Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. – La concesión bajo contrato de la clínica del Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS) en Roatán, Islas de la Bahía al grupo CEMESA, afecta a más de 10 mil personas al profundizar un modelo de salud que fracasó en Colombia y constituye un acto más de violación sistemática de la Constitución y de los derechos humanos que hace gala y sangre el régimen de Juan Hernández en el manejo del sistema sanitario como de la pandemia de Covid-19.
Así se expresaron la presidenta del Colegio Médico de Honduras, (CMH), Suyapa Figueroa, la presidenta de los Médicos del IHSS de la capital, Elga Codina y la ex SubComisionada Nacional de Derechos Humanos, Ana Pineda, en un foro televisivo nacional.
El reciente crimen de “Lito” Hernández, un joven lavador de carros en los bordos de río Blanco en San Pedro Sula, es el reflejo fiel de la negación sistemática de esos derechos como práctica rutinaria del gobierno de Honduras, sostuvo la abogada Ana Pineda, ex Comisionada Nacional de Derechos Humanos, en una jornada de análisis del proceso de privatización del IHSS.
El uso desmedido de la fuerza es la política institucional contra las personas afectadas por la desigualdad, que viven en una brecha de más desigualdad cada vez que se niega el derecho al empleo, salud, educación y acceso a los alimentos. Los más afectados son los que ya estaban en condición de vulnerabilidad, indicó.
Las políticas de privatización afectan el derecho a la salud y al trabajo, a la tutela del estado cuando hay malas prácticas, niegan el derecho de estar informado, como sucede con la resolución que el 3 de noviembre tomó la Comisión Interventora del IHSS, que legisló al emitir una resolución que da vida a un nuevo modelo de gestión de la salud.
“No es el medio para utilizar para una decisión como esa, sin publicarlo, aunque así lo exija la Constitución, que establece que todos los órganos del Estado, cuando adopten una decisión de carácter jurídico que afecta a la generalidad, deben publicarlo en el diario oficial La Gaceta y deja de hacerlo, deja en indefensión a todas las personas que fueron afectadas con esta decisión de cerrar la Clínica de Roatán y cederla a clínicas CEMESA”, señala Pineda.
Más grave aún, la resolución de los interventores ordena que desde el 2021 los servicios de salud en los niveles de atención 1,2 y 3 en Islas de la Bahía también se adapten al mismo modelo, con la cancelación del personal o rescisión de contratos y el traslado del resto del personal.
“Aquí hay una afectación de más de 10 mil cotizantes, con el daño que la posición de garante ya no la tiene el Estado, sino que un gestor y cualquier daño, ejercicio de mala práctica o inconformidad el paciente o usuario ya no podrá exigirlo a una autoridad de gobierno, sino que ante un particular que está como gestor de gobierno y que, por supuesto, se desatenderá de esa necesidad”, añade.
Hace seis años el gobierno adoptó la práctica de un modelo privatizador como una política de Estado, a partir de ese momento desde la secretaría de Salud diferentes hospitales son privatizados mediante contratos bajo gestión a empresas privadas, comunitarias o mixtas.
La subrogación se hace adoptando Estados de Emergencia para adquisiciones al margen de la Ley de Contratación del Estado cuando debe ser la excepción. La Sala Constitucional, de su lado, tampoco se pronuncia ante el recurso de inconstitucionalidad que el Colegio Médico de Honduras presentó en el 2015, contra lo que precisamente da vida a ese modelo privatizador, Ley Marco del Sistema de Protección Social.
La norma, un parte del primer mandato de Hernández, determina que será por medio de unidades prestadoras de servicios de salud, vinculadas por ánimo de lucro, que se dará cobertura ante los principales riesgos derivados de la vida, cuando es un modelo “fracasado en Colombia” que se estableció en 1993 en el gobierno de Cesar Gaviria, que convirtió un derecho en un servicio, drenó las pensiones en un 34.8 por ciento al mes de enero de 2017, para dar sostenibilidad del servicio a quienes no lo poseen, siendo obligación del Estado.
Se nombró una comisión interdisciplinaria para analizar el servicio de la clínica y las autoridades usaron eso como justificación para el cierre, privatizar y autorizar la contratación de CEMESA para que preste los servicios de salud y como no estamos en un estado de derecho cuando no se respeta la constitución ni hay separación de los poderes del Estado.
La Sala Constitucional debe actuar conforme a derecho porque se han conculcado garantías a la salud y al trabajo. A la gente solo le queda la calle, ante la falta de respuesta institucional, concluyó.
POSTURA GREMIAL
Al respecto, el Colegio Médico de Honduras subrayó en la organización y movilización pues le asiste la razón; “la lucha debe ser acompañada por todo el pueblo porque el servicio de salud será el mismo en todo el país y quien no tenga para pagar por la salud, se verá afectado”, enfatizó la presidenta del gremio.
Costos que, en el caso de la “Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo” significan para los pacientes costos de dos mil 500 lempiras por transfusión de sangre, 700 lempiras un traslado en ambulancia y, en el caso de Hospital María de la capital, siete mil lempiras una resonancia magnética, concluyó.
La presidenta de los médicos del IHSS de la capital, Elga Codina, advierte por su parte que “ayer fue Roatán, otro día será la Clínica Periférica de la Torocagua, mañana un centro de salud y después el cierre de los servicios no lucrativos para las unidades prestadoras de esos servicios”.
Si no hay voluntad en las autoridades se impone la participación del pueblo si la Corte Suprema de Justicia no responde al recurso legal, que sea en las calles, que no esperen que haya presión del pueblo que es fuerte y tiene implicaciones mundiales que difaman a este gobierno que odia a la población que debe responder con más presión.
Los pasos que se han venido dando son los mismos que han dado para privatizar la ENEE, Hondutel y las carreteras, servicios que se encarecieron sin mejorar y la diferencia con la salud es que aquí priva un contrato para un servicio de cualquier calidad y una encuesta que pregunta si recibió medicinas, pero serán las medicinas que haya, no las que necesite, apuntó.
Un comentario
Perdonen, pero lo que diga pineda, no da tanta tanta credibilidad, fue Ministra de derechos humanos acoplada a arbitrariedades del gobierno de Pepe L. Y….