Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Nominadora remitirá al Congreso Nacional la nómina de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia en la fecha límite que establece la ley, el 23 de enero de 2023. La nómina incluirá, como mínimo, 23 mujeres y 22 hombres.
Así lo explicó este viernes la secretaria general de la Junta Nominadora, María Elena Sabillón, quien argumentó que el análisis de los expedientes ha impedido apresurar la elaboración de la nómina y del informe que deberá entregarse a la Comisión Permanente del Legislativo.
“Nosotros mencionábamos la posibilidad de enviarlo este viernes en horas de la tarde, sin embargo, en el análisis de cada uno de los expedientes, hasta el jueves solamente se llegó al número treinta, por lo que será difícil revisar los otros expedientes y elaborar el listado, así como el vaciado de la matriz total y la elaboración del informe. Lo importante es que estamos realizando un trabajo exhaustivo”, manifestó.
El 25 de enero de 2023, según establece la Constitución de la República, las diputadas y los diputados del Congreso Nacional deberán seleccionar, con al menos 86 votos, a las 15 personas que impartirán y administrarán justicia al más alto nivel durante el período 2023-2030. Sin embargo, desde que la Junta Nominadora les presenta la lista de candidatas y candidatos, el tiempo dedicado a la evaluación, por parte de los legisladores, es mínimo.
Durante los últimos días, los vicepresidentes del Congreso, Hugo Noé Pino y Fátima Mena, plantearon la posibilidad de crear una comisión especial que evalúe los perfiles de los 45 expedientes que, como mínimo, llegarán al Legislativo. No obstante, tras el más reciente anuncio de la Junta Nominadora, esa posibilidad parece dirimirse debido a que se contaría con menos de 48 horas para evaluar 82 expedientes y cumplir con los tiempos que ordena la carta constitucional.
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NEGOCIACIONES
La elección de la Corte Suprema de Justicia derivará de intensivas negociaciones entre los cuatro partidos principales, Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional, Partido Liberal y Partidos Salvador de Honduras (PSH), quiénes definirán cuántos de los magistrados y las magistradas serán afines a sus intereses políticos.
Históricamente, el Supremo hondureño ha sido repartido entre los dos partidos tradicionales: Nacional y Liberal, recayendo la mayoría simple y la presidencia en el partido gobernante. Prueba de ello es que en el actual pleno de magistradas y magistrados, el presidente es Rolando Argueta, perteneciente al Partido Nacional. En los dos períodos constitucionales previos, 2002-2009 y 2009-2016, la mayoría simple y la presidencia le correspondió a Vilma Morales y a Jorge Rivera Avilés. La primera Corte se eligió cuando el Partido Nacional tenía el control sobre el Legislativo y el Ejecutivo, y la segunda cuando lo hizo el Partido Liberal por última vez.
Esta, sin embargo, será una elección totalmente atípica debido a la correlación de fuerzas dentro del Congreso Nacional. Libre, que ansía dominar el tercer poder del Estado, no alcanza la mayoría simple y, por lo tanto, se ve obligado a negociar y realizar alianzas.
El segundo escenario se ve cada vez más posible con el Partido Liberal, que podría alcanzar, según analistas consultados por Criterio.hn, entre tres y cuatro altos jueces. Los liberales han apoyado a ciegas al oficialismo en la aprobación de la Ley de la Junta Nominadora y, más recientemente, del Presupuesto General de Ingresos y Egresos.
Al igual que en períodos anteriores, candidatas y candidatos afines al Ejecutivo comienzan a perfilarse como los favoritos a ser elegidos por los diputados y las diputadas. Ese es el caso de algunos nombres como Roy Pineda Castro, Sonia Marlina Dubón Villeda, Tirza del Carmen Flores Lanza, Milton Jiménez Puerto y Carlos Alberto Gómez Moreno, entre otros.
También empiezan a perfilarse como favoritos, por parte del Partido Liberal, los nombres de Daniel Arturo Sibrián Bueso, Yuri Fernando Melara Berlioz y Marco Tulio Barahona Valle, y por el Partido Nacional, Gaudy Alejandra Bustillo Martínez, Mario Alejandro Calderón Maldonado, Luis Fernando Padilla Castellanos e Isbela Bustillo Hernández, entre otros.
Todos estos expedientes figuran entre los 82 que, entre el 20 y el 23 de enero de 2023, la Junta Nominadora analizará y considerará. Los nominadores llevarán a cabo el vaciado de la matriz y la redacción del informe, que explicará la evaluación de méritos profesionales y personales de las candidatas y los candidatos que se incluirán en la lista final, así como las descalificaciones, inhabilidades e incompatibilidades de quienes no fueron incorporados en la nómina.
“La Junta Nominadora explicará claramente las razones por las cuales se nominó a cada candidato de la lista, de acuerdo con la calificación obtenida; acreditando también los motivos por los que no fueron incorporados los otros postulantes, incluyendo, en su caso, los procedimientos seguidos por denuncias y tachas”, reza el artículo 22 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora.
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A la última fase del proceso de nominación y elección se han prestado 82 postulantes, quienes superaron los exámenes de conocimientos jurídicos, las pruebas psicométricas y psicológicas, las investigaciones socioeconómicas, y la resolución de denuncias y tachas. En un inicio, 184 personas presentaron sus postulaciones ante la Junta Nominadora, pero, tras aplicarse estos filtros, 102 expedientes quedaron descartados.
DÍA DE LA ELECCIÓN
El 25 de enero de 2023, los 128 legisladores del Congreso Nacional escogerán a los 15 profesionales del derecho que conformarán el pleno de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una vez instalado, con al menos ocho votos, elegirán a una magistrada o magistrado presidente, cargo que ratificará, a más tardar 24 horas, la Junta Directiva del Legislativo.
Una vez juramentada por el Congreso, esta persona tendrá la responsabilidad de determinar qué magistradas y magistrados integrarán la Sala de lo Constitucional, que deberá contar con cinco togadas y togados. El resto de las salas, Penal, Civil y Contencioso Administrativo, únicamente requerirán de tres magistradas y magistrados. Las cuatro salas tendrán un magistrado o una magistrada presidenta.
El período constitucional de la Corte será 2023-2030 y sustituirá al polémico alto Tribunal que actuó entre 2016 y 2030, cuyos magistrados que buscaban reelegirse, seis en total, quedaron descalificados por la Junta Nominadora.
