Demandas contra Honduras ante el CIADI provienen de sectores beneficiados tras el golpe de estado de 2009, muchos de los cuales están vinculadas directa o indirectamente a redes criminales, revela informe.
Inversionistas del sector energético, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, y alianzas público-privadas representan once de las quince demandas.
El informe define las «inversiones mafiosas» como aquellas que son irregulares, odiosas y vinculadas a redes criminales.
Tegucigalpa. – Honduras enfrenta quince demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), catorce de las cuales fueron interpuestas en los últimos veinte meses y cuyo perjuicio económico podría significar al menos 14 mil millones de dólares.
Detrás de estas demandas se encuentran sectores de inversiones que fueron beneficiados tras el golpe de estado de 2009, el periodo denominado narcodictadura, muchos de los cuales tienen vínculos directos o indirectos con redes criminales en el país, de acuerdo al informe “Las Inversiones Mafiosas Contra Honduras”.
Inversionistas del sector energético, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, así como las alianzas público privada, beneficiados con la aprobación de una serie de políticas legislativas, representan once de las quince demandas pendientes de resolver ante el CIADI.
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Desde el anuncio de la multimillonaria demanda por inversionistas de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera en febrero de 2023 por 10,775 millones de dólares, el número de demandas ha aumentado, y con estas el temor de la ciudadanía.
Raúl Ramírez, integrante de la Plataforma Agraria, admitió su preocupación por el costo económico que tendrán estas demandas contra el Estado de Honduras. “[C]on eso nos están llevando todas las posibilidades de desarrollo en nuestro país”, afirmó.
Ramírez, quien participó en septiembre en el segundo panel desarrollado en el marco de la presentación del informe “Las Inversiones Mafiosas Contra Honduras”, calificó como “malos inversionistas” a quienes llegaron “a ponerse de acuerdo con gobiernos corruptos para llevar a la quiebra” al país. Además, tildó como alarmante “que los gobiernos solo lleguen por llegar y no puedan manejar las políticas de inversión”.
LAS CUATRO LANZAS JURÍDICAS QUE PERMITEN A INVERSIONISTAS DEMANDAR A HONDURAS
Para comprender cómo estas demandas son posibles, Jenn Moore del Institute for Policy Studies, una de las organizaciones autoras del informe “Las Inversiones Mafiosas Contra Honduras”, explicó que actualmente Honduras cuenta con cuatro vías legales o cuatro lanzas jurídicas a través de las cuales “las empresas pueden acudir a tribunales internacionales privados”.
Estas lanzas jurídicas son: tratados bilaterales de inversión; tratados de libre comercio, entre estos el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DRl, por sus siglas en inglés); la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones de 2011 creada en el marco de la estrategia Honduras is Open for Business; y los Contratos Alianza Público-Privada salpicados por vicios de opacidad y un desbalance en la capacidad de negociación en detrimento del país.
De “[l]as quince demandas en curso, realmente, corresponden en su gran mayoría a reformas que profundizaron políticas privatizadoras y de la entrega de la soberanía nacional después del golpe de estado”, explicó Moore.
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Especificó, además, que en la primera década siglo XXI [1999-2009], Honduras únicamente contó con tres demandas, y el resto se produjeron tras el golpe de Estado. Entre las quince que siguen pendientes se encuentra la de Inversiones Continental de Panamá, propiedad de la familia Rosenthal.
“Los demás inversionistas que han interpuesto sus demandas desde 2023 […] han utilizado las cuatro lanzas para demandar a Honduras. Hay seis casos de contratos, diez veces han utilizado los tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión y tres veces ya han acudido a esos tribunales utilizando la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones aprobada en 2011”, detalló Moore.
NEXOS CRIMINALES Y CORRUPCIÓN: ¿QUÉ SON LAS «INVERSIONES MAFIOSAS» EN HONDURAS?
Debido a la naturaleza de las demandas, el informe “Las Inversiones Mafiosas Contra Honduras” acuña el concepto de “inversiones mafiosas” a aquellas inversiones que cumplan la mayoría de tres criterios.
Estos son: irregulares al no seguir el debido proceso los contratos, compromisos de inversión o la naturaleza de los proyectos; odiosas puesto que las inversiones no contaron con el consentimiento o no beneficiaron a la población y su firma se realizó en un contexto de opresión; y finalmente que estén vinculadas a redes criminales.
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Karen Spring, fundadora de Honduras Solidarity Network, otra de las organizaciones autoras del informe, contó que cuando comenzaron el proceso de entrevistas para la construcción del informe, tomaron el termino de “deuda odiosa”, que corresponden a las deudas contraídas en contra de los intereses de la población de un país, y que en muchos casos buscan fortalecer el régimen despótico instalado.
Sin embargo, tras las entrevistas con las poblaciones en resistencia a los proyectos de los inversionistas que hoy demandan al Estado y dado los nexos que muchos de ellos tienen con redes criminales, quedó claro que el termino de “deuda odiosa” quedaba corto para lo que había ocurrido por lo que se decidió nombrarlas “demandas mafiosas”.
“[C]asi todas las demandas, la mayoría, están conectadas a irregularidades, actos de corrupción, represión, explotación, y algunos tienen vínculos directos o indirectos con redes criminales. Estamos hablando del narcotráfico, especialmente las redes de narcotráfico que se apoderó del Estado de Honduras después del golpe de estado”, compartió Spring.
CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO EN HONDURAS: LA DEMANDA DE INVERSIONES CONTINENTAL ANTE EL CIADI
La demanda interpuesta por Inversiones Continental en Panamá, propiedad de la familia Rosenthal, registrada ante el CIADI en octubre de 2018, es un ejemplo del planteamiento de “demanda mafiosa”.
En el informe “Las Inversiones Mafiosas Contra Honduras”, establecen que la demanda de Inversiones Continental por 1,000 millones de dólares estadounidenses “es la primera de las demandas ‘mafiosas’ por reflejar una disputa entre poderes facticos hondureños y los sesgos del expresidente Juan Orlando Hernández”.
En 2015, los empresarios Jaime Rosenthal (padre), Yani Rosenthal (hijo) y Yankel Rosenthal (sobrino) fueron señalados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) como Narcotraficantes Especialmente Designados en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos, por la implicación de la prestación de servicios de lavados de activos, a través de Banco Continental y apoyo a múltiples organizaciones de narcotraficantes, incluido el cartel de Los Cachiros.
Los Cachiros, liderados por Javier Eriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga, además de las relaciones empresariales con el Grupo Continental a través del banco y la empresa empacadora de carne [Continental], “recibieron contratos para lavar dinero del narcotráfico con el Gobierno hondureño” durante las administraciones de los expresidentes Porfirio “Pepe” Lobo y Juan Orlando Hernández, ambos corresponden al periodo denominado narcodictadura.
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Tanto Lobo como Hernández fueron salpicados por sus vínculos con el narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo y colaborador de Los Cachiros, recientemente salió en libertad supervisada tras declarar en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión tras ser declarado culpable por delitos vinculados al narcotráfico.
La demanda de Inversiones Continental en contra de Honduras ante el CIADI está relacionada a cómo se confiscaron los activos de los Rosenthal. Las autoridades hondureñas del gobierno de Juan Orlando Hernández confiscaron en semanas, 60 propiedades y bienes de esta pudiente familia ligada a la élite política a través del Partido Liberal.
Mientras las autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) afirman que no hay datos ni registro de lo que ocurrió con estos bienes durante la administración de Hernández, los abogados de la familia Rosenthal aseguran que la confiscación de las propiedades, incluidas algunas que no figuraban en la lista de la OFAC, así como la venta de los activos, no siguieron el procedimiento legal en Honduras.
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En el informe “Las Inversiones Mafiosas Contra Honduras” se destaca “la dureza y el abuso con que la administración de JOH [como también se le conoce al expresidente Hernández] confiscó los bienes de los Rosenthal”. Señala, además, que en casos similares –contra su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, y el exalcalde Alexander Ardón de El Paraíso, Copán–, los bienes no fueron confiscados por las autoridades o sólo fueron confiscados parcialmente, dejando entrever la selectividad con la que se actuó.
EMPRESARIOS HONDUREÑOS Y CENTROAMERICANOS TAMBIÉN DEMANDAN A HONDURAS ANTE EL CIADI
La mayoría de las demandas contra Honduras ante el CIADI provienen de inversionistas extranjeros, sin embargo, detrás de los litigios de arbitraje también se encuentran empresarios hondureños y centroamericanos, como se aprecia en el caso de Inversiones Continental, asentada en Panamá siendo propiedad de hondureños.
Jenn Moore del Institute for Policy Studies manifestó que, si bien diez de las demandas provienen de Estados Unidos y países europeos, existe una particularidad de inversionistas de países vecinos e incluso nacionales demandando al Estado de Honduras ante el CIADI en seis de los casos.
Moore destacó que empresarios hondureños han estructurado sus inversiones a través de otros países, como Panamá, de esta forma encontrando formas de demandar a sus propios países en centros de arbitrajes como el CIADI.
A la vez que, mediante el uso de la cuarta lanza jurídica, los contratos Alianza Público-Privada también otorgan acceso a empresas hondureñas a demandar ante centros de arbitrajes, como ocurre con Autopistas del Atlántico, S.A. de C.V.; Palmerola International Airport, S.A. de C.V; y la Operadora Portuaria Centroamericana, S.A. de C.V.
En el informe “Las Inversiones Mafiosas Contra Honduras”, con relación a los contratos público-privado, parafrasean al árbitro Alexis Mourre, expresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, quien este año sostuvo que los países en desarrollo entran a contratos con compañías multinacionales poderosas con una baja capacidad de negociación, lo que aunado a la corrupción pone en peligro que dichos contratos sean en pro del interés público.
