El Partido Libre determinó suspender a la diputada Isis Cuéllar de todos sus cargos dentro de la estructura partidaria, incluso, sin autoridad legal, supuestamente la despojó de su cargo como legisladora, tras el escándalo por el supuesto uso de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con fines electorales.
Criterio.hn consultó al portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien confirmó que existe una investigación en curso contra Cuéllar y José Caros Cardona, ex titular de la Sedesol, por estos hechos. A pesar de ello, la diputada continúa promoviendo proyectos como si no enfrentara cuestionamientos legales.
Tegucigalpa, Honduras. – Tras semanas de silencio, la diputada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Carolina Cuéllar, reapareció públicamente con anuncios sobre obras de infraestructura y donaciones en el departamento de Copán, mientras enfrenta una investigación del Ministerio Público por presunto uso indebido de fondos públicos.
El 25 de julio y el 1 de agosto, la legisladora compartió en sus redes sociales publicaciones sobre la reparación de tramos carreteros en Nueva Arcadia y Santa Rosa, Copán. En sus mensajes utilizó los hashtags “#XiomaraSíCumple” e “#IsisGestiona”, sin referirse en ningún momento a los señalamientos en su contra.
La reaparición ocurre a más de un mes que se filtrara un video en el que Cuéllar conversa con el extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, sobre el uso de recursos del Fondo de Administración Solidaria para beneficiar a estructuras del partido Libre y personas cercanas a la diputada.
En el video, Cuéllar afirma haber entregado equipos de sonido, sillas y carpas por un valor de 125 mil lempiras cada uno a 15 de 23 estructuras del partido en el departamento de Copán, zona occidental de Honduras. También menciona que se emitieron cheques de 100 mil lempiras, cobrados por personas de su confianza, para ser distribuidos entre militantes de Libre.
Consultado por Criterio.hn, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que existe una investigación en curso contra Cuéllar y Cardona por estos hechos. A pesar de ello, la diputada por el departamento de Copán continúa promoviendo proyectos como si no enfrentara cuestionamientos legales.
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INDICIOS DE CORRUPCIÓN EN MANEJO DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOLIDARIA
El Fondo de Administración Solidaria, desde donde se gestionaron estas ayudas, ha sido señalado por fomentar el clientelismo político. Se ejecuta a través de diversas instituciones como la Sedesol, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización (Segob), la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) para la gestión de ayudas sociales, la ejecución de obras de infraestructura menor y becas en todos los niveles educativos, a petición de patronatos, juntas de aguas y otras plataformas comunitarias, sin mencionar la participación de los congresistas.
Mientras que desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), al menos 42 diputados gestionaron 181 proyectos de infraestructura –vial, sanitaria, escolar y espacios públicos—, a un costo de 359,857,473.94 lempiras.
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CUESTIONAN PAPEL DE FISCALÍA Y ENTES CROTRALORES POR CASO CHEQUESOL
Analistas consultados por este medio digital criticaron la falta de acción y la poca celeridad del Ministerio Público para investigar el presunto uso de fondos públicos con fines proselitistas a través del Fondo de Administración Solidaria, en un caso que involucra directamente a la diputada Isis Cuéllar.
A pesar de estar bajo investigación junto al exministro José Carlos Cardona, Cuéllar ha reaparecido públicamente promoviendo obras gestionadas a través del Fondo de Administración Solidaria.
El abogado penalista Henry Salinas calificó de “hipocresía política” la reaparición de la diputada sin rendir cuentas, y denunció la pasividad de las instituciones responsables de ejercer control y sanción.
“Ninguna de las instituciones, ni el Ministerio Público ni el Tribunal Superior de Cuentas, ha dado resultados. Ella anda como si nada pasara, mientras continúa ejerciendo funciones que no le competen legalmente”, afirmó Salinas.
Desde el punto de vista legal, Salinas señaló que los diputados no tienen facultades constitucionales para ejecutar ni inaugurar obras. “El artículo 205 de la Constitución no les otorga esas atribuciones”, explicó.
La falta de acción institucional también genera dudas sobre el rol del Congreso Nacional y el TSC. “Ni se exige rendición de cuentas ni se publican informes verificables”, añadió el abogado en una entrevista brindada a este medio digital.
El abogado también criticó la inacción del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Unidad de Política Limpia. “¿Dónde están sus informes financieros? ¿Quién garantiza que estos fondos no se están usando en campaña?”, preguntó.
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El exdiputado del Partido Anticorrupción (Pac), Aníbal Cálix, coincide en que existe una doble vara en la aplicación de la ley. “Para los cercanos al poder, hay impunidad. Para los críticos, persecución”, declaró.
Cálix afirmó que el Ministerio Público actúa con lentitud cuando se trata de miembros del oficialismo, mientras que avanza con rapidez en casos contra opositores. “La ley se usa con fines políticos, es más justicia selectiva y no es lo que se espera”, sentenció.
El exdiputado considera que Cuéllar debería ponerse a disposición de la justicia y presentar informes de rendición de cuentas, renunciar a su cargo y facilitar la investigación del Ministerio Público.
También hizo un llamado a que el Congreso Nacional active su comisión de ética. “No puede seguir ignorando una conducta tan grave como la de Cuéllar”, señaló.
Cálix lamentó que las instituciones clave para la lucha contra la corrupción —como el TSC, la Fiscalía y el Congreso— estén cooptadas y sin voluntad de actuar. “Tenemos elefantes blancos que sólo simulan control”, criticó.
A su juicio, la continuidad de Cuéllar en sus funciones y su exposición pública sin rendir cuentas revela la profundidad de la impunidad en Honduras. “Es una burla para el pueblo hondureño que trabaja honestamente”, afirmó.
El caso de Isis Cuéllar, según analistas, ejemplifica cómo los mecanismos de fiscalización están fallando y cómo el poder político utiliza recursos públicos para perpetuar su influencia sin consecuencias legales.
Mientras tanto, los proyectos que anuncia la diputada continúan sin supervisión clara ni informes públicos de ejecución, alimentando la desconfianza ciudadana sobre el uso de los fondos destinados al desarrollo social.
El silencio de las autoridades involucradas y la falta de voluntad política para investigar el caso abonan a la percepción de que el Estado hondureño sigue siendo permisivo con la corrupción, especialmente cuando proviene desde el interior del poder.
Pese a las evidencias, la diputada Cuéllar continúa activa en sus redes, promoviendo supuestas gestiones en favor del pueblo, pero sin mostrar un sólo documento que respalde la legalidad de sus acciones y sin aclarar la procedencia de los fondos públicos bajo su responsabilidad.
