JOH y Pepe Lobo dirigieron relación simbiótica entre narcos y el Partido Nacional

Tomado de: Univisión.com

Tegucigalpa.- Los fiscales de Nueva York se refieren a «una relación simbiótica entre narcotraficantes y el Partido Nacional», que fue dirigida por los expresidentes Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández durante la última década, informa Univisión este jueves.

Tony Hernández se someterá a un juicio por narcotráfico el 2 de octubre. Pero todas las miradas estarán puestas en su hermano, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quien los fiscales han identificado como presunto coconspirador en el caso. 

La publicación de un documento por parte de fiscales federales estadounidenses en Nueva York a principios de este mes que implica al presidente de Honduras Juan Orlando Hernández en una conspiración de tráfico de drogas a gran escala, ha conmocionado a una nación ya frágil de por sí, y ha provocado protestas generalizadas y un coro de llamados a la renuncia del presidente.

El documento de 44 páginas describe el caso del gobierno contra el hermano del presidente, Antonio ‘Tony’ Hernández, quien fue arrestado en Miami a finales del año pasado por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego y será sometido a juicio en Nueva York el 2 de octubre.

En nuevos documentos publicados el miércoles, los fiscales alegan que Tony Hernández estuvo involucrado en el asesinato de ocho personas en una disputa de cocaína en 2009, y también trató de distribuir ametralladoras a conspiradores en México y Colombia, incluidos miembros de la antigua guerrilla de las FARC.

Los fiscales se refieren a «una relación simbiótica entre narcotraficantes y el Partido Nacional», que fue dirigida por los expresidentes Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández durante la última década.

Además, describen a Tony Hernández como «el conducto clave entre algunos de los narcotraficantes más grandes de Honduras y el palacio presidencial».

Hernández ha negado rotundamente las acusaciones diciendo que se basan en el testimonio inútil de un narcotraficante, Alexander Ardón, quien está cooperando con los fiscales y desea vengarse de las autoridades hondureñas después de su captura.

Sin embargo, exfiscales federales le dijeron a Univision Noticias que el relato de los testigos cooperantes ya fue aprobado y es poco probable que dichas acusaciones se realicen sin alguna forma adicional de corroboración.

«La práctica en el Distrito Sur de Nueva York a menudo ha sido que los testimonios de los cooperantes se corroboran de varias formas», dijo Jessica Ortiz, exfiscal federal de Nueva York que también fungió durante un tiempo como jefa de la Unidad de Narcóticos de la Oficina del Distrito Sur.

Además, la participación del presidente Hernández en la conspiración fue corroborada en parte por otro testigo cooperante anónimo, identificado como un exoficial de policía hondureño que estuvo involucrado en el tráfico de drogas.

Un exalcalde, uno de los testigos claves que implicó a los Hernández

Los fiscales alegan que Ardón recibió protección del gobierno, lo cual queda en evidencia por el hecho de que él era un poderoso político local del gobernante Partido Nacional y nunca fue acusado en Honduras a pesar de que su participación en el tráfico de drogas era un secreto a voces.

La decisión de nombrar a un presidente en funciones como coconspirador es una decisión que no se tomaría a la ligera. Los fiscales tenían la opción de nombrar a Hernández simplemente como un funcionario anónimo, por ejemplo, un seudónimo que se utiliza para cargos del gobierno que pueden estar vinculados a la conspiración en menor grado y no están directamente involucrados en la conspiración. Exfiscales del Distrito Sur de Nueva York le dijeron a Univision Noticias que la designación como CC (coconspirador) tiene implicaciones más serias.

«Sabiendo qué se toma en cuenta para identificar a alguien o no, esto me parece un acto significativo y deliberado», dijo Nick Lewin, exfiscal del Distrito Sur y alto funcionario del FBI, quien señaló que identificar al presidente en funciones de un estado extranjero probablemente requiere de aprobación de alto nivel.

Sin embargo, el nombramiento de una persona como coconspirador en un caso criminal no significa que la persona será necesariamente objeto de un futuro enjuiciamiento. La carga de la prueba es menor que la que se requiere para un enjuiciamiento. Por lo tanto, muchos coconspiradores nunca son acusados, enfatizó.

El documento de 44 páginas, publicado en relación con el próximo juicio por tráfico de drogas de Antonio ‘Tony’ Hernández, hermano del presidente, alega, entre otras acusaciones serias, que en 2013 Juan Orlando Hernández le solicitó a Ardón aproximadamente 1.5 millones de dólares en financiamiento ilícito de campaña.

El caso de la fiscalía también alega que el presidente Hernández solicitó sobornos para su elección como presidente del Congreso, que les brindó protección a los coconspiradores, y que recibió financiamiento ilícito de campaña en 2009.

El presidente Hernández rechazó «las acusaciones falsas y perversas», destacando en cambio los logros de su gobierno en la guerra contra las drogas y haciendo dos viajes sorpresa a Washington DC en las últimas dos semanas, al parecer para demostrar que no tiene problemas legales en Estados Unidos.

Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.

El tiempo se acaba

El venidero juicio contra Tony Hernández — que debe comenzar el 2 de octubre en Nueva York — representa la mayor amenaza hasta el momento para el mandato del presidente Hernández y pone en tela de juicio la relación del gobierno hondureño con Estados Unidos en un momento en que la administración Trump está negociando cambios drásticos en la política migratoria de la región.

Tony Hernández se declaró inocente de los cargos, mientras que su abogado declinó hacer comentarios para este artículo.

Mientras tanto, un país entero — y probablemente el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuyo apoyo es crucial para la legitimidad de Hernández — está en ascuas esperando pruebas que los fiscales aún no han presentado. Para muchos, no sólo Tony Hernández será sometido a juicio, sino todo un sistema que se le considera podrido de arriba abajo por el tráfico de drogas que, según los fiscales, «contribuyó a que Honduras se convirtiera en uno de los lugares más violentos del mundo».

Los cargos por conspiración de tráfico de drogas tienen un plazo de prescripción de cinco años que se extienden desde que acaba la conspiración. En este caso, la fecha de finalización parece caer en 2016 o 2017, según la evidencia presentada por los fiscales hasta el momento. Eso significaría que éstos tendrían que presentar cargos contra cualquier cómplice antes de 2022 a más tardar. El período actual de Hernández termina en enero de 2022.

Tres escenarios

Si, tras la culminación del juicio a Tony Hernández, los fiscales sienten que tienen suficiente evidencia como para implicar al presidente Hernández fuera de toda duda razonable, se podrían presentar tres escenarios potenciales, según los exfiscales del Distrito Sur:

• Si los fiscales creen que tienen el tiempo de su lado, simplemente podrían esperar hasta que el presidente abandone el puesto para presentar cargos, mientras se enfocan en otros coconspiradores.

• También podrían presentar los cargos e intentar extraditar al presidente. En este caso, el presidente no quedaría protegido por la inmunidad diplomática, pero la soberanía y otras consideraciones diplomáticas podrían ser un problema.

• Debido a la obvia dificultad de extraditar a un jefe de un estado extranjero, los fiscales también podrían optar por presentar la acusación bajo sello por cinco años y esperar hasta que el presidente deje el cargo, ya sea en 2022 o más adelante. Incluso entonces, el presidente Hernández disfrutaría de inmunidad bajo la ley hondureña como miembro del parlamento centroamericano durante otros cinco años, como es habitual para los jefes de estado salientes en la región.

¿Qué es un coconspirador?

El resumen del caso por parte de los fiscales no nombra directamente al presidente Hernández, sino que lo incluye como ‘CC-4’ o Coconspirador-4. Sin embargo, el contexto no deja dudas sobre su identidad, pues alega que la persona es «hermano del acusado» y ganador de las elecciones presidenciales de 2013.

En su defensa, Hernández ha sugerido que las acusaciones se basan únicamente en el testimonio de Ardón, a quien se le identifica como Testigo Cooperante-3,o ‘CW-3’, por sus siglas en inglés, y quien fue acusado de cargos de tráfico de drogas en enero y ahora parece estar cooperando con los fiscales.

«De lo que verdaderamente se trata es de las declaraciones como testigo de un narcotraficante en un caso que no está relacionado directamente conmigo», dijo Hernández en una conferencia de prensa después de que las acusaciones se hicieron públicas.

Los fiscales acusan al presidente Hernández de haberle solicitado sobornos a Ardón para convertirse en presidente del Congreso primero y luego de la República, a cambio de protección, la cual presuntamente también le proporcionó a su hermano Tony y otros coconspiradores. Los exfiscales del Distrito Sur de Nueva York dijeron que las acusaciones contra Hernández — solicitud de sobornos a cambio de protección — podrían ser suficientes para un enjuiciamiento si hay suficientes pruebas contra él.

«Si se hace con el conocimiento y la comprensión de que esos actos se realizan para promover, facilitar o continuar el tráfico de drogas, todo eso sería parte de la conspiración de tráfico de drogas, especialmente cuando los pagos se hacen con el dinero procedente de las drogas», dijo Rebecca Monck Ricigliano, exfiscal de distrito y antigua jefa de la Unidad de Narcóticos.

Aunque es cierto que muchas de las acusaciones que se describen en el documento se basan en el testimonio de Ardón, la participación de Hernández en la conspiración fue corroborada en parte por otro testigo colaborador, a quien se le identifica como CW-4, un exoficial de policía hondureño que estuvo involucrado en el tráfico de drogas. Según el documento, el contacto principal de CW-4 era «un oficial de alto rango en la Policía Nacional de Honduras», quien también es primo de Hernández.CW-4 le brindó protección para los envíos de drogas, así como «información confidencial sobre las fuerzas del orden» a la conspiración a cambio de dinero, promociones y protección, dicen los fiscales. Antes de su extradición, CW-4 se reunió con el primo de Hernández, quien presuntamente le dijo que ya no podía ser protegido «debido al interés de Hernández en buscar la reelección».

Después de la publicación del resumen de los fiscales de Nueva York sobre el caso contra Tony Hernández, surgieron fotos en los medios hondureños de Ardón con Juan Orlando Hernández. Aunque las fotos establecieron que los dos hombres sí se habían reunido, no prueban mucho más que eso, ya que, antes de su caída, Ardón era un miembro influyente del Partido Nacional de Hernández.

Ardón, exalcalde de El Paraíso en la provincia noroccidental de Copán, presuntamente colaboró con Joaquín El Chapo Guzmán, el jefe condenado del Cartel de Sinaloa en México. Según los informes, construyó un ayuntamiento que se asemeja a la Casa Blanca,que tenía incluso un helipuerto en el techo.

Ardón fue acusado en Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y armas a gran escala,incluido el uso de un laboratorio de cocaína, así como una pista de aterrizaje clandestina que se utilizaba para recibir aviones cargados de drogas de América del Sur. «Ardón y otros proveían las fuerzas de seguridad fuertemente armadas para los envíos de cocaína que se realizaban dentro de Honduras, incluyendo miembros de la Policía Nacional de Honduras y narcotraficantes armados con ametralladoras, entre otras armas», dijeron los fiscales cuando fue acusado en enero.

Problemas de la familia Lobo

Por ahora, el predecesor de Hernández como presidente, Porfirio ‘Pepe’ Lobo, parece ser que corre un riesgo más inminente. En octubre, el tribunal escuchará el testimonio de al menos tres exnarcotraficantes que «explicarán que usaron el dinero procedente de las drogas para apoyar la campaña presidencial de (Lobo) en 2009 con el fin de obtener su protección y la de sus asociados», según el resumen del caso que presentaron los fiscales.

Porfirio ‘Pepe’ Lobo fue presidente de Honduras de 2010 a 2013 representando el partido Nacional. 

Eso incluye a Ardón y Devis Leonel Rivera Maradiaga, de la familia criminal ‘Los Cachiros‘. Lobo también fue el responsable de poner al hermano de Ardón al frente de una autoridad vial, presuntamente a cambio de sobornos, que se utilizó para lavar dinero procedente de las drogas, según los fiscales.

El hijo de Lobo, Fabio Lobo, fue sentenciado a 24 años de prisión en 2017 después de declararse culpable de una acusación estadounidense de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

El expresidente Lobo ha negado todas las acusaciones de vínculos con narcotraficantes y pidió que el presidente Hernández, conocido como ‘JOH’ por su iniciales, renuncie para que puedan enfrentar cualquier acusación con igualdad.

Pese a que en su momento fueron fuertes aliados políticos, actualmente la brecha se ha ampliado entre los dos debido a las acusaciones a los miembros de la familia de Lobo por parte de una comisión internacional anticorrupción, incluida la esposa de Lobo, Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien fue condenada esta semana por presunta malversación de 600,000 dólares durante su presidencia, y enfrenta entre 50 y 80 años en la cárcel.

La exprimera dama hondureña Rosa Elena Bonilla de Lobo abandona el tribunal después de su condena por cargos de corrupción en Tegucigalpa, Honduras, el martes 20 de agosto de 2019.

En una publicación de Twitter, Lobo advirtió que «le llegó el turno a JOH» y agregó que «caiga quien caiga, nadie está por encima de la ley».

Extradición

En estos últimos días, Lobo y Hernández han discutido sobre quién tiene la responsabilidad por la aprobación de una ley de extradición en 2012. Lobo señala que, como presidente, el proyecto de ley requería de su firma. Hernández, quien era presidente del congreso en ese momento, se ha presentado como el principal defensor del proyecto de ley.

«Aún contra una feroz oposición y amenazas, fue el presidente Hernández quien lideró la batalla para aprobar la extradición», dijo un comunicado oficial del gobierno de Honduras el 3 de agosto.

Un exdiplomático que habló con Univision Noticias y pidió no ser nombrado recordó que la iniciativa para aprobar la extradición fue encabezada por un pequeño grupo dentro del Congreso, pero no recordaba que la participación de Hernández fuera tan crucial como ha dicho el presidente.

Sin embargo, el diplomático señaló que el proyecto de ley requería la aprobación de Hernández y que fue un aliado mucho más dispuesto que Lobo en la lucha contra el tráfico de drogas.

Los fiscales muestran un panorama en el que Hernández presuntamente parecía creer que podría controlar quién sería extraditado o ponerle fin a la práctica si se volvía demasiado amenazante.

Hernández tiene sus propios problemas familiares que van más allá de su hermano. Su hermana, quien murió en un accidente de helicóptero en diciembre de 2017, fue nombrada como objeto de una investigación de la DEA y también implicada en una extensa trama de corrupción para malversar fondos públicos mediante organizaciones sin fines de lucro.

Un par de organizaciones sin fines de lucro vinculadas a su esposa y otros familiares y aliados están bajo investigación oficial por parte de fiscales hondureños, según reportó Univision Noticias a principios de este mes. Esas ONGs han negado cualquier delito.

Por otra parte, su hermano, Tony, fue arrestado en Miami a finales de 2018. Un testigo clave, Rivera Maradiaga, comenzó a cooperar con la DEA en 2013, y grabó al menos una reunión con Tony Hernández al año siguiente, tras lo cual se entregó a las autoridades estadounidenses en 2015.

Un coacusado, Víctor Hugo Díaz Morales, quien, según la acusación, operaba desde la ciudad natal de la familia Hernández, Gracias, en el departamento de Lempira, fue extraditado desde Guatemala. Según los informes, Ardón y Mario José Cálix Hernández, ex vicealcalde de Gracias y coacusado, también fueron extraditados desde Guatemala.

El caso de Ardón y Cálix es particularmente revelador. En lugar de presentar discretamente una solicitud de extradición de ambos, los fiscales anunciaron su acusación y la solicitud, lo que provocó que ambos huyeran de Honduras y cayeran en manos de la DEA en Guatemala.

Los exfiscales del Distrito Sur de Nueva York dijeron que esta diferencia de enfoques hacia la extradición es probablemente una jugada estratégica, que, como señalan, dio frutos con la aparente cooperación de Ardón. No se sabe si Cálix, quien aún no ha presentado una declaración de culpabilidad, ha decidido cooperar con los fiscales o no.

«Entiendo que [Cálix) tenía mucha información y que cuando se fue lo hizo amenazando con delatar a otros ante las autoridades estadounidenses», dijo Raúl Pineda, abogado y analista político.

¿Qué pasará después?

El espectáculo del hermano de un presidente de una nación extranjera siendo sometido a juicio en Nueva York por cargos de tráfico de drogas tiene pocos precedentes. El panameño Manuel Noriega es el único jefe de estado en funciones, de facto o de otro tipo, que ha sido arrestado por funcionarios estadounidenses por cargos de tráfico de drogas. Se necesitó una invasión militar en diciembre de 1989 para detener y extraditar a Noriega, quien luego fue condenado y murió en la cárcel en 2017.

Manuel Antonio Noriega en 1985. Nacido en Ciudad de Panamá en 1934, se graduó de la escuela militar en el Perú. Noriega se convirtió en jefe de inteligencia del Geneneral Omar Torrijos, quien tomó el poder en un golpe de Estado en 1968. Noriega colaboró en secreto con la CIA, que estaba reuniendo información sobre la propagación del comunismo en América Latina. 

El presidente Hernández ha cumplido un propósito para la DEA, pues ha ayudado a extraditar a casi dos docenas de narcotraficantes de Honduras.

El juicio de octubre, que contará con el testimonio de al menos cinco testigos cooperantes, podría revelar más pruebas incriminatorias en el caso, así como la complicidad del gobierno hondureño en el tráfico de drogas que ha devastado el país y lo ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo.

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Eso podría resultar muy vergonzoso para el presidente Hernández. La presunta carrera de su hermano en el tráfico de drogas parece haberse beneficiado considerablemente del poder político de su familia y las conexiones gubernamentales, según los fiscales, y ha admitido haberse relacionado con narcotraficantes y haber tenido conocimiento de sus actividades, según documentos judiciales.

Solicitud de asistencia legal

En febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó asistencia legal urgente a las autoridades hondureñas en relación con el uso de dinero procedente de actividades delictivas para la compra de aviones y bienes inmuebles por parte de Tony Hernández «o sus familiares y asociados».

Los fiscales pidieron registros de constitución de negocios relacionados con Hernández y sus asociados, incluyendo las solicitudes de contratos con el gobierno hondureño, registros de aeronaves, licencias de armas de fuego, registros de propiedad y cuentas bancarias.

Los fiscales dijeron que estos registros se solicitaban «en relación con la investigación de los co-conspiradores conocidos y desconocidos de (Tony) Hernández Alvarado, que está en curso».

Univisión Noticias le preguntó a la oficina del presidente Hernández si el gobierno hondureño había cumplido con la solicitud de asistencia, pero no tuvo respuesta. El Distrito Sur de Nueva York tampoco hizo comentarios cuando se le preguntó si había recibido la información solicitada.

Si Tony Hernández resulta condenado, se convertirá en una herida abierta para el gobierno de su hermano que sus opositores aprovecharán. Pero, a falta de una acusación posterior al presidente, es difícil que se dé un escenario en el que el propio partido de Hernández, que controla los tres poderes del gobierno y parece haberse beneficiado enormemente de la conspiración, lo obligue a renunciar.

«Mientras haya sólo referencias y acusaciones, aquí no sucederá nada», dijo Pineda.

El gobierno de Estados Unidos ha demostrado tener la costumbre de hacer negocios con actores extranjeros polémicos y podría intentar utilizar la situación como palanca para impulsar su agenda de migración, en lugar de imponer sanciones que puedan fomentar la destitución del presidente.

Posiblemente en ese contexto, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, se reunió el martes con el presidente Hernández para discutir «un compromiso compartido para mejorar la seguridad y abordar la migración irregular», según un comunicado de prensa conjunto.

Las protestas en las calles podrían aumentar en Honduras conforme surjan nuevos detalles durante el juicio, perpetuando un ciclo de disturbios que probablemente continuará hasta que Hernández deje el cargo.

«Conociendo a Hernández como lo conozco, estoy seguro de que va a luchar hasta el último momento para no renunciar al poder antes del final de su mandato», dijo Pineda, quien fue miembro del congreso junto con Hernández a comienzos de siglo.