Tegucigalpa, Honduras.-Algunos integrantes de la cúpula de la Policía Nacional habrían estado, y podrían seguir, involucrados en actos irregulares, incluso manteniendo vínculos con el crimen organizado, información que ya está en manos del Ministerio Público (MP), según la denuncia pública realizada por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.
Villanueva, quien fue directora de Medicina Forense del Ministerio Público entre 2013 y 2018, no mencionó los nombres de los policías implicados en irregularidades, argumentando que no desea entorpecer la labor investigativa que está llevando a cabo la Fiscalía para evidenciar el posible vínculo de la cúpula institucional con la comisión de delitos.
De hecho, según la denuncia de Villanueva, que expone directamente al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez; al director policial, Juan Manuel Godoy; y al jefe de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), Mario Molina Moncada, quienes son algunos integrantes de la cúpula, no solo las máximas autoridades están envueltas en fechorías, sino que también miembros de la escala básica.
“Pero lo que sí sé es que hay claras investigaciones que vinculan a gente de la cúpula policial e intermedios con el crimen organizado. Yo confío plenamente en que esta Fiscalía va a hacer las cosas de manera diferente; que habrá justicia”, denunció la segunda al mando de la Policía Nacional en medios de comunicación.
Además, Villanueva expuso que algunos de los que actualmente ocupan cargos de alta jerarquía, durante 2016 y principios de 2017, cuando se realizó la cuestionada depuración policial durante el primer período de gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, utilizaron diagnósticos médicos falsos para obtener incapacidades laborales de hasta seis meses y evitar así la depuración por los vínculos que tenían con el crimen organizado.
“Hay muchos policías, incluyendo a algunos de la cúpula, que en tiempos de la depuración utilizaron certificaciones falsas para alegar que tenían trastornos mentales y así evitar cumplir con la depuración. Es ahí donde esa depuración falló, y muchas personas siguen en la institución”, precisó la funcionaria.
La primera fase de depuración policial comenzó en 2013 (mientras Porfirio “Pepe” Lobo era presidente) y culminó en 2014 bajo el gobierno de Hernández. Esta etapa se enfocó en la identificación y separación de miembros de la Policía Nacional involucrados en actividades delictivas, corrupción y abuso de autoridad.
La segunda depuración policial en Honduras, iniciada en 2016 durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, enfrentó retos que limitaron su efectividad. La falta de transparencia y supervisión, junto con una resistencia interna significativa, impidió que el proceso lograra sus objetivos. Además, la depuración careció de recursos suficientes y una capacitación adecuada para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y aplicar reformas efectivas.
Algunos policías que fueron depurados en 2016 continúan exigiendo su reintegro a la institución argumentando que no había justificación. Fotografía: Horacio Lorca/Criterio.hn
Los problemas institucionales subyacentes, incluyendo la corrupción y los vínculos con el crimen organizado entre algunos miembros de la Policía Nacional y otras instituciones, agravaron la situación. Esta combinación de factores permitió que la depuración dejara muchas deficiencias sin resolver, perpetuando la corrupción y la falta de confianza en las fuerzas de seguridad del país.
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ILEGALIDADES EXPUESTAS DE ALGUNOS INTEGRANTES
El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, admitió sin reservas en un foro televisivo realizado el 1 de julio de 2024, que hace años tuvo un enfrentamiento con un criminal. Aunque el caso probablemente tuvo una resolución legal que permitió la libertad del implicado, Godoy señaló que él también tomó medidas por su cuenta, sin ofrecer detalles adicionales.
Godoy, quien hace un par de años fue beneficiado con un sobreseimiento definitivo del Poder Judicial a pesar de haber torturado a estudiantes y defensores de derechos humanos, explicó que tomó la justicia por sus propias manos porque el criminal, tras el enfrentamiento, contactó a la familia para advertir que habría consecuencias si se interponía una denuncia ante la Fiscalía.
“Hace un tiempo tuve un enfrentamiento y me hirieron; tengo cuatro impactos de bala en el cuerpo. El pandillero tuvo la osadía de llamar a mi familia y advertir que habría consecuencias si lo denunciaba. Entonces, yo lo llamé y le dije: “Espérate que yo salga y terminamos lo que empezamos”, contó el uniformado.
Durante el juicio, Godoy relató que, enfrentado a la amenaza del criminal, decidió actuar fuera del marco legal, buscando una solución personal al conflicto. Según sus palabras, optó por rehusarse a que el criminal quedara en libertad, con la intención de resolver la situación de manera definitiva por su cuenta.
“Entonces, le dije al muchacho: “Prefiero que esta situación termine y que salgas libre. Como ya me empezaste, nos vamos a terminar; pero ese soy yo. Era la única forma de hacerlo en aquel entonces”, confesó el director policial.
Según Godoy, aunque el testimonio que compartió podría incitar a la población a tomar la justicia por sus propias manos, lo expuso para poner en tela de juicio la ineficiencia del sistema legal en Honduras y el poder que tenían las organizaciones criminales años atrás.
“Puse un ejemplo propio, que yo tenía mi determinación, pero eso yo lo hice, que es lo que no se debe hacer. No se debe tomar la justicia por las manos, pero, ¿qué sucede cuando uno se ve afectado?”, justificó Godoy.
De hecho, Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), cuestionó que el director policial podría estar enviando un mensaje erróneo a la población, prácticamente invitándola a tomar la justicia por sus propias manos.
“No debemos mandar un mal mensaje. El problema es que eso fue justicia por mano propia y no estamos dejando que el gobierno resuelva el conflicto a través de la justicia”, valoró Ayestas.
Aunque el testimonio expuesto por Godoy no respalda la denuncia de Villanueva sobre el vínculo con el crimen organizado, sí expone una realidad histórica: cómo, a pesar de violar la ley, algunos elementos policiales resuelven conflictos personales o familiares por su propia cuenta, abusando de las facultades y el poder que les confiere el uniforme, la insignia y el arma policial.
En realidad, no solo los antecedentes de Godoy revelan la fragilidad de los policías ante situaciones de presión y ambición, sino que una prueba aún más certera y demás envergadura es el caso del exdirector de la Policía Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien hace unas semanas fue sentenciado en una corte estadounidense por sus vínculos con el narcotráfico.
