Lo paradójico del caso es que, aunque la segunda al mando de la institución, Julissa Villanueva, hizo la denuncia pública, ni siquiera el departamento de prensa de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) maneja información sobre si actualmente se está investigando a elementos policiales que posiblemente fueron parte intelectual de la masacre registrada en la cárcel de mujeres
Tegucigalpa, Honduras.- En la masacre registrada en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) no solo se utilizaron armas y municiones de la Policía Nacional, sino que también varios integrantes de la institución, incluyendo miembros de la cúpula, y del Instituto Nacional Penitenciario (INP), fueron piezas claves para perpetrar el hecho que acabó con la vida de 46 privadas de libertad el pasado 21 de junio de 2023.
Lo anterior fue denunciado por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, quien explicó que, aunque ella encabezaba la comisión interventora de los centros penales en ese entonces, la responsabilidad operativa de las cárceles recaía sobre el general Gustavo Sánchez, actual secretario de Seguridad, quien en ese tiempo era el director de la Policía Nacional.
“A quienes les correspondía el manejo operativo de las cárceles era a Sánchez Velásquez (actual secretario de Seguridad) y a la cúpula del Instituto Nacional Penitenciario. No nos engañemos, quienes colocaron a las personas encargadas de la custodia penitenciaria fueron la Policía y el INP, que permitieron el ingreso de balas, municiones y gasolina a la cárcel de mujeres”, mencionó Villanueva en un foro televisivo.
De hecho, según lo expuesto por la funcionaria, entre las evidencias que tiene el Ministerio Público (MP) se encuentran escuchas telefónicas que podrían implicar a elementos policiales, quienes, días antes de la masacre, habrían estado fraguando cómo perpetrar el hecho.
También mencionó que en la investigación hay informes que indican que, antes, durante y después del hecho violento, elementos policiales penitenciarios informaron a Gustavo Sánchez, por la envergadura del cargo, sobre lo que estaba ocurriendo, pero él no respondió de ninguna forma.
“Las escuchas revelan claramente cuando están planificando este atentado grave contra estas 46 mujeres; los informes indican que los mismos muchachos (policías penitenciarios) le informaron al director lo que estaba pasando, pero no hizo nada. Entonces, ahora mejor me dicen: “La doctora debió haber dado un paso atrás”, mencionó.
Lo paradójico del caso es que, aunque la segunda al mando de la institución, Julissa Villanueva, hizo la denuncia pública, ni siquiera el departamento de prensa de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) maneja información sobre si actualmente se está investigando a elementos policiales que posiblemente fueron parte intelectual de la masacre registrada en la cárcel de mujeres.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida es la principal encargada del proceso de investigación. Sin embargo, en más de un año desde la tragedia, solo ha presentado requerimientos fiscales contra privadas de libertad, miembros de la pandilla Barrio 18, que supuestamente serían las autoras materiales de la masacre, pero no en contra de elementos policiales, a pesar de tener evidencia de su partición, como lo expuso la funcionara.
De hecho, Creterio.hn se contactó a través de una llamada telefónica con la portavoz de la FEDCV Katia Moncada para consultar si actualmente hay policías siendo investigados por la masacre en PNFAS, pero entre titubeos mencionó que no maneja la información, ya que también la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDDHH) lleva el caso.
Además, Moncada comentó algo que llama la atención: de manera sigilosa, las autoridades reemplazaron a Roberto Blen, quien dirigía la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida y estaba a cargo de la investigación de la masacre en PNFAS, y en su lugar nombraron al fiscal Aníbal Federico Izaguirre.
Roberto Blen, el año pasado, aceptó que las municiones de la Policía Nacional fueron utilizadas para perpetrar la masacre. También reconoció que el proceso de investigación del caso avanzaba lentamente debido a la falta de personal asignado a la dependencia que dirigía.
CONSECUENCIAS DE DENUNCIAS
Villanueva explicó que estas evidencias están en manos de la Fiscalía, y que incluso con un breve cotejo de hechos se puede reforzar la teoría de que Sánchez se benefició de la tragedia penitenciaria.
Por ejemplo, después de la masacre en la penitenciaría femenina, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, removió del cargo de secretario de Seguridad a Ramón Sabillón y nombró en su lugar al entonces director Gustavo Sánchez, quien desde que asumió el cargo ha adoptado un discurso político alineado con el oficialismo.
Una vez en el máximo cargo de la institución, Sánchez comenzó a marginar a la doctora Villanueva de las funciones que Sabillón le había encomendado. En su lugar, se rodeó de uniformados de su confianza conformado la actual cúpula, blindándose así y asegurando respaldo para todas las estrategias de seguridad que todavía está impulsando, aunque estas medianamente tengan efectos positivos.
De hecho, uno de los integrantes de la cúpula es Juan Manuel Aguilar Godoy, quien ocupa el cargo de director de la Policía, puesto que antes ocupaba Sánchez. El 1 de julio de 2018, el Poder Judicial lo benefició con un sobreseimiento definitivo, a pesar de haber cometido actos de tortura contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y defensores de derechos humanos en 2017.
Desde que Sánchez tomó las riendas de la institución, esta cúpula ha implementado estrategias de seguridad que han sido cuestionadas por su ineficiencia y las violaciones a los derechos humanos cometidas. Además, aquellos que se oponen o señalan las deficiencias son acusados de tener vínculos directos con el crimen organizado.
Como resultado de su denuncia sobre los presuntos actos ilegales de esta cúpula, Villanueva ha enfrentado atentados contra su vida, marginación de sus funciones como segunda al mando de la institución y el despido sin causa justificada de todo el personal bajo su despacho.
“Lo que sé con certeza es que hay investigaciones claras que vinculan a miembros de la cúpula y de niveles intermedios con el crimen organizado. Sin embargo, quienes conocen la situación no denuncian, pues como se dice, ‘Policía no come policía’. ¿Por qué me amenazan? Es mejor que realicen su trabajo con transparencia para evitar estos cuestionamientos”, precisó Villanueva.
El secretario Gustavo Sánchez, en las pocas ocasiones en que se ha referido a las denuncias de Villanueva, ha insistido en que ella debe presentar pruebas concretas sobre las implicaciones de algunos miembros de la cúpula ante el Ministerio Público para que se actúe de acuerdo con la ley.
