Uno en diciembre de 2023, el otro en febrero de 2024. Aunque fueron casos totalmente distintos, en diferentes centros penales, el jerarca policial ordenó separarlos de los cargos para ponerlos a disposición de las autoridades de justicia hondureñas
Tegucigalpa, Honduras.- A poco menos de un año de que la Policía Militar de Orden Público (PMOP), a través de una comisión interventora, tomara el control de todos los centros penales de Honduras, han surgido dos casos que podrían poner al descubierto los vínculos que los jerarcas militares tienen con los líderes de poderosas estructuras criminales que están privados de su libertad.
El más reciente se registró el pasado 18 de febrero de 2023, en la cárcel de mínima seguridad ubicada en Támara, a unos 16 kilómetros de Tegucigalpa, capital hondureña. Allí encontraron a tres integrantes de la pandilla Barrio 18 sin vida, supuestamente asfixiados.
Después de que este nuevo hecho violento comenzara a circular, la comisión interventora de las cárceles, liderada por el coronel Ramiro Fernando Muñoz, tomó la determinación de iniciar el proceso de investigación: separar a los jerarcas militares encargados de la seguridad en el recinto penal, para determinar si estuvieron implicados directamente en la muerte de los tres privados de libertad.
El primero, el más deliberado, se registró en diciembre de 2023. José Rodimiro Arita, exdirector del centro penal de máxima seguridad “La Tolva”, ubicado en Ilama, Santa Bárbara, fue arrestado mientras intentaba ingresar casi medio millón de lempiras al centro penal que dirigía.
El argumento expuesto por el equipo legal que respalda al coronel Arita defiende que ese dinero estaba destinado para los privados de libertad que lideran la agrupación criminal pandilla Barrio 18, quienes lo utilizarían para celebrar las fiestas de fin de año.
Sin embargo, a pesar de los argumentos planteados, la justicia hondureña dictó prisión preventiva para Arita, y se encuentra privado de libertad en la cárcel de Támara, acusado de los delitos de lavado de activos y violación a los deberes de los funcionarios.
Poner a la orden de la justicia a directores que son complacientes con el crimen organizado, para facilitar la manera de hacer las fechorías al interior de los centros penales, solo refrenda la advertencia girada por el jerarca militar Ramiro Muñoz, hace un par de meses.
“Hemos sido contundentes en decir que, quien se coluda con los criminales, irá a la cárcel, pueden ser los mismos jefes de las cárceles, pero si se coluden con los reos, terminarán siendo huéspedes de las penitenciarías”, advirtió Muñoz, quien ha sido cuestionado por violar los derechos humanos de sus subalternos.
Agregó que “esa sinvergüenza de estar tapando problemas a los delincuentes lo que nos trae (como consecuencia) es la destrucción de la institucionalidad, nosotros tenemos que depurarnos continuamente. No tenemos que estar tapando ilícitos; no importa quien sea”.
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NECESIDAD DE UNA CARRERA PENITENCIARIA Y CONSECUENCIAS
Pero, aunque someter a la justicia a directores de prisiones que puedan tener vínculos con el crimen organizado refleja transparencia y una política de cero tolerancia por parte de las autoridades, los analistas continúan planteando que ni la policía ni los militares deben tener el control administrativo y operativo de las cárceles hondureñas.
Aunque se requiera de la fuerza policial para erradicar la criminalidad presente en las cárceles y reducir la violencia desatada en el país, ya que la Constitución hondureña lo permite, el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía opinó que no es una alternativa que deba ser permanente.
“Los militares y policías no pueden dirigir las cárceles. De hecho, el Estado debe cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena adecuar los centros penitenciarios a los estándares internacionales para evitar situaciones como las que estamos presenciando”, expresó Mejía en conversaciones con Criterio.hn.
Mejía se refirió a la sentencia del caso Pachecho Teruel y otros vs. Honduras, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un dictamen que insta a Honduras a prevenir situaciones que pongan en riesgo la vida de los reclusos como, por ejemplo, incendios y reyertas.
Lo ideal, según Mejía, es que en el país existiera una carrera penitenciaria que capacite personal civil en temas de materia penal, derechos humanos y dirección de cárceles, para que, de esa manera, los policías y militares no sean los encargados de llevar las riendas en las cárceles.
“Con una carrera penitenciaria se podría contrarrestar el problema de los privados de libertad. Recordemos que en Honduras han estado los militares y policías, pero nunca han mantenido el control. Esas estrategias han fallado a lo largo de la historia”, dijo Mejía.
Añadió que “(al no tener una carrera penitenciaria que capacite personas) provoca una bomba que explota cada cierto tiempo, con reyertas y amotinamientos que terminan en muertos y heridos, o peor, en incendios que terminan con la vida de veintenas de privados de libertad”.
De hecho, lo expuesto por Mejía tiene lógica y pone en contexto la necesidad de una carrera penitenciaria. A mediados de 2023 se registró la peor masacre al interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en las que murieron 46 privadas de libertad, por herida de bala y quemaduras.
La masacre se registró mientras las cárceles eran intervenidas por la Policía Nacional, precisamente por una comisión encabezada por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva. Ella denunció que el hecho violento fue perpetrado para interrumpir su labor, encomendada por la presidenta hondureña Xiomara Castro, tras una seguidilla de reyertas.
