Tegucigalpa, Honduras – La intervención en el Instituto Nacional Penitenciario (INP), –encomendada a la viceministra de Seguridad, Jullisa Villanueva— será acompañada por el exfiscal Mario Chinchilla y la ex comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Sandra Rodríguez, quienes estarán a cargo de “desmontar las estructuras Criminales que operan en Centros Penitenciarios” como lo señaló la presidenta Xiomara Castro, el pasado 10 de abril.
En entrevista con Criterio.hn, el exfiscal contra el crimen organizado, Mario Chinchilla, expresó que se busca una reingeniería de todo el sistema nacional penitenciario. Un proceso que, no sólo tiene que ver con los centros de reclusión en el país sino con la estructura orgánica, legal, médica y administrativa del INP y el Instituto Nacional de Menores Infractores.
En ese sentido, el exfiscal indicó que buscaran los elementos para “conjugar el trabajo que se vienen realizando y sentar las bases para conformar un verdadero sistema penitenciario en Honduras”.
La intervención del sistema penitenciario fue anunciada por la mandataria hondureña, luego que se registraron amotinamientos en cuatros centros penales de manera simultanea durante las vacaciones de Semana Santa.
RETOS A ENFRENTAR EN EL INP
Los amotinamientos que se han generado desde el 8 de abril, y aun después de haber nombrado a la viceministra de Seguridad, reafirman la histórica problemática estructural que atraviesa el sistema carcelario de Honduras y enciende las alertas de una colusión de los custodios penitenciarios con relación al ingreso de armas y drogas a estos centros de reclusión.
Analistas entrevistados por Criterio.hn son de la opinión que es una decisión acertada la incorporación, tanto del exfiscal Mario Chinchilla como de la excomisionada de Conaprev, Sandra Rodríguez, a razón de la trayectoria y del enfoque de derechos humanos.
Sin embargo, al defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, le preocupa que para desarrollar dicha intervención no cuenten con el apoyo necesario. “El punto cuestionó que el punto importante –más allá de las personas— es “si van a tener todas las herramientas, si van a tener todo el apoyo, para que realmente hagan el trabajo que se necesita hacer dentro del INP”, cuestionó.
Por su parte, Lester Ramírez, director de Gobernabilidad y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), recalcó que el trabajo de intervención a fin de cambiar la realidad de los centros penitenciarios, no es fácil y que “se requiere mucho análisis, creatividad, pero sobre todo voluntad política”.
Pese al curriculum, trayectoria y compromiso de los dos nuevos integrantes que acompañaran a la viceministra Villanueva, Lester Ramírez, señaló que este proceso de intervención tomara tiempo. “No se va a resolver de la noche a la mañana”.
De acuerdo con Ramírez, los principales retos que tendrán que enfrentar es la manera de cómo operan las estructuras criminales en los centros penales, “son temas complejos”.
Para el exfiscal, Mario Chinchilla, el principal reto es el sistema penitenciario que está en control de maras, pandillas y crimen organizado, y además presenta graves problemas de hacinamiento. Reto que de acuerdo con chinchilla le harán frente con una reingeniería, profesionalismo e innovación en el marco de los estándares internacionales de sistemas penitenciarios.
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¿CÓMO RESOLVER EL HACINAMIENTO?
El Sistema Penitenciario de Honduras, registra el 34.2 % de hacinamiento de acuerdo con el informe “Situación de Derechos Humanos”, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
La Oacnudh, registró en el 2022, 19 mil 842 personas albergadas en los 25 centros penitenciarios del país, de estos el 51.6% de la población penitenciaria no cuenta con sentencia firme.
Razón por la cual, las organizaciones defensoras de derechos de los privados de libertad urgen al Estado la implementación de medidas para resolver el hacinamiento. Una de las propuestas es el indulto.
Alba Mejía, subdirectora del Centro de Prevención de la Tortura y Rehabilitación (CPTR), mencionó a Criterio que están a la espera que el Congreso Nacional apruebe la Ley de Gracias Constitucionales y la Ley de Redención de Penas.
Por su parte, Lester Ramírez, señaló que de las primeras acciones que se deben tomar es la revisión de los expedientes de los privados de libertad, ya que “hay personas con problemas psicológicos y enfermedades terminales, que ya no deberían estar dentro de los recintos carcelarios”.
Otra de las aristas, es estudio de los expedientes de aquellas personas privadas de libertad en condición jurídica de procesados que se encuentran con la medida cautelar de prisión preventiva vencida.
De acuerdo con el CONAPREV, alrededor de mil a mil 200 personas en el Sistema Penitenciario se reportan con prisión preventiva vencida.
