JOH: la fachada del grupo político, económico, militar y religioso que gobierna y mantiene en crisis a Honduras

Por: Redaccion CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Para el abogado en derecho internacional y defensor de los derechos humanos en Honduras,  Joaquín Mejía,  Honduras atraviesa por una crisis política, social y económica continuada a partir del golpe de estado perpetrado el 28 de junio del 2009 para derrocar al presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales. “Es una sola crisis que nos conecta con lo que vivimos ahora”, expresó.

En la noche de este martes, 21 de julio, Mejía se refirió al tema en su participación en el foro denominado, la Crisis Continuada del Golpe y su Duración de 11 Años, moderada en las redes sociales, por la Red de Jóvenes Políticos de Honduras.

Indicó, que es una crisis permanente de inconstitucionalidad que incide en toda la actividad democrática del país, que se ve evidenciada en el deterioro de la institucionalidad y en la pérdida de vigencia de los derechos y libertades de la ciudadanía. Refirió que al golpe de estado muchas personas e incluso abogados, le llamaron sucesión constitucional y que eso no puede ocurrir en república, como es Honduras según la Constitución.

“¿Honduras es una república o es una monarquía?” preguntó Mejía, y a renglón seguido, explicó, que en España existe una monarquía constitucional y que hace varios años el Rey, Juan Carlos le sucedió la jefatura del estado su hijo, que eso se llama sucesión constitucional, contrario a Honduras que de acuerdo con la constitución, es una república, donde el jefe de estado lo elige el pueblo a través del voto universal, directo y secreto.

Y para sustentar que la crisis se deriva desde el golpe de estado, Mejía dijo que el gobierno de Porfirio Lobo surgió de unas elecciones altamente cuestionadas, ilegitimas e injustas por haberse desarrollado en el contexto de un régimen de facto y que la Comisión de la Verdad constituida en el mandato de Lobo, para contar la verdad oficial, finalmente dijo que lo sucedido fue un golpe de estado.

Amplió, que la sentencia López Lone versus Honduras de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, también analiza que lo sucedido en Honduras y conforme al derecho internacional constituye un golpe de estado, hecho ilícito internacional. “Y después  de que una Corte Internacional y una Comisión de la Verdad dicen que hubo un golpe de estado, en un gobierno democrático es lógico que el Fiscal 5 estrella ya estuviera persiguiendo penalmente no a la diputada María Luisa Borjas, sino a las personas que ejecutaron el golpe de estado y que violaron los derechos humanos, como dice ese informe de la Comisión de la Verdad”, afirmó.   

Aseguró, que pese a que la comunidad internacional fue unánime  al condenar el golpe de estado, a la vez fue muy blanda al permitir que el gobierno de facto se instalara y celebrara las elecciones generales que fueron la base para la instalación de la dictadura de Juan Hernández.

Según Mejía, con  las elecciones generales del 2009 la comunidad internacional quiso pasar la página, pero reconoce,  que la Asamblea General de la OEA, amparada en el artículo 21 de la Carta Democrática  decidió suspender al Estado de Honduras del ejercicio de participación regional desde el 4 de julio del 2009 hasta el 5 de julio del 2011 y que la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas también condenaron el rompimiento del orden constitucional. 

Sin embargo, Mejía recordó, Honduras es el patio trasero de Estados Unidos sin diferencia de que ese país sea gobernado por demócratas o republicanos. Sostuvo, que el gobierno de Obama fue el único que no condenó el golpe de estado del 2009 y que lo mismo ocurrió  con el fraude electoral del 2017, que tampoco lo condeno Donald Trump.

En ese mismo sentido, dijo que en su momento, Obama promovió un diálogo internacional que terminó blanqueando el golpe de estado y Trump hizo lo mismo en las Naciones para blanquear el fraude electoral, dejando como grandes perdedores a la democracia y los derechos humanos, que se encuentran sometidos a esta terrible crisis.

Indicó, que desafortunadamente esta crisis sigue siendo avalada por la complicidad de Estados Unidos, porque la embajada americana apoya a este régimen que incluso está señalado de narcotráfico por la fiscalía del Distrito Sur.

También, acusó que la Unión Europea mantiene un  silencio cómplice y se conforma con otorgar dinero para el fortalecimiento de las mismas instituciones que atentan contra los derechos humanos y que en términos generales las condenas que emitieron no fueron contundentes como si lo han sido contra el gobierno de Nicaragua  y el de Venezuela.

Derechos humanos

Respondiendo a preguntas sobre  la situación de los derechos humanos, Mejía dijo en los once años posteriores al golpe de estado,  la CIDH ha publicado cuatro informes que develan preocupación por este país. El primero fue publicado en diciembre del 2009 y se denominó,  Golpe de Estado y Derechos Humanos en Honduras.  En el 2013 publicaron el segundo informe Sobre el Sistema Judicial Hondureño, que revela que en las cárceles se violan los derechos humanos de manera sistemática; en el  2015 divulgaron la Situación Derechos Humanos en Honduras y en agosto 2019 Situación de los Derechos Humanos en Honduras 2019.

Aunó, que en todos los informes se determinan cuatro problemas estructurales, como, la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad y que Según la CIDH, en Honduras hay un sistema que beneficia a unos pocos que tienen relaciones con  altas esferas del poder político y económico y que afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.

Agregó, que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas también ha publicado informes que revelan que un 70%  de la población enfrenta problemas de salud, educación y extrema pobreza, mientras que  el informe de desigualdad 2016 del Banco Mundial señala que entre los países más desiguales están Sudáfrica, Haití y Honduras. 

Afirmó Mejía, que en términos generales 9 de cada 10 delitos que se cometen en Honduras quedan en la impunidad por falta de investigación y judicialización y desglosó que están impunes el 97% de los crímenes contra defensores y defensoras de los derechos humanos; el 90% de los femicidios;  95% de violaciones y demás delitos sexuales; el 90% de crímenes contra miembros LGTBI y el 93% de asesinatos de periodistas.

Asimismo,  dijo que ONU incluyó a Honduras en una lista de 29 países que castigan a los defensores de derechos humanos y que la CIDH entre 2014 y 2018 registró 65 asesinatos contra personas defensoras de los derechos humanos, cifra que ha crecido entre 2018 y 2020, aun en tiempos de pandemia.  

Determinó, que en los ataques contra defensores existe un patrón dividido en cinco escalas, como, la creación del enemigo, que es en donde  los grandes medios de comunicación atacan a los que defienden los ríos y los acusan de terroristas y a los que protestan en las calles los definen como delincuentes, tal como lo hizo HCH y canal cinco, entre otros, cuando los médicos y maestros andaban en la plataforma defendiendo la salud y la educación, “que eran unos delincuentes que no tenían nada que hacer y ahora esos grandes médicos  son los que están al frente en la lucha contra la pandemia”, exteriorizó.   

Para él, los medios de comunicación crean esa opinión pública para que la gente diga que es cierto y que  esos que protestan son delincuentes.

En la segunda escala, Mejía dice que inician los hostigamientos y los ataques, como está pasando  en este momento con el pueblo garífuna, y que luego, juntan a policías con militares y policías con guardias privados “y si eso no es suficiente utilizan al fiscal 5 estrellas para que use mal el Código Penal,  como lo están haciendo con la gente de Guapinol, acusándola de sedición, de terrorismo, de asociación ilícita y de usurpación, manipulando la justicia. Y en tercer lugar, afirma que vienen los asesinatos, como ya ocurrió con Margarita Murillo, Berta Cáceres y los Tolupanes, entre otros.

Para Mejía la situación es grave  y confirma lo que dice la CIDH,  que en Honduras existe de una justicia selectiva, que actúa tardíamente cuando se trata de perseguir a violadores de  derechos humanos, narcotraficantes o a corruptos y muy fuerte cuando se trata de personas de la oposición. Puso como ejemplo, que en este país, nadie se daba cuenta que el hermano del presidente era narco, que el tigre Bonilla era narco y que todos los que están allá cantando en tribunales de Estados Unidos también eran narcos.

Relató, que de acuerdo con la CIDH, la impunidad y la corrupción en Honduras han erosionado las instituciones y la falta de justicia favorece la repetición de las violaciones de los derechos humanos.  

¿Por qué el golpe no es un hecho aislado?

 Mejía sustenta que el golpe de estado fue un plan orquestado para la instalación de la dictadura, con una serie de hechos registrados después, y donde el protagonista es Juan Orlando Hernández, quien era jefe de la bancada del Partido Nacional, que avaló la caída de Manuel Zelaya Rosales, en aquel fatídico 28 de junio del 2009.   

De igual manera, en diciembre del 2012, siendo presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando le da un golpe a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y destituye a cuatro de los cinco magistrados que la componen. Y el único magistrado que no fue destituido, después lo nombró ilegalmente como Fiscal General del Estado y más tarde inconstitucionalmente, lo reeligieron en ese cargo.

En abril del 2015, esa Sala de lo Constitucional que Juan Hernández nombró en sustitución de los magistrados ilegalmente destituidos, lo beneficiaron con un fallo a  favor de la reelección presidencial. Es decir, en parte, ellos son responsables del jefe de Estado que tienen los hondureños.

Continuó, que en noviembre 2017 se registró el fraude electoral donde el candidato  favorecido también era Juan Hernández.

Con lo anterior, Mejía determina, que Juan Hernández es la fachada de un grupo político, económico, militar y religioso que está detrás de todo lo que le ha pasado a Honduras en los últimos once años con un régimen un régimen que controla  a toda la institucionalidad, que tiene las armas y que obviamente no va soltar el poder con la simple realización de elecciones.

Insistió, que Honduras no es un estado de derecho porque no cumple los cuatro elementos básicos,  como son, el imperio de la ley, separación de poderes, control de la legalidad y garantía de los derechos humanos. Agregó, que tampoco hay legitimidad, porque el país no es capaz de respetar la soberanía popular y que el régimen está sostenido en una élite muy rica, a la que le entrega los recursos naturales; en los militares y en los grandes medios de comunicación que lo presentan como el mesías o el gran estadista a sabiendas que es un dictador.     

También mencionó,  que las cúpulas religiosas y el populismo de extrema derecha realizado a través de programas asistencialistas, también son bases importantes  para el sostenimiento del régimen. Y que otra columna importante es la embajada americana  que lo apoya desde el golpe de estado.

Ante tal situación Mejía propone la unión de todos los sectores, a fin de derribar esas columnas, que para él son demasiado fuertes y difíciles de derrumbar con acciones dispersas. Citó ejemplos de luchas, como la del 2009 cuando un amplio sector social salió a las calles y exigió el retorno de orden constitucional,  la del 2015 con las antorchas exigiendo la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la del 2017 para rechazar el fraude electoral, que no han sido tan fuertes para derrumbar esa poderosa maquinaria del mal que gobierna Honduras.