Por: Daniel Girón
Tegucigalpa. – Fusiles AR-15, pistolas tipo 9 milímetros y revólveres 38, así como municiones, uniformes con logos de la Policía Nacional y sustancias para la fabricación de drogas, son algunos artefactos y artículos que ingresan ilegalmente a Honduras a través de las aduanas y con los que el crimen organizado ejecuta sus fechorías.
El contrabando de esos objetos con los que se dotan a las estructuras criminales no es nada nuevo, dicen analistas a Criterio.hn. Es más, aseguran que es la muestra de la gobernanza del crimen organizado en la nación, opacada por la inseguridad que, aunque ha sido un mal histórico, toma relevancia por las medidas de seguridad que está implementado el gobierno de Xiomara Castro para intentar frenarla.
El director de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Cálix, aseguró a Criterio.hn que se está combatiendo a lo interno de la institución para erradicar el contrabando, con acciones que van desde la investigación hasta la separación de los cargos a las personas que están permitiendo el ingreso de artefactos de manera clandestina a Honduras.
El alto funcionario detalló que hasta el momento han logrado comprobar, después de sus investigaciones, que unas 14 personas y dos grandes empresas encargadas de introducir encomiendas a Honduras, están ligadas al tráfico de armas y sustancias químicas ilegales.
Aunque el ingreso de armas por las aduanas es un problema histórico y que no se ha combatido de manera frontal, aseguró, gran parte de sustancias ilícitas entran al país por puntos ciegos y fronteras terrestres, marítimas y aéreas.
“Una parte de armas que alimenta el crimen organizado las pretenden ingresar por aduanas, pretendiendo violar los controles y estándares establecidos para luchar contra la corrupción”, explicó a través de una llamada telefónica.
Añadió que entregó los expedientes y resultados de las investigaciones al Ministerio Público (MP), pero la institución no ha emitido los requerimientos fiscales contra los señalados.
“Nosotros, muchas veces no entendemos por qué el Ministerio Público no actúa si Aduana le entrega toda la información sobre quién envía las armas, el encargado de recibirlas, a que municipios las dirigen y que agencia aduanera realizó los trámites. No logramos entender por qué a estas alturas el MP no ha presentado requerimientos fiscales”, preguntó.
El portavoz del Ministerio Público, Yori Mora, en tanto, expresó que la institución lleva sin trabajar alrededor de 10 semanas, por lo que es imposible que se ejecuten requerimientos fiscales ya que “ni a las oficinas de trabajo se puede entrar”.
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IMPERIO DEL MAL Y REGULACIÓN ADUANERA
Para la comisionada policial en condición de retiro, María Luisa Borjas, en diferentes administraciones aduaneras ha ocurrido lo mismo que en los centros penitenciarios: que la anarquía del crimen organizado se apoderó de los tuétanos de la institución y parte del personal está aceptando sobornos a cambio de permitir el ingreso de armas y sustancias ilícitas.
“El mismo mal que está en las cárceles, es el mismo de la aduana. Esto no es nada nuevo que viene descubriendo la administración actual. Lo que yo quiero saber es ¿cómo luchan contra ese tráfico ilegal de armas?, escuché denuncias, pero ¿sólo 14 personas han estado envueltas en la corrupción aduanera? eso no refleja la realidad. Quieren taparle el ojo al macho”, cuestionó.
Borjas dijo además que debería existir una ley que regule el ingreso de armas a través de la aduana, porque con la actual es un mecanismo que las mismas maras y pandillas han aprovechado para facilitar el trasiego de artefactos de uso legal en Honduras.
“Eso (la ley) debe de ser estudiada, modificada. ¿Cómo es posible que cualquier persona puede mandar armas al país sólo con el hecho de cumplir unos parámetros? Me parece que algo está mal y a lo largo de la historia ha estado mal”, analizó.
Añadió que “si ya se sabe a qué lugares de Honduras vienen a parar estás armas ilegales, ¿por qué no proceder directamente contra las personas remitentes que les darían uso? Aquí la corrupción y la impunidad son los que permiten y permitirán que se violenten las leyes”.
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El artículo 292 de la Constitución de la República señala que el único ente autorizado para la importación, distribución, compra, venta y fabricación de armas de fuego y artículos similares son las Fuerzas Armadas, a través de La Armería, facultada por la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos.
Sin embargo, por medio de las aduanas, Honduras puede recibir armas y municiones de uso legal, siempre y cuando se cumplan con los requisitos ya establecidos por la Secretaría de Defensa.
En Honduras, según fuentes no oficiales, circulan alrededor de 1.2 millones de armas, de las cuales 900,000 pertenecen al crimen organizado y narcotráfico y 300,000 son legales.
De acuerdo a la Ley de Control de Armas de Fuego, las pistolas prohibidas que no deben ingresar al país para que civiles les den uso, son las que únicamente el ejército y la Policía Nacional pueden poseer de forma exclusiva, además de la AK-47, AR-15, M-15 y la M-4.
