Tegucigalpa, Honduras.- Los Integrantes de la ya extinta Junta Proponente pidieron al Congreso Nacional no caer en vicios políticos que busquen colocar en el Ministerio Público (MP) autoridades que continúen promoviendo la hegemonía de impunidad y corrupción que se ha venido arrastrando en la última década.
“Es importante hacerle un llamado a la clase política del país para que actúe con seriedad y deje de utilizar triquiñuelas o negociaciones bajo la mesa para lograr dañar un tema tan importante como es el trabajo que hará el Ministerio Público en los siguientes cinco años”, solicitó Julio Raudales, quien representó a las universidades privadas ante la Junta Proponente.
Agregó que “¿es un poder político? sí, pero la decisión que tomen no debe ser a favor de sus propios intereses, sino a favor de los intereses de la sociedad y para mejorar el funcionamiento técnico del ente de investigación”.
Aunque el economista Raudales no lo puntualizó, el acuerdo al que podría hacer referencia es al tripartito, que incluye al Partido oficialista, Liberal y Nacional, con el que se repartieron los cargos en la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y buscan hacer lo mismo con la fiscalía.
Por ejemplo, de acuerdo con información que Criterio.hn conoció, con ese acuerdo se busca reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público para crear un segundo fiscal adjunto y que el cargo de director de fiscales entre en un proceso de elección.
Según la actual normativa, sólo dos cargos entran en proceso de elección desde el Congreso Nacional: fiscal general y fiscal general adjunto, no existe una tercera figura, y el puesto director de fiscal lo escoge el fiscal general.
Este pacto político tiene como objetivo que, tanto como el partido Libertad y Refundación, Nacional y Liberal, coloquen a profesionales del derecho que respondan a sus intereses, es decir, que una vez ostenten los altos cargos, no investiguen casos de corrupción que los vinculen y tampoco desempolven los que están archivados.
Para que este pacto se consume existe una ligera posibilidad: que la Sala de lo Constitucional de la CSJ admita los recursos de amparos presentados por los abogados Mario Roberto Urquía y Luis Javier Santos, titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), quienes fueron inhabilitados del proceso de selección que hizo la Junta Proponente.
Una vez los recursos amparos son admitidos, se suspende el proceso de elección que se hace desde el Congreso y las actuales autoridades de la fiscalía tendrían la obligación de continuar en sus cargos porque el Código Penal en el artículo 500 establece que ningún funcionario puede abandonar el cargo y, si lo hace, se le aplica una penalización.
Entonces, mientras no se elijan las nuevas autoridades del MP, continúan los actuales fiscales y, ese andamiaje, le daría el tiempo al Congreso Nacional para hacer la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público y consumar la estrategia política para repartirse los altos cargos de la fiscalía para que continúe prevaleciendo la impunidad.
El Congreso Nacional, de acuerdo con la ley, tiene hasta el 31 de agosto de 2023 para escoger al séptimo fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público y para hacerlo debe ser con la mayoría calificada, es decir, 86 votos.
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QUE NO SE REPITA LA HISTORIA
En tanto, Odir Fernández, quien representó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ante la Junta Proponente, exigió a los diputados respetar el listado entregado y no repetir lo sucedido en la elección de 2018, año en el que se colocó un fiscal general que no participó en el proceso.
“La ley establece que se debe respetar el trabajo que hizo la Junta Proponente, pero ya tenemos un antecedente y eso no lo podemos obviar, el actual fiscal general (Óscar Fernando Chinchilla) fue reelecto saliendo de una nómina que no existía; sin participar en el proceso”, analizó Fernández.
“Lamentablemente está ese antecedente, es algo que no podemos obviar y que podría suceder en este proceso que queda en manos del Congreso Nacional, pero confiamos en que se hará un buen trabajo y se respetará la nómina que se entregó”, añadió.
Óscar Fernando Chinchilla fue reelecto como fiscal general en 2018, sin participar en el proceso que realizó la Junta Proponente en ese entonces, tampoco sin figurar en la nómina final que se mandó al Congreso que presidia el diputado nacionalista Mauricio Oliva, quien era uno de los brazos fuertes del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Inicialmente Chinchilla fue propuesto por cinco patronatos comunales y el pastor evangélico, Moisés Aguilar, pero posteriormente, a inicios de mayo de aquél año, la Junta Proponente informó que el tiempo para presentar su postulación había vencido por consiguiente quedó fuera del proceso.
Sin embargo, dos meses después que la Junta Proponente realizó el trabajo de selección y entregó la nómina al Poder Legislativo, el presidente Mauricio Oliva, con apoyo del mandatario Juan Orlando Hernández, determinó que ninguno de la lista sería elegido y continuaría en el poder Óscar Chinchilla.
A Chinchilla se le ha recriminado por no hacer investigaciones ni levantar requerimientos fiscales en contra de, por ejemplo, políticos y policías que llegaron a altos cargos en la Secretaría de Seguridad y por hoy se encuentran en una cárcel de Estados Unidos por tener vínculos con la comisión de diferentes delitos.
Por ejemplo, el presidente del Partido Liberal Yani Rosenthal estuvo desde el 2017 hasta el 2020 privado de su libertad en Estados Unidos por cometer el delito de lavar dinero procedente del narcotráfico, mientras la fiscalía hondureña nunca abrió una investigación o se pronunció sobre ese caso.
También está el caso de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño, quien se mantiene privado de su libertad en Estados Unidos y a la espera de un juicio, tras ser señalado de ser un narcotraficante a gran escala, poseer y usar armas destructivas ilegales para facilitar el trasiego de droga.
Entonces, de acuerdo con los consultados, esta hegemonía de impunidad tendría que ser rota por las nuevas autoridades del Ministerio Pública que, hasta el momento, podría ser cualquiera de los cinco integrantes de la nómina final que mandó la Junta Proponente o, en el peor de los casos, sería un externo elegido por el Congreso Nacional como pasó en 2018.
