Tegucigalpa, Honduras.- Luego que arrestaran al director de la cárcel de máxima seguridad “La Tolva” ubicada en el municipio de Morocelí, en el departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras, intentando ingresar 445 mil lempiras para entregárselo a privados de libertad ligados a la estructura criminal Barrio 18, el jefe de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Ramiro Fernando Muñoz, planteó una depuración en la institución castrense.
“Esa sinvergüenzada de estar tapando problemas a los delincuentes lo que nos trae (como consecuencia) es la destrucción de la institucionalidad, nosotros tenemos que depurarnos continuamente. No tenemos que estar tapando ilícitos; no importa quien sea”, dijo Muñoz, encargado de dirigir la intervención penitenciaria desde julio de este año.
Agregó que “hemos sido contundentes al decir que, quien se coluda con los criminales, irá a la cárcel, pueden ser los mismos jefes de las cárceles, pero si se coluden con los reos, terminarán siendo huéspedes de las penitenciarías”.
Lo planteado por el coronel Muñoz no es novedoso, pues organizaciones defensoras de los derechos humanos en reiteradas ocasiones han sugerido la depuración en la institución armada por diferentes aristas, siendo la principal el abuso de autoridad que utilizan para amedrentar a la ciudadanía y privados de libertad, en los periodos que han ejecutado intervenciones penitenciarias.
Por ejemplo, el último antecedente que desnudó como hasta en la misma institución se violentan los derechos humanos, fue hace un par de meses, cuando el mismo coronel Muñoz agredió verbalmente a uno de sus subordinados, bajo el argumento que este se negó a seguir sus órdenes y hasta le intentó disparar.
“¿Crees que vos, que venís llegando, me vas a venir a decir a mí cómo hacer las cosas?, me le quitan el uniforme; le ponen calzoneta y enchanchen a esta (…) ¿lo que ibas a hacer es meterme un tiro a mí?, da gracias a Dios que estás vivo porque eso me lo haces afuera de aquí, metido en un costal estuvieras”, fueron algunas de las palabras expresadas por Muñoz, mientras se preparaban para ingresar a un centro penal.
No contento, Muñoz pidió a otros de sus subordinados que ubicaran el lugar dónde vive toda la familia del efectivo que lo intentó agredir para, supuestamente, identificar si tiene relación con algún grupo criminal. Te ando en la cabeza, ¿sos marero?, me sacas a dónde vive la mamá, el papá, los hermanos y me das ese dato”, mencionó coronel y, hasta el momento, se desconoce si el efectivo continúa en la institución o está bajo un proceso judicial.
Lo anterior sólo es un ejemplo de los distintos escenarios por lo que debe ser depurada la institución armada, pero, aunque todos tienen su grado de relevancia, el más actual es el que puso en evidencia cómo desde las máximas autoridades de la Policía Militar, aprovecharán cualquier margen de confianza que les den desde el Poder Ejecutivo, para saciar los objetivos aislados o colectivos.
El coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Carlos Sierra, en pocas palabras resumió lo antes expuesto, agregando que la depuración militar es algo que han venido solicitando desde hace varios años.
“Las Fuerzas Armadas necesita un proceso de depuración; proceso de supervisión; procesos para separar a varios elementos que no sólo han estado vinculados con el crimen organizado, sino que también han cometido abuso de autoridad, porque hasta el día de hoy quizás son pocas las separaciones y procesos judiciales”, opinó Sierra en medios de comunicación.
Otros analistas sostienen que, de la mano de la depuración, también debe llevarse un proceso para integrar nuevos elementos a las filas de las Fuerzas Armadas, para que no exista un vacío de personal, como está pasando en el Ministerio Público (MP), que por falta de peritos investigativos no han logrado concluir la investigación de la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
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EL CASO QUE NUEVAMENTE DESNUDÓ LA COLUSIÓN
El pasado 14 de diciembre del corriente año, custodios militares arrestaron al director de La Tolva, José Rodimiro Arita y al asesor penitenciario Luis Alberto Rodríguez, mientras intentaban ingresar 445 mil lempiras para entregárselo a líderes de la pandilla Barrio 18, privados de su libertad, bajo el argumento que era para la celebración de navidad y fin de año.
Cuatro días después, elementos de la Policía Militar y de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) arrestaron al tercer implicado en el fallido intento de meter dinero a la cárcel. Se trata de Diana Gisell Zelaya, quien, según el coronel Muñoz, fue la encargada de entregarle la millonaria cantidad de dinero a Rodimiro Arita.
Zelaya, según versiones oficiales, antes de entregar el dinero al coronel, hizo una visita conyugal a un privado de libertad recluido en La Tolva.
Todos los implicados están en prisión, mientras se desarrolla el proceso legal correspondiente. En el mismo extremo, está el apoderado legal del coronel Arita, quien argumenta que ese dinero no era proveniente del crimen organizado, sino que de los familiares de los privados de libertad para que celebraran las fiestas de fin de año.
El coronel Arita enfrenta tres acusaciones: asociación para delinquir, lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios.
