Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Hace más de un mes el Legislativo dejó en pausa el impulso por llevar a cabo el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Edgardo Argueta Pérez y el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla Banegas.
El tema no volvió a tocarse y tan solo quedó en la expectativa de una promesa a cumplir que, de haberse logrado habría dejado un precedente positivo para Honduras.
Aunque analistas y diversos organismos como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) manifestaron que existían suficientes indicios bien argumentados para el juicio político contra Chinchilla y Argueta, esto no sucedió.
Ante los medios de comunicación, los integrantes de la Comisión de Extradición, entre ellos la diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos y el diputado por Libertad y Refundación (Libre) Ramón Barrios, señalaron que tomarían un compás de espera para cuando el escenario sea más beneficioso y concretar el resultado esperado por el pueblo.
El diputado Jari Dixon Herrera Hernández, dijo ese día en conferencia de prensa que en su momento se cumplirá con la demanda del pueblo hondureño sobre el juicio político, por su apego a la narcodictadura.
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Los titulares del sistema de justicia son señalados por su indiferencia a los actos criminales que se realizaron en los últimos años, incluso frente a los provenientes del crimen organizado y los relacionados al narcotráfico.
“Este es un sistema de administración de justicia que no cumplió con lo que exigía la Constitución de la República, la Ley del Ministerio Público y especialmente con lo que le exigía el pueblo hondureño”, dijo Jari Dixon Herrera.
De acuerdo a las conclusiones del informe realizado por la Comisión, la recomendación principal fue el juicio político para ambos, pero consideraron que todavía se necesita construir los escenarios necesarios para tener éxito.
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ESPERAN ESCENARIO FAVORABLE PARA JUICIO POLÍTICO
Como es bien conocido, el Partido Nacional mantuvo su postura en contra del sonado juicio político y anunciaron que con la ausencia de sus 44 votos en el Congreso Nacional sería imposible llevarlo a cabo. Además, como argumentos manifestaron que Libre busca centralizar el poder.
Por otro lado, la diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, había asegurado que varios diputados nacionalistas contemplaban votar a favor de la iniciativa de juicio político, aunque algunos diputados del Partido Liberal guardaban la misma postura de la mayoría nacionalista.
Para lograr el juicio político en contra de Chinchilla y Argueta, catalogados como “el dúo de la impunidad” se necesitaba la mayoría calificada de 86 votos de los 128 diputados del Congreso Nacional.
El documento se conforma de pruebas contundentes recabadas, fue entregado al Congreso el pasado martes 14 de mayo por la Comisión que investiga a operadores de justicia en casos de extradición. La petición está sustentada en un informe detallado de investigación, con pruebas y suficiente información toral.
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Diputados de Libertad y Refundación (Libre) y Partido Salvador de Honduras (PSH) sostienen que ninguno de los dos funcionarios tiene la moral para continuar en esos cargos.
La comitiva en temas de extradición, ha resaltado en su informe que el juicio político es solicitado en base a funciones administrativas y qué es lo que los funcionarios de justicia dejaron de hacer.
En contra de Chinchilla existen denuncias graves al desempeño de su cargo, por realizar acciones contrarias a la Constitución de la República o del interés nacional, manifestar negligencia e incapacidad o incompetencia para el desempeño de su cargo.
Respecto a las funciones de Rolando Argueta, encontraron varias irregularidades, entre estas que no sancionó a los magistrados de la Corte que sobreseyeron casos de narcotraficantes como el de Fredy Mármol, pese a contar con todos los elementos para condenarlos.
Esta promesa ha quedado en pausa, pero los congresistas del PSH y Libre habían señalado que quienes se oponían al juicio político contra Chinchilla y Argueta lo hacían por complicidad, actuando una vez más en contra del pueblo hondureño.
