Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. –El Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA) divulgó un estudio que es la radiografía del verdadero discurso oficial contra la corrupción que se vale de juntas o comisiones interventoras sobre pagadas, que hacen poco o nada y más alimentan el ambiente mal sano de opacidad en la gestión y manejo de recursos del Estado.
El trabajo es un análisis de resultados de la labor de la Comisión Interventora de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), realizada por el CNA confirma que la misma no obedeció más que al interés del gobierno de Juan Hernández Alvarado en ocultar los descomunales actos de corrupción e irregularidades en las compras de bienes, equipos y materiales médicos y biomédicos para enfrentar la emergencia sanitaria del Covid-19.
Uno de los actos más bochornosos e indignantes fue la compra de siete hospitales móviles que llegaron tardíamente al país y de los que solo uno está en funcionamiento, dejando una pérdida que abarca a más del 50 por ciento del presupuesto asignado al combate de la pandemia de Covid-19, de acuerdo con el nuevo dossier del CNA.
Además del informe el CNA en su cuenta de Twitter cuestionó los salarios exagerados y magros resultados de dicha comisión hasta la fecha; “Más de 600 mil lempiras mensuales para tres empleados solo para presentar excusas durante seis meses muestran que la intención no fue dar soluciones, si no que oxígeno a los señalados por las compras en el marco de la pandemia”.
En otro mensaje, el CNA asegura que “La no instalación de los 7 supuestos hospitales móviles, de los cuales no existió contrato, y algunos llegaron sin factura, además de contener equipos dañados y usados, es muestra de la displicencia con que accionó @INVESTHonduras en medio de una de las peores crisis sanitarias”.
Un tercer texto subraya que “La ratificación de funcionarios que han probado su inoperancia y falta de efectividad sólo evidencia que en la administración pública de Honduras la mediocridad se premia y la eficiencia es una utopía”.
El análisis del CNA define que hasta el momento “no existen elementos suficientes de querer subsanar la problemática que impera en Invest-H y buscar una reestructuración efectiva”.
Algo en lo que la comisión interventora fue en la erogación de un salario mensual de 200 mil lempiras para cada miembro, lo que al final del primer mandato de 180 días representó la erogación de un millón 250 mil 597 lempiras con 95 centavos en pago de salarios, que al ampliarse el período por un año más, rondarían arriba de 10 millones de lempiras.
La pesquisa concluye que no se ha podido solventar la problemática interna de Invest-H, sí cambió el pago de 600 mil lempiras mensuales de tres personas; se determinaron acciones en torno a la compra de siete hospitales móviles para que la ciudadanía haga sus valoraciones; de igual forma se desconoce el motivo que tuvo el gobierno para ampliar la gestión de la interventora, de acuerdo con el CNA.
Este acto generó la renuncia de un director ejecutivo, la renuncia de una directora y el nombramiento de la Comisión Interventora para solventar la crisis que, a un año de su nombramiento únicamente busca justificaciones debido a que no encuentra una estrategia que responda a la demanda de salud del pueblo hondureño.
A pesar de los intentos oficiales para atajar la corrupción en medio de la pandemia y devastadores efectos de los fenómenos climáticos, la “desaparición” del escenario público de Marco Bográn, ex director ejecutivo de Invest-H, de Gabriel Rubí, ex titular de la Comisión Permanente de Contingencias, (COPECO) y la falta de mención del titular del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, como responsable de dar posesión del cargo a los cuestionados, solo confirman el grado de impunidad que vive el país.
