Tegucigalpa. Las denuncias contra la Empresa de Energía Honduras (EEH) no son de hoy y mucho menos de este año. Desde octubre de 2016, familias de escasos recursos han denunciado los abusos a los que son sometidos por parte del consorcio. Sin embargo, EEH no cumplió con su cometido y en cambio las deudas que tenían obligación contractual de reducir se incrementaron en un 88.5%, según estimaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Pese al largo historial de denuncias y ausencia de cumplimiento de metas, no es hasta ahora que la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP) procede a la intervención del contrato por 12 meses prorrogables argumentando incumplimientos por parte del consorcio, y entregando a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) el manejo del sistema de distribución, cobro y comercialización de energía.
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Cosas del «azar» en año electoral. El director del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett dijo a medios radiales que si bien la acción no era del todo tardía -pese a que desde hace muchos años se debió intervenir- no deja de generar duda el hecho que «quieren mostrar a la población que están interesados en resolver un problema». Una acción «que les puede abonar mucho en el tema electoral», señaló el doctor en economía.
Por otra parte, Díaz Burdett subrayó que no se puede ocultar que «también hay un intento muy fuerte por descuartizar la Empresa de Energía Eléctrica y ver quiénes son los que se van apropiar de una empresa que sí ha sido rentable y que realmente tiene un alto costo social y económico en Honduras»; enfatizando que si bien él estaría especulando, muchos de los socios fueron funcionarios del gobierno y podrían tener beneficios adicionales a partir de demandas que podrían establecerse.
Después de todo, el gerente de EEH, Ricardo Roa Barragán, desde ya anunció que el consorcio prepara una demanda por $805 millones -unos 19 mil millones de Lempiras- en contra del Estado de Honduras por la intervención de la Empresa de Energía de Honduras.
Sobre esta demanda, el director de Fosdeh declaró que de llegar a ocurrir, «tendríamos un problema financiero, un problema fiscal y un problema de gobernabilidad en el país gigantesco. Esto no es un asunto de poca cuantía, es un asunto que merece una gran cantidad de reflexión y de esfuerzo legal y financiero».
El director de gobernanza de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, también hizo énfasis en la importancia de poner un alto a la «hemorragia financiera» y a la politización que ocurre al interior de la ENEE.
Ramírez subrayó la importancia de que los partidos políticos desarrollen un capítulo en su planes de gobierno dedicado a solventar a través de una reforma integral la problemática de energía eléctrica que enfrenta Honduras, así como el compromiso de que el nuevo gobierno afronte estos temas en los primeros 100 días puesto que esto marcará el éxito o el fracaso del mismo. «No puede estar intervenida toda la vida la ENEE», concluyó.
