Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
Las acciones gubernamentales recientemente anunciadas en materia de policía eran necesarias y son por definición transitorias (aunque eso se dice, y luego se olvida); y se concretan en a) la militarización de los penales y b) las medidas de emergencia extendidas en tiempo y geografía (Candado del Valle de Sula); para controlar sobre todo a la mara, lo que puede ser que, de inmediato, sea ineludible. Nada tienen de insólitas o arbitrarias, y para mal y para bien y para menos, se han socorrido otras tantas medidas semejantes antes, no solo en Honduras o la región, sino en múltiples lugares y tiempos parecidos. Muchas veces se las ha repudiado, solo para luego tener que retomarlas.
No es solo un problema jurídico, la violencia del crimen y la mara igual que la de quien pretende corregirlo fuera de la ley, comporta un problema de soberanía, del uso de la fuerza, que corresponde en exclusiva, al estado. Las sociedades también tienen derechos, y no solamente los individuos, y sus miembros de esas sociedades las dotamos de poder, bajo ley. Tener policía y orden es una atribución de la civilización y por ende esencial, originaria, función toral del estado; que, si no, prevalece la anarquía de Leviatán. Y la justicia consiste en garantizar los derechos de la sociedad, al mismo tiempo que, sine qua non, se salvaguardan los de los individuos. Conteniéndose el estado para garantizar a la comunidad, y sometiéndonos los ciudadanos a limitaciones precisas, en forma voluntaria, por razones prácticas. Incluso la invocada necesidad, NO justifica lesionar el interés general o el de los vecinos. Entonces enfrentar al crimen y a la mara es un imperativo permanente de todo gobierno.
Quien entienda esas situaciones, deberá respetar la decisión de la presidenta de reconocer la emergencia, decretando medidas extraordinarias, que no deben perder nunca de vista su fundamentación. Apoyarla en principio, aun sin necesariamente estar de acuerdo con la ejecución ni, de repente, con el discurso oficial que suele ser descuidado. La policía militar puede ser necesaria para resolver el caos inmediato en los penales, y eso pondría vidas a salvo. Las medidas de excepción, pueden incluso darnos un respiro en las calles. Esas medidas, suelen ser, además, muy populares y aplaudidas, y con eso habrán cumplido un cometido político, pero esa popularidad no es su razón de ser, y tampoco los probables resultados positivos justifican desmanes y arbitrariedades. No hay culpa por asociación y respetar la humanidad del sospechoso y del reo, no es una opción oficial, es obligación absoluta del poder público.
Aunque el asunto es azas más complejo, se suele diferenciar fácilmente entre el crimen organizado, que es una industria -incluso internacional-, y que responde a un mercado mundial y requiere, como el terrorismo, de la colaboración entre estados y organismos internacionales, y, de otra parte, la delincuencia común, que se origina muchas veces en las fracturas sociales y que requiere de un abordaje más integral, porque pierde el piso en las carencias absolutas y en la injusticia estructural. En la mara, sin duda se articulan ambas formas de crimen. Como la delincuencia juvenil moderna en general, la mara nace cual respuesta marginal en el caldo de cultivo de la miseria, pero en nuestro contexto actual enajenado, termina por trascender con mucho ese origen, y se conecta indefectiblemente con la corrupción profunda de las instituciones y, asimismo, con las industrias criminales, incluidas las que pasan por comercios o bancos decentes. (O si no ¿cómo invierte, o donde esconde la mara los cientos de millones de lempiras que le genera el crimen? o ¿cómo se explica su comprobable relación nefanda con el régimen recién pasado?).
Hay empresas a las que los mareros asaltan consuetudinariamente y otras que usan a los mareros, por más baratos, para cobrar o imponer condiciones a sus clientes y vecinos. Es decir, las maras reflejan la corrupción de la sociedad, que hipócritamente se queja de ella. De tal forma, que pretender aislarla en reclusión no equivale a vencer el crimen, ni tampoco se puede arrinconarla sin afectar al tejido social del que se desprende.
Podemos apoyar, pero no perder la perspectiva. Las acciones de fuerza anunciadas pueden justificarse, mas no van a resolver el problema de la violencia y la inseguridad en Honduras; manifiestan una política reactiva de expectativas limitadas.
La idea de que esas medidas son la solución final del problema, no solo no puede sustentarse científicamente, es más bien ingenua, desde el punto de vista sociológico y político; es peligrosa y participa de lo grotesco, cuando el cartel reafirma -en este contexto- su impunidad, porque no tenemos recursos para ubicarlo y contenerlo. Esa confusión equivoca el blanco y el misil. Podrá alcanzar a corregir una sintomatología, pero no abordará su causa; no moviliza los recursos precisos, ni los aplica en la dirección y forma más eficaz.
Por supuesto que puede ser contraproducente. Terminar con la violencia criminal supone, al mismo tiempo, ponerle red y piso firme a la necesidad social y eliminar la distorsión del mercado que sustenta su industria motriz global. Repito, lo que he dicho muchas veces, los muchachos no se sentarán a morirse de hambre tranquilamente a la orilla de la acera, son potencialmente una fuerza productiva que habrá que encontrar la manera de integrar; y todos entendemos que el narcotráfico se va a acabar cuando ya no pague, y nunca mientras sea el más lucrativo de los emprendimientos.
El último estimado serio que he visto, es de cien mil simpatizantes de la mara; no solo no hay trabajo ni colegios para ellos, tampoco hay cárceles para tantos, no caben en El Cisne, ni se dispone de la fuerza para recogerlos sin afectar a otros tantos inocentes vinculados. Políticamente, el gobierno puede conseguir una mejor imagen, pero pierde el apoyo de las familias y comunidades de los reos, mientras que quienes escapen de la redada se abrazan a una oposición sin escrúpulos, en una clandestinidad más peligrosa aún. La juventud de los barrios pobres votó por el cambio… y vigiló en 2021 las urnas vulnerables en populosas áreas marginales. ¿Qué harán mañana, si no ofrecemos una alternativa real?
Pátzcuaro, México, 30 de junio, 2023
