Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – El martes 24 de mayo, enfrente de sus sobrinos y dentro de su propia casa, fue asesinada la estudiante universitaria, Nerly Zohemy Mendoza de 22 años, por un vecino que la acosaba y finalmente decidió ingresar a su hogar para violarla, pero cuando ella se resistió la apuñalo 14 veces, terminando así con su vida.
En Honduras los femicidios continúan siendo solo un número pues la justicia ignora estos graves delitos, los minimiza hasta normalizarlos, provocando que los violadores y femicidas se sientan con derecho a violentar y quitar la vida a las mujeres.
Nerly Mendoza, era una estudiante destacada y esforzada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), estaba a un paso de iniciar su práctica profesional para luego graduarse de la carrera de Comercio Internacional.
Estudiantes de la UNAH en un plantón, manifestaron sus exigencias de justicia para que este caso marque un precedente evitando convertirse en otra historia más de femicidio que queda en el olvido.
“¡Nos están matando!”, destacaba consternada una de las universitarias que pidió justicia para Nerly y otras mujeres cuyas vidas han sido arrebatadas.
Cuando sucedió este crimen, Nerly cuidaba a sus sobrinos en su casa en la colonia Canaán de Tegucigalpa, por lo que ellos fueron testigos de la violencia que ella sufrió antes de su asesinato.
El supuesto femicida fue atrapado por varios vecinos cuando intentaba huir luego de cometer el crimen, este fue identificado por la Policía Militar como Carlos Torres Velásquez de 19 años.
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NEGLIGENCIA DE AUTORIDADES FAVORECE FEMICIDIOS
Según los datos recabados por el observatorio de violencias contra las mujeres 2022 del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), hasta el 30 de abril se registran 110 muertes violentas de mujeres, cifra que sigue alarmante ascenso.
Las agresiones contra las mujeres, hasta el 1 de mayo de 2022, reflejan 102 femicidios, 36 víctimas de violación o estupro, 9 lesionadas, 6 víctimas de violación sexual y luego asesinadas, 6 casos de intento de homicidio, 2 raptadas, 2 en homicidio múltiple, 2 desaparecidas, 1 víctima de actos de lujuria y una encontrada en explotación sexual comercial. En la mayoría de los casos los femicidas utilizan arma de fuego y la segunda opción es el arma blanca.
Helen Ocampo, investigadora y coordinadora del Centro del Observatorio de Derechos Humanos de Mujeres del CDM dijo a Criterio.hn que, este es un claro ejemplo de un acto de violencia que al no ser atendido tienen consecuencias fatales, pues en este caso, Nerly sufrió acoso sexual desde mucho antes que su agresor procediera a irrumpir en su casa y luego la asesinara.
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Según informaron, Carlos Torres fue puesto a disposición del Ministerio Público para que desarrollen su caso.
Sin embargo, es notorio también la falta de procedimiento por parte de los operadores de justicia al mostrar una serie de irregularidades, las cuales quedaron evidenciadas cuando Ocampo conversó con los familiares de Nerly.
Se evadió que las declaraciones de los dos sobrinos debían ser grabadas con un psicólogo presente, ignorando el procedimiento que establece la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
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“PROBLEMAS MENTALES”
Por otro lado, el abogado defensor alega que Carlos Torres tiene problemas mentales. Sin embargo, es importante recalcar que la violación era premeditada y fue evidente el odio al momento de propinar 14 puñaladas, es decir, el responsable sabía lo que hacía.
La violencia contra la mujer es inminente desde que los mismos entes de justicia violentan los procedimientos, por esa razón es importante seguir la investigación y el caso de cerca.
Los homicidios en el país se han mantenido en los últimos 10 años, el femicidio como delito existe en la legislación desde el 2013, pero todos los años cierran con más de 300 femicidios.
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La Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres fue presentada ante la presidenta Xiomara Castro desde el 8 de marzo durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer pero, actualmente, continúa siendo socializada por la Comisión de Género del Congreso Nacional.
CDM y otras organizaciones feministas esperan que el proyecto que les tomó cuatro años elaborar se convierta en una ley.
El propósito de esta ley es obligar al Estado a evitar que sucedan hechos de violencia contra las mujeres, entre estas se destaca el cumplimiento de los protocolos de atención integral contra las víctimas de violencia en la recepción de denuncias, imposición de medidas de seguridad, detención y derivación del imputado a las instancias correspondientes.
