmente a las potencias mundiales en dicha controversia absurda y antihumanista. En el caso de Honduras, tuvimos el terrorismo de Estado durante la época de aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional con sus desapariciones forzadas y sus Escuadrones de la Muerte, y tenemos de nuevo en la actualidad una ausencia de Estado de Derecho y falta de Predominio de la Ley que parece querer reactivar y reaplicar los métodos represivos de antaño, con nuevos asesinatos de personas que son secuestradas y aparecen torturadas; represión de la movilización ciudadana y criminalización de la protesta social; justicia parcializada y politizada y propaganda masiva de exaltación del régimen anticonstitucional de Juan Orlando Hernández.
No es fácil la tarea de la Filosofía del Derecho porque a veces no resulta sencillo presentar pruebas que enjuicien a los culpables de dichos atroces acontecimientos porque en el terrorismo de Estado todas las instituciones se alían, incluyendo las instituciones que deben aplicar justicia o aquellas como la policía, los abogados y los juzgados, que son las encargadas de recabar pruebas. En el terrorismo de Estado y en la situación de ausencia de Estado de Derecho todas las instituciones se encuentran cooptadas, aseguradas y secuestradas por el Estado mismo, y se mantienen a su servicio incondicional sin que se reflexione si se está haciendo lo correcto o no. ¿Qué hacer, entonces, cuando las mismas instituciones del Estado están involucradas en la falta de justicia en un país y no funcionan al servicio del pueblo sino sobre todo al servicio del terrorismo de Estado? Pues en ese caso, la justicia solo puede venir del exterior como ocurriese con el Proceso de Nürenberg en Alemania en 1945, en el que se juzgó sin mayores pruebas a los fascistas nazis alemanes por sus crímenes de lesa humanidad.
En el caso de Honduras debemos esperar la intervención directa de la Comunidad Internacional en la presentación de dichas pruebas porque ellos saben muy bien quienes han servido incondicionalmente en la política de intervención en la Centroamérica de los años ochenta, y que convirtieron a Honduras en punta de lanza y centro de conspiración contra los procesos revolucionarios centroamericanos, cuyas vías no compartimos, pero cuyas muertes en todos los bandos condenamos. En este sentido apelamos al Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial (World Justice Project) de 2017-2018, quien en su informe sitúa a Honduras en uno de los lugares más altos de violación y ausencia del Estado de Derecho. Según este Índice que “es la evaluación más completa del Estado de Derecho en el mundo, y es la única medición que se construye con datos primarios que reflejan la perspectiva y experiencia de las personas en su vida cotidiana”, un Estado de Derecho “efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de injusticias, y combate la pobreza. El Estado de Derecho es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades, y paz, además que funge como base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas, y del respeto a los derechos fundamentales. Cuando el Estado de Derecho es débil, no hay suficientes medicinas en las clínicas, la violencia y la delincuencia no se pueden controlar, la ley se aplica de forma injusta, y no hay inversiones extranjeras. El Estado de Derecho es un tema que no solamente involucra a abogados y jueces, sino que es un concepto que involucra a toda la sociedad”. Hay que leer el Índice que documenta cómo es la rendición de cuentas en nuestro país, cómo las leyes no son justas y no se aplican de forma equitativa protegiendo los derechos fundamentales de toda la población; cómo el gobierno no es abierto porque los procesos para promulgar, administrar y aplicar las leyes no son accesibles, justos y eficientes; y cómo no existen mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas por lo que la justicia no se aplica de forma oportuna por representantes competentes, éticos, independientes y neutrales, que son accesibles, cuentan con recursos suficientes, y reflejan la composición de las comunidades en las que trabajan. Estos cuatro principios: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas son los cuatro principios universales del Estado de Derecho que se están violentando en Honduras.
¿Qué más hacer? Pues se debe ante todo prevenir el surgimiento de posibles formas de injusticia que puedan desarrollarse en el presente y el futuro próximos ya sea por negligencia, indiferencia y desidia continuadas de los políticos, los que nunca, por su cargo de responsabilidad social, pueden aludir ignorancia de la ley. Esa forma de prevención, sobre todo del terrorismo de Estado, en el que pudiera desembocar la dictadura actual, debe adelantarse a denunciar la incorrecta y extremista estrategia de los “presidentes” como Juan Orlando Hernández, que por el momento se ha dedicado a limpiar el camino de posibles competidores, eliminando peones tanto del nacionalismo como del liberalismo, tal vez con la posible intención de reelegirse por tercera vez consecutiva al margen de la Constitución de la República de Honduras.
La Justicia actual en Historia implica la necesidad de juzgar según la biografía de cada quién por las consecuencias y responsabilidades negativas de los actos de una persona, es decir, si ha causado daño a sus semejantes. Los muertos del golpe de Estado del 2009 y los muertos y prisioneros políticos “poselectorales” de noviembre de 2017 en Honduras, esperan aún justicia. En este sentido, debemos ayudar a la Filosofía del Derecho y al Derecho Internacional de los Pueblos en los siguientes aspectos fundamentales:
En primer lugar, fortalecer la cooperación entre las naciones, organizaciones civiles y los Estados en materia de Organismos Internacionales de Justicia.
En segundo lugar, fortalecer la necesidad imperiosa de escuchar internacionalmente a las poblaciones que han sido y son víctimas del terrorismo de Estado, la ausencia y deconstrucción del Estado de Derecho y el terrorismo y actuar en base a ley creando nuevas leyes e investigaciones si es necesario.
En tercer lugar, ayudar en la necesidad de profundizar la Teoría del Derecho en su función universal y social en las Facultades de Derecho del Mundo, para poner el Derecho siempre al servicio del pueblo.
