El Congreso Nacional tiene la tarea de elegir al fiscal general y fiscal general adjunto antes del 1 de septiembre, estos ocuparán la titularidad del Ministerio Público por un período de siete años
Tegucigalpa, Honduras. – La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), señaló que el Congreso Nacional debe acatar los requisitos constitucionales para garantizar la transparencia y la integridad en el nombramiento del fiscal general y el fiscal general adjunto.
En un comunicado difundido por WOLA en conjunto con Latin America Working Group (LAWG), Fundación para el Debido Proceso, Human Rights Watch y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), recordaron que la Constitución de la República exige que el fiscal general y el fiscal general adjunto, que el Poder Legislativo debe nombrar el 1 de septiembre, sean seleccionados de entre cinco candidatos presentados por una Junta Proponente.
En el mismo inciso mencionan que en el nombramiento del actual fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, en 2018 violó este requisito.
El 29 de junio de 2018, el actual fiscal general Óscar Chinchilla fue reelecto en su cargo pese a que no se presentó al proceso de selección, violentando de esta manera la Ley Orgánica del Ministerio Público.
En la lista de los cinco candidatos enviada al Congreso Nacional por la Junta Proponente no figuraba el nombre de Chinchilla, quien para esos días aseguraba no se postularía. Sin embargo, la historia fue otra.
Esa noche Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián fueron electos tras un arreglo entre el bipartidismo, integrado, en aquel entonces, por el Partido Nacional (que gobernaba el país) y el Partido Liberal.
El boletín cita que “la autonomía e independencia del Ministerio Público es esencial para garantizar el acceso a la justicia y hacer frente a la impunidad estructural que enfrenta Honduras”.
El director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, en inglés), Luis León, dijo a Criterio.hn que los procesos no deben ser separados, es decir que, de nada servirá que la Junta Proponente haga un buen trabajo si el Congreso Nacional no respetará la lista de los cinco candidatos electos por este órgano.
En ese sentido, citó el ejemplo de la elección del fiscal general y fiscal general adjunto de 2018 en el cual Óscar Chinchilla (quien resultó electo) no participó en el proceso y tampoco estaba incluido en la lista enviada por la Junta Proponente y, pese a ello, los diputados del Congreso Nacional lo eligieron a él.
“Creo que por sí sola la Junta Proponente no garantiza nada creo que el mayor problema del proceso está en los intereses políticos y no hay que mentirle al pueblo hondureño va a haber una lucha política por quién maneja la fiscalía”, puntualizó el entrevistado.
El analista es de la opinión que el proceso de selección y elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público va a ser un proceso politizado al igual que la elección de las y los magistrados del Poder Judicial.
“Los partidos políticos va a ejercer presiones para tener a sus representantes dentro de la fiscalía, pero la Junta Proponente no se debe dejar imponer candidatos. Ellos deben hacer un proceso digno como lo hizo la Junta nominadora”, aseveró.
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Entre tanto el director ejecutivo de del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Javier Acevedo, recomienda a la Junta Proponente ser exhaustivos en la evaluación de los cinco candidatas o candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público.
Lo anterior para que los diputados del Congreso Nacional tengan menos oportunidad de seleccionar a malos profesionales. En ese sentido la Junta Proponente debería proponer al Poder Legislativo cinco nombres de profesionales hombres y mujeres de altas capacidades para desempeñar la labor de fiscal general y fiscal general adjunto.
Es decir, que esa su selección esté basada justamente en criterios técnicos, aunque “al final el Congreso Nacional de alguna manera siempre hará un reparto entre los partidos políticos para seleccionar un fiscal general y un fiscal general adjunto”.
Acevedo dice que, la elección de profesionales con los criterios éticos y profesional debería ser una regla obligatoria para la Junta Proponente, asumir las recomendaciones que durante años se han emitido por parte del sistema internacional y de organizaciones de derechos humanos para los procesos de elección de segundo grado.
